Tal y como se preveía, el Gobierno acometerá una nueva subida fiscal. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encargó de anunciar ayer el incremento de los impuestos, aclarando que afectará sólo “a los que más tienen”. Paralelamente, el ministro de Fomento, José Blanco, confirmó lo que también se veía venir: habrá severos recortes en inversiones para obras públicas y se buscará el mayor equilibrio posible en el ‘tijeretazo’ para que ninguna Comunidad Autónoma se vea agraviada. 

En suma, el Ejecutivo sigue abonado a la estrategia de recortar el gasto público e incrementar la recaudación para estar a la altura de lo que exigen los socios europeos y la credibilidad en los mercados internacionales. La delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país propicia que estas medidas sean tan inevitables como necesarias. Y también provoca que el Gobierno, con el presidente Zapatero a la cabeza, se vea obligado a tomar decisiones incompatibles ya con cualquier distracción partidista o cálculo electoral: es una cuestión de supervivencia económica del Estado. 

De este modo, en una semana, el Ejecutivo ha arruinado el escaso crédito que aún poseía maniobrando al dictado de los acontecimientos y sin añadir ninguna actuación de calado en su propio seno, que convenientemente difundida habría servido además para frenar la impopularidad. Porque la única crítica fundada y sincera que se le puede hacer al Gobierno de Zapatero es que ha actuado en el orden equivocado. Recortar el sueldo de los funcionarios, congelar los salarios o subir los impuestos supone descargar toda la responsabilidad del sacrificio en la ciudadanía de principio, cuando debería ser el último estadio en un proceso que, por responsabilidad y por dar ejemplo, tendría que haber arrancado en el propio Gobierno. Reducir ministerios, desmantelar empresas públicas y fundaciones o reducir al mínimo la presencia estatal en la televisión pública, hubiera sido un buen comienzo. Y junto a ello, convocar un debate urgente y en firme para reformar el mercado laboral, la negociación colectiva, el dispendio en la Administración –local, autonómica y nacional–,  el caciquismo de las cajas de ahorros o la improductividad de la economía.

Con una intervención así, nadie habría dudado del Gobierno ni de su voluntad de ponerse el primero a la hora de afrontar los sacrificios. Pero además se lanzaría el mensaje optimista de que se aprovecha la crisis como una oportunidad para realizar cambios estructurales que garanticen una recuperación duradera. Aún se está a tiempo de tomar ese rumbo. El Consejo de Ministros de hoy es una magnífica ocasión para ello.