La Comunidad de Madrid se unió hoy a las diez comunidades autónomas españolas con competencias transferidas en Justicia para reclamar al Gobierno central una nueva política en materia judicial, basada en más jueces, en vez de nuevos juzgados, más secretarios judiciales, una política común en la organización y financiación de la nueva oficina judicial y la potenciación de los jueces de adscripción territorial, así como el cambio en el modelo de asistencia jurídica gratuita.

Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los consejeros responsables de esta materia en las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias, Aragón y Madrid, durante el encuentro celebrado hoy en Valencia, al que acudió el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno madrileño, Francisco Granados.

Aumentar los jueces y secretarios judiciales

Estas comunidades autónomas consideraron fundamental replantear el incremento año tras año del número de juzgados, algo que no ha conseguido mejorar las estadísticas de los asuntos pendientes. Por ello, apostaron por potenciar el número de jueces y, en especial de las figuras de los jueces de adscripción territorial, sin necesidad de estructuras fijas y permanentes, excepto donde sea absolutamente necesario.

Así, abogaron por incrementar el número de estos profesionales determinado por el Ministerio para este año (un total de 50 para toda España). Acompañaron esta petición de la de aumentar también el número de secretarios judiciales, así como flexibilizar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales, al menos hasta que sea desplegada la nueva oficina judicial en los partidos judiciales correspondientes.

Por último, las reformas propuestas pasaron por dar prioridad a servicios comunes de ejecución para cobro de las deudas, los de conciliación y mediación para evitar llegar al contencioso y los de tramitación, que suponen una carga de trabajo muy fuerte para los juzgados civiles.

Administración de Justicia en Madrid

En el caso específico de la Comunidad de Madrid, el consejero reiteró que para afrontar la alta litigiosidad que existe en la región serían necesarios 150 nuevos jueces, tal y como ha señalado en numerosas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Así, recordó que los jueces madrileños soportan una carga de trabajo de 2.347,82 asuntos por juez, 504 más que la media nacional, que se situó en el 2009 en 1.843,21 asuntos por juez.

A pesar de ello, Madrid sigue estando por debajo de la media nacional en cuanto a número de jueces y magistrados por 100.000 habitantes (9,8 en la Comunidad frente a 10,3 a nivel nacional). No ocurre lo mismo con el personal que pone la Administración madrileña al servicio de la Justicia, de tal manera que se sitúa en la segunda posición (por detrás de Cataluña) en el número de funcionarios por juez (8), frente a la media nacional (7). También es destacable que Madrid ocupe el décimo cuarto puesto en número de secretarios por cada 100.000 habitantes (7,4), muy por debajo de la media de España (8,1).

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid volverá el próximo 30 de diciembre a asumir los costes de creación de nuevos juzgados, un total de 13 en Madrid Capital (cinco juzgados de Primera Instancia; cinco juzgados de lo Penal; uno juzgado de lo Social; y dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo) y 17 en la periferia (cuatro juzgados de lo Penal y uno de Instrucción en Alcalá de Henares; dos de Violencia sobre la Mujer en Alcobendas y Alcorcón; dos Mixtos en Aranjuez y Collado- Villalba; uno de Primera Instancia y otro de Instrucción en Fuenlabrada; uno Mixto y uno Penal en Getafe; uno mixto en Majadahonda; uno Penal y otro de Instrucción en Móstoles; y tres juzgados Mixtos en Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz).