El uso de un teléfono móvil del Ayuntamiento de Villalbilla ha provocado un duro cruce de reproches entre el equipo de Gobierno y la oposición, aunque nadie aclara la identidad del autor de las llamadas que han dado lugar a facturas que ascienden a más de 6.000 euros. El asunto está en manos del juzgado aunque por ahora se ignora quien llamó a las líneas eróticas durante varios meses con teléfono de titularidad municipal. Lo que sí se sabe es que durante varios meses, no sólo dos, se estuvieron haciendo llamadas a líneas calientes.

Durante varios meses, desde abril de 2009 a febrero de este mismo año, cuando se dio de baja  el número, se hicieron numerosas llamadas a  una línea 803 (teléfonos eróticos) desde un móvil de titularidad municipal.

Desde el año 2006, cuando se  contrató la línea habían llegado   facturas de 8 euros, pero a abril de 2009 saltaron las alarmas al llegar un cargo importante. En principio, se creía que las llamadas calientes eran de diciembre de 2009 y enero de este año, pero la abultada factura corresponde a varios meses de consumo. 

El asunto ha dado lugar a una querella criminal por parte de la Plataforma Independiente Municipal (PIM) contra cada uno de los siete miembros del equipo de Gobierno de Villalbilla. Pero desde el Ayuntamiento se aseguró ayer que no acusan a nadie y que quieren que se investigue el asunto.

Curiosamente, quien dio la cara fue uno de los dos concejales tránsfugas que sostienen en la Alcaldía a Iván Borrego (PP), pese al dictamen de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitranfugiismo, que en Villlabilla no se acata. La concejala tránsfuga Esther Ruiz, que además de teniente de alcalde está al frente de las concejalías de  de Industria, Medio Ambiente, Consumo y Empleo confirmó ayer, en declaraciones a Punto Radio Henares el abultado coste de las llamadas y aseguró que el 9 de junio se presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Alcalá con la documentación necesaria para esclarecer la autoría y ante la imposibilidad de identificar al usuario del teléfono.

“No se acusa a nadie”

Ruiz insiste en que “no se está acusando a nadie”, pero puso un nombre encima de la mesa para explicar los hechos, para lo que repite el argumento que el equipo de Gobierno esgrimió en un boletín repartido entre los vecinos para señalar al concejal de la PIM Juan Carlos Mato, que en 2006 firmó el contrato con Movistar. “Si el concejal de la oposición Sr. Mato no ha sido el usuario del teléfono móvil le corresponde únicamente a él la carga de la prueba de identificar a la persona a la que hizo entrega del teléfono y el usuario que ha actuado de forma negligente e impúdica”, reiteró la edil tránsfuga, que además le desafía a que  “si controlaba quien lo tenía que nos diga quien lo tenía”. 

Desde el Ayuntamiento vubillero no se ha preguntado al respecto al anterior equipo de Gobierno y han ido directamente a  a los juzgados. El portavoz de la PIM, Antonio Barahona señaló  ayer, tajante, que  “jamás nos han preguntado nada sobre ese teléfono” y mostró la disposición de su formación a colaborar y “dirán al juez, si les llaman a declarar, lo que saben sobre ese teléfono”. No obstante, Barahona   aclara que “en 2006 se contrataron varias líneas y cuando nos fuimos dejamos nuestra responsabilidad del equipo de Gobierno, y si no es capaz de controlar el Ayuntamiento, que lo diga”.

La Plataforma Independiente Municipal destapó en un boletín informativo a principios de año el asunto el elevado gasto en llamadas desde un teléfono móvil y varios vecinos de Villalbilla preguntaron por el asunto, aunque entonces no sabían que se trataba de llamadas a teléfonos eróticos. El propio equipo de Gobierno, en un boletín distribuido en junio, fue el que desveló el pastel: líneas eróticas. En esta publicación reveló el gasto de 6.112,24 euros en llamadas a teléfonos eróticos. Por primera vez se hablaba del tipo de llamadas, pero en ese boletín también se citaba a Juan Carlos Mato. La respuesta de la PIM vino de la mano de otro boletín, donde se anunciaba la querella criminal y se criticaba la negligencia del equipo de Gobierno, que   desde 2007 mantiene  a Iván Borrego como alcalde gracias al acuerdo con dos tránsfugas.

José L. Enríquez