Para lograrlo, llegado el caso, tiene un aliado insólito: el alcalde de Madrid concede a la Moncloa el único cartucho válido a esos efectos; un recurso destructivo que Rajoy tolera o respalda.

En toda España rige la misma ley de Cajas. Y todas ellas se rigen por el mismo principio: el Gobierno autonómico de turno decide su funcionamiento y dirección, al gozar de una mayoría en los órganos decisivos de cada entidad. Aún más: el caso de Madrid es excepcional en un sentido positivo, pues es el único en el que existe un consenso inédito entre el partido gobernante y el de la oposición; entre los sindicatos y los agentes económicos y, por añadidura, en los sindicatos.

Y, sin embargo, es el único, a la vez, en el que lo habitual se presenta como una guerra en la que los detractores de la mera ley movilizan todas las armas al alcance. En Cajamadrid la alianza frente a la Comunidad es amplia, con distintos móviles y un fin único: evitar que Esperanza Aguirre ejerza el control que le concede la ley y que coloque en sustitución del polémico Miguel Blesa a su mano derecha, Ignacio González.

Según ha sabido eldigitaldemadrid.es, el fin último que ya baraja el Gobierno, toda vez que parece difícil lograr un candidato de consenso entre partes muy enfrentadas y con distintos intereses, es la intervención de Cajamadrid por el Banco de España.

En Moncloa no gusta González, tampoco Rato y, en realidad, ningún aspirante que proceda del PP. Y el conflicto suscitado por Gallardón y consentido por Rajoy al presentar el estricto cumplimiento de la ley por parte de Aguirre como un pulso a todo y todos, le da una oportunidad: si el recurso contra los nuevos estatutos de la Caja presentado por el alcalde madrileño bloquea la sucesión de Blesa, que debería ejecutarse a mediados de noviembre; y Rajoy no puede, quiere o sabe desbloquear el problema; el deterioro de la entidad en momentos de crisis facultaría una intervención.

En otras palabras, el recurso de Gallardón para tener más poder en la Caja, entrega un arma inesperada al Gobierno de Zapatero, que ya baraja su utilización si en las dos próximas semanas no se producen avances: con ello quitaría al PP la segunda entidad financiera más relevante de España en el ámbito de las cajas; un caramelo muy goloso como para dejarlo pasar si se lo ponen en bandeja.

Es difícil que Gallardón logre nada de lo que busca, pues su recurso tiene a medio plazo pocas opciones de prosperar, pero sí puede destruir lo que la Comunidad pretenda, con Rajoy oscilando entre el papel de testigo pasivo o el de franco opositor de Aguirre: tanto como para promover a Rato, a quien hasta hace nada vetaba para casi todo pero que ahora prefiere ver bien colocado a efectos de evitar su vuelta a la primera línea del PP.

Cobo ataca a Sol como nunca

Con esta estrategia, el alcalde de Madrid origina un pulso que hasta ahora no existía entre Aguirre y Rajoy, con un objetivo oculto según el PSM. Tomás Gómez ha puesto letra a esa música esta mañana en el programa de Rafael Martínez Simancas en Onda Madrid: según el líder socialista, Gallardón intenta dar "una pistola" a la presidenta regional para que se bata en duelo con Rajoy, dejando a ambos malheridos y a él con el camino libre para ofrecerse a encabezar al PP.

En ese sentido parecen caminar las durísimas declaraciones de Manuel Cobo, vicealcalde, en El País de hoy: acusa al Gobierno de Madrid de crear "una gestapillo"; le tilda de intervencionista; asegura que pretende imponer el "silencio de las gallinas" y transforma la aplicación de la Ley de Cajas en una cacicada de quienes quieren "quedarse con España". Y sabido es que  Cobo no habla sin que Gallardón se lo autorice.

En la Comunidad se ve con perplejidad toda esta polémica, pero con el ánimo de aguantar el pulso mientras sea posible: en Cataluña, Valencia o Euskadi, por citar tres ejemplos, no se entendería que el Gobierno autonómico de cabecera no decidiera en los procesos internos de sus cajas de referencia.