Asistimos a un giro copernicano en la gestión económica a raíz de la crisis y la amenaza cierta de colapso en las cuentas públicas. Simplemente, o se pone fin al modelo abusivo, derrochador y opaco consentido por la clase política y gobernante y bendecido cínicamente por los sindicatos; o todos nos vamos a la ruina. Y afortunadamente se está optando por la primera opción.

La renegociación de los convenios colectivos en todos los ayuntamientos del valle del Henares, bajo  las premisas de suprimir extras imposibles de sostener e incrementar la productividad; es solo un ejemplo a escala local de la consigna que empieza a imponerse en todos los estratos de la administración pública: ahorro forzoso e inevitable. Porque es evidente que equilibrar las cuentas del Estado, encalladas en un déficit gigantesco, engordado para más señas por una deuda de 65.000 millones de euros procedentes de 4.000 instituciones ajenas a servicios públicos esenciales; no puede alcanzarse solo con las subidas de impuestos a ciudadanos y empresas. Ni es moral ni financieramente es posible con una estructura de lo público como la presente.

Ha de acabarse ya con la esplendidez y la inutilidad bendecida por los representantes políticos a la hora de gestionar los recursos y organizar los servicios en aras de la incompetencia o de los beneficios de casta. Y también ha de ponerse fin al descarado doble juego de los sindicatos, que participan de ese modelo viciado y a la vez se jactan de defender “lo público”.

Nada mejor para ello que el control del dinero de todos. Sea a través de auditorías municipales; o sea a través de acciones extraordinarias, como las impulsadas por el gobierno nacional, que incluyen las intervenciones en los ayuntamientos que rocen la ruina, la fiscalización severa de los presupuestos autonómicos e incluso la persecución judicial de aquellos gestores públicos que no respeten las ‘líneas rojas’ establecidas para combatir el déficit. De eso, y de todo lo anterior, ya era hora.