Es casi una tradición en cada relevo del gobierno de la nación que se introduzcan cambios de gran calado en la educación, uno de los pilares democráticos que más consenso político e institucional debería generar. El actual Ejecutivo no ha sido una excepción y el nuevo ministro de Educación,  José Ignacio Wert, ha presentado una batería de propuestas para reformar a fondo el sistema educativo que, al menos en las formas, van más allá del bandazo partidista de costumbre.

Quitando la esperada supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía y el hartazgo que provoca el estéril debate en torno a ella, el plan presentado por Wert toca algunos de los fundamentos de la ‘arquitectura’ educativa española que necesitan una profunda revisión. El adelanto del cambio del último ciclo de la Educación Secundaria, la reformulación de la Formación Profesional, la apuesta en firme por la enseñanza bilingüe, la renovación del acceso a la carrera docente y la reforma estructural de los estudios universitarios son los objetivos que se ha marcado el titular de Educación.

Lo mejor sería que, antes de emprenderse los cambios legislativos que precisará la aplicación de estas novedades en el sistema, mediara un debate objetivo,  sereno y enriquecedor con participación de todos los representantes de la comunidad educativa y de las fuerzas políticas. Pero tampoco puede esperarse eternamente a aplicar las reformas que urgen para el perfeccionamiento de la Educación Secundaria, la dignificación de la Formación Profesional o la adaptación de la universidad a la racionalidad presupuestaria, la demanda estudiantil y a las exigencias sociales y laborales.

Téngase presente que todas las decisiones que se instrumenten no solo contribuirán a mejorar el sistema educativo en sí. También, y por encima de todo, se convertirán en una fuente de soluciones para una miriada de problemas cívicos, económicos, profesionales e intelectuales que nos agobian desde hace años. Visto de esa manera, y poniéndole por una vez buena voluntad y paciencia, pues remover las grandes estructuras siempre exigen tiempo e inversiones a fondo perdido, puede que se esté más cerca de lograr el gran pacto educativo pendiente desde la Transición democrática.