El coordinador general de IU-CM y portavoz del Grupo Parlamentario de la coalición de izquierdas en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha vuelto a suspender en la Cámara regional al instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se dirija al presidente nacional del Partido Popular solicitándole que retire el recurso de inconstitucionalidad que cuestiona el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo presentado ante el Tribunal Constitucional.

Esta Proposición no de Ley que rubricó Gregorio Gordo y presentó el pasado lunes, día 26, a través de la diputada de su formación, María Espinosa de la Llave, estuvo en vigor apenas 48 horas, ya que el miércoles, día 28, fue retirada a petición del propio Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes.

Entre los motivos de este repentino cambio se encuentra la falta de coherencia de la formulación de la propuesta, según explican fuentes parlamentarias, al solicitar que sea un dirigente de un partido político, en este caso Mariano Rajoy como presidente nacional del Partido Popular, el destinatario final de la proposición, en lugar del Ejecutivo regional como  sería lo apropiado.

No es la primera vez que Gregorio Gordo erra en sus propuestas parlamentarias. El pasado 31 de agosto solicitó ante la Diputación Permanente, en lugar de hacerlo ante la Mesa de la Asamblea, la comparecencia de los siete senadores madrileños de designación autonómica para que den explicaciones en el hemiciclo madrileño sobre su posicionamiento respecto al proyecto de reforma de la Constitución para incluir en la misma una referencia al techo de déficit.

El líder de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid debió solicitar la comparecencia de los senadores ante la Mesa de la Asamblea como es preceptivo en periodo de sesiones ordinario, en lugar de presentar la petición el pasado día 31 de agosto ante la Diputación Permanente, día en que concluye el plazo de su actividad al ser el órgano establecido en los periodos vacacionales.  Además, la petición de comparecencias se suelen limitar a miembros del Gobierno regional o expertos acreditados en la materia que aborda la Cámara y por la que se pide expresamente su comparecencia.