El objetivo de este receso es poder alcanzar durante el mismo una posición consensuada entre administraciones y vecinos de la zona que permita sentar las bases para una futura solución para la zona.

No obstante, la moratoria de las demoliciones propuesta por la Administración regional no incluye aquellos casos que respondan a razones de inseguridad ciudadana o infravivienda.

Así se lo ha comunicado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, a los representantes de los vecinos de este área, a los que ha recibido hoy. De hecho, es la primera ocasión en la que un responsable político se reúne con las cuatro asociaciones de los seis sectores que conforman la Cañada Real Galiana.

La mesa vecinal permitirá el diálogo entre las partes
La Comunidad de Madrid ha incluido en su plan de actuación para la zona la creación de dos mesas sectoriales: una vecinal, que es la que se reúne hoy, y otra que abarque a las tres administraciones públicas implicadas (la Administración regional y los Ayuntamientos). También habrá una mesa general en la que tendrán voz todos los implicados. El Ejecutivo regional se ha propuesto con ello actuar como intermediario entre los ayuntamientos y los propietarios de las viviendas ubicadas en la antigua vía pecuaria, tratando de buscar en todo momento los puntos en común entre ambas partes y con la intención de limar las diferencias existentes.

“Sin embargo, el Gobierno madrileño quiere dejar claro que reconoce la legítima competencia de los ayuntamientos en el ámbito urbanístico, así como en la posible futura legalización de las construcciones levantadas en la zona”, explicó Salvador Victoria.

De la misma manera, el consejero de Asuntos Sociales destacó que los vecinos de la Cañada Real Galiana le han trasladado su interés por abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos locales. También han manifestado su intención de legalizar las conexiones eléctricas y de agua, según señaló el responsable regional.

Un marco social de actuación
En definitiva, tras más de 40 años de conflicto social, la Comunidad de Madrid simplemente pretende aplicar la Ley2/2011 de la Cañada Real, aprobada por la Administración regional el pasado 15 de marzo, buscando el consenso y la participación de los implicados. Se trata de una norma consensuada con los tres ayuntamientos afectados y con la Delegación de Gobierno que ha permitido la desafección de los terrenos que durante los últimos años se han ocupado de manera ilegal.

En la actualidad, el Ejecutivo autonómico quiere hacer especial hincapié en la disposición adicional primera de esta Ley: “Las administraciones con competencia en la materia acordarán los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación que sean necesarios para llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana, dando en todo el proceso participación a los afectados debidamente representados por asociaciones acreditadas”.

Las primeras estimaciones eran elevadas
La Comunidad de Madrid calcula que en la Cañada Real Galiana viven entre 9.000 y 11.000 personas, lo que supone un 72% menos de habitantes de acuerdo a los primeros datos que arrojaban una cifra de hasta 40.000 personas. Así consta en un informe estimativo sobre la población de la zona realizado por los profesionales del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), y en el que se han incluido los datos ofrecidos en las diversas reuniones mantenidas entre la Consejería de Asuntos Sociales y las asociaciones de vecinos mayoritarias de cada uno de los sectores de la Cañada Real.

En este sentido, cabe recordar que la región cuenta con más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias que discurren por su territorio. La Cañada Real Galiana forma parte de ese conjunto de arterias. En concreto, ocupa 107 hectáreas y 14,4 kilómetros de longitud que atraviesan, de norte a sur, los municipios de Madrid -distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro- , Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

La ausencia de tránsito ganadero por este terreno ha generado numerosas transformaciones en esta vía pecuaria en las últimas décadas -las primeras edificaciones en la Cañada Real se remontan a los años 70- hasta tal punto que lo que hoy ocupa esta zona son construcciones de diversa tipología y un vial por el que circulan vehículos a motor.

En concreto, el informe realizado por el IRIS señala que en la Cañada Real viven 10.564 ciudadanos. En el municipio de Madrid, que es el que mayor porcentaje de terreno ocupa -casi un 80%-, se estima que vivan 7.104 personas. En el municipio de Rivas, donde la Cañada Real atraviesa 1,5 kilómetros de la localidad, residen aproximadamente 1.536 personas.

Mientras que, en Coslada, que supone casi el 10% de extensión de esta vía pecuaria, se estima que viven 1.924 habitantes. Del estudio de desprende que la zona norte de la Cañada Real a su paso por Coslada está más urbanizada e integrada en el municipio, a diferencia de la zona sur, en la que existe mayor número de infraviviendas.

Actividad social y económica en la zona
Según este documento, en la Cañada Real existen 2.870 construcciones, de las cuales 2.641 son viviendas y el resto (229) son naves e industrias, algunas de gran actividad económica. El estudio también detalla las características poblacionales de cada uno de los seis sectores en los que se divide la Cañada Real: así, los sectores 1, 2 y 3, que discurren por los tres municipios afectados, se caracterizan por tener viviendas unifamiliares (mayoritariamente chalets y casas bajas) donde residen mayoritariamente familias españolas.

En el sector 4 existen mayoritariamente construcciones unifamiliares de hasta dos alturas en las que residen familias nacionales que conviven en la zona con familias españolas de etnia gitana. En este sector las empresas que están instaladas tienen gran actividad industrial y económica. En el sector 5 conviven mayoritariamente familias españolas, junto con extranjeras en casas unifamiliares de hasta dos pisos. El último sector hay infraviviendas en las que viven mayoritariamente familias españolas de etnia gitana y extranjeras que viven en grupos según su procedencia.