La Comunidad de Madrid impulsa la integración de las mujeres en riesgo de exclusión social a través de una atención integral que incluye apoyo psicológico, jurídico y formación específica para ayudarles a encontrar un empleo.

Así lo explicó la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, durante su visita a un piso para reclusas de la “Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos”, institución que gestiona este servicio desde 1998 y que cuenta con el apoyo del Gobierno regional.

Junto al alojamiento, estas mujeres (reclusas en tercer grado, libertad condicional y ex reclusas) reciben formación y orientación laboral para favorecer su inserción en el mercado de trabajo, atención psicológica y actividades de ocio constructivo y tiempo libre. Asimismo, estas mujeres y sus hijos reciben atención psicosocial para recuperar la estabilidad personal perdida durante su estancia en prisión.

El perfil de las usuarias de este servicio es el de una mujer de entre 25 y 35 años, de nacionalidad española, colombiana o dominicana y con hijos a su cargo. Además, el 77% de ellas consiguieron un empleo estable, básicamente en actividades relacionadas con el servicio doméstico, la hostelería y la limpieza.

Durante la visita, Adrados aseguró que el empleo constituye la principal vía para su integración. “Este apoyo resulta sin duda fundamental para que, tanto ellas como sus hijos, puedan recuperar la estabilidad necesaria que es el punto de partida para que puedan rehacer sus vidas”, aseveró la consejera.

Este centro forma parte de la Red de Centros Asistenciales de la Comunidad de Madrid para mujeres en riesgo de exclusión. Una red que cuenta con seis centros residenciales y dos no residenciales que han atendido, en lo que va de año, a 1.686 mujeres y a 15 menores.

Formación y asesoramiento jurídico en la cárcel

Junto a los centros, la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración lleva a cabo distintas iniciativas para facilitar el camino hacia la inserción de las mujeres que están o han estado en la cárcel. Así, proporciona formación a la población reclusa femenina de la región a través de talleres de formación pre-laboral impartidos en los penales madrileños.

Este año se han realizado tres talleres de cerca de 300 horas lectivas.

Además, el Servicio de Orientación Jurídica -atención prestada por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid-, ofrece asesoramiento jurídico en los centros penitenciarios con población reclusa femenina. Durante este año las reclusas madrileñas han realizado más de 3.000 consultas legales en este servicio.