La Liga de Fútbol Profesional (LFP) convocó un paro como modo de presionar al Gobierno para que elimine la obligatoriedad de retransmitir un partido en abierto cada jornada y le conceda un mayor porcentaje de los beneficios de las apuestas deportivas. Seis equipos se manifestaron en contra de esta medida, y será la Justicia quien tenga la última palabra. Sea cual sea su decisión, en cualquier caso, el comportamiento de los dirigentes de los clubes habrá resultado de lo más impresentable.

A ningún aficionado se le escapa que el fútbol de élite está adquiriendo tales dimensiones de espectáculo, que de manera inevitable repercutirá en su bolsillo para poder disfrutarlo. Pero esta realidad, y el gran negocio económico que supone, no da toda la razón a los clubes. El objetivo de éstos no es poner orden legal y comercial en la venta del fútbol, tal y como sucede en países como Inglaterra. Su propósito, simplemente, es acaparar ingresos económicos sin más compromiso por su parte. Y la prueba de ello es que se comprometen a saldar la deuda de 700 millones de euros con Hacienda si el Gobierno acepta sus propuestas. O sea, un chantaje vergonzoso.

Más vale que el fútbol se sanee y haga ejercicio de responsabilidad antes de exigir nada a la Administración, que tantos recursos le aporta en todos sus estamentos.