Utilizar los servicios de una línea erótica no es ningún delito, pero puede salir muy caro. En el Ayuntamiento de Villalbilla lo saben bien porque tienen que  pagar la factura de las llamadas a un teléfono caliente que supera los 6.000 euros. Ahora se busca al autor de las llamadas y el equipo de Gobierno achaca la responsabilidad al edil de la oposición que firmó el contrato con Movistar en 2006. Esta acusación se transformará, por parte  de la Plataforma Independiente Municipal, en una querella criminal  contra los miembros del equipo de Gobierno.

La tensión política que se respira en Villalbilla abandona ya el campo de la política y trascienden al ámbito de lo personal. Desde que hace unas semanas se destaparon las llamadas a una línea erótica desde un teléfono, cuya línea móvil es de titularidad municipal en Villalbilla no se habla casi de otra cosa.

La sorpresa de una factura que supera los 6.000 euros por llamadas este año a distintas líneas pornográficas ha calentado relaciones entre el equipo de Gobierno apoyado por dos ediles tránsfugas y la oposición.  Aunque no se ha identificado todavía al autor de estas llamadas el equipo de Gobierno liderado por Iván Borrego ha acusado directamente de tener responsabilidad en los hechos a Juan Carlos Mato, concejal de la Plataforma Independiente Municipal, a través de un boletín distribuido entre los vecinos del municipio.

En ese boletín se reproduce  el contrato que firmó el Ayuntamiento en el año 2006 para el uso de esa línea, pero no reproduce la factura caliente. Además, el documento del equipo de Gobierno señala a Juan Carlos Mato, al que le corresponde “únicamente a él la carga de la prueba de identificar a la persona a la que hizo entrega del teléfono”. Durante la etapa de Gobierno de la PIM, Mato firmó el contrato de ese teléfono en 2006 así como del resto de líneas, además de otros servicios, puesto que era su competencia como concejal de Hacienda y de Régimen Interior.

Sin embargo, el equipo de Gobierno desconoce, sorprendentemente, quien es el usuario de esa línea, y dice que ha denunciado ante el juzgado los hechos. Pero sus ataques hacia Mato van a tener respuesta en forma de querella criminal por difamación con el agravante de difusión y atentado contra el derecho al honor. El ex alcalde y portavoz de la PIM, Antonio Barahona, confirmó que van a presentar una querella criminal contra todos los miembros del equipo de Gobierno, incluidos los dos tránsfugas.

Barahona aclaró que tras la anterior legislatura la línea quedó en el Ayuntamiento y que es responsabilidad del actual equipo de Gobierno su control, ya que las llamadas se produjeron hace unos meses. Pero lo grave, según Barahona, es que se entra en descalificaciones personales hacia un concejal que “no ha sido nunca el usuario de la línea”. Así, califica de “intolerable que se entre en lo personal porque ya no se trata del debate político”.

Desde la cita con las urnas en mayo de 2007 la vida política de Villalbilla se ha enturbiado cada vez más. Los plenos, donde se ha instalado la bronca, son un ejemplo.El detonante está en el acuerdo de Gobierno al que llegaron Esther Ruiz y Jesús Soto, cabezas de la lista electoral del PSOE, para dar la Alcaldía al PP, pese a que la PIM había ganado las elecciones. Ambos fueron declarados tránsfugas en diciembre de ese año. Pasaon al grupo de ediles no adcritos pero conservaron sus cargos y sueldo, garantizando la Alcaldía al popular Iván Borrego.

J.L.Enríquez