En primera instancia y como consumidor lo que se espera de mí –o de nosotros– con respecto a la actual  huelga del metro madrileño (mejor dicho no tanto contra la huelga en si, sino con respecto a los dos días en los que no ha funcionado el suburbano) es, primero, que me queje. Cosa que hago con mucho gusto ya que el fin y al cabo quejarse no origina, normalmente, gasto alguno.

En segundo lugar se trata de buscar culpables, o si se quiere buscar algo a alguien a quién pueda trasladar mi cabreo y claro está hacerle culpable de la situación. Por último, y ya con algo más de tranquilidad, ejerceremos nuestro derecho a reclamar por una situación que consideramos lesiva e injusta.

Cualquiera de estas tres reacciones son respetables, sin duda legítimas, e incluso si me apuran, normales. Eso no significa que haya que compartirlas todas necesariamente o incluso alguna de ellas. Pero bien, éste sería el papel del consumidor. Reclamar cuando consideran que una situación les ha afectado, y desde luego esta les ha afectado y mucho.

Ahora bien, también como ciudadanos podemos ir más allá y preguntarnos como hemos llegado a esta situación. Como es posible que un colectivo relativamente pequeño de trabajadores haya doblegado la vida cotidiana de más de dos millones de personas, hasta el punto de que hayan tenido que cambiar de itinerarios, gastado dinero y aguantado estoicamente empujones, prisas y retrasos más o menos desagradables.

Digamos que tamaño descalabro sólo se justifica por la existencia de un caldo de  cultivo previo. Por lo que respecta al Gobierno regional, tanto su Presidenta como sus portavoces mas autorizados, no se cansan de repetir que lo mejor sería que los sindicatos desaparecieran, que suponen una rémora y otras lindezas parecidas.

Además y aprovechando el plan de recortes del Gobierno deciden rebajar no sólo el sueldo de los funcionarios, sino el de las empresas públicas que no están necesariamente afectadas por esos recortes. El Gobierno Regional no consulta con nadie, y aunque esto no es una obligación trae consecuencias.

A su vez los sindicatos no han dejado de hostigar a la presidenta a la que tienen declarado la guerra porque consideran que su política sólo favorece intereses privados, mientras margina a los trabajadores y los sectores más desfavorecidos. Además denuncian que los servicios mínimos se han convertido en máximos y de esta manera se echan al monte.

Puede que la huelga del metro haya sido el escenario elegido por ambos sectores para dilucidar su ajuste de cuentas particular. Sólo así se entiende que en vez de situar la huelga en el marco de una reivindicación laboral –algo más complicada tal vez por la crisis, pero reivindicación laboral al fin y al cabo– el metro se haya convertido en otra cosa. Así ni la Comunidad parece dispuesta a negociar, lo que es una grave irresponsabilidad,  ni los sindicatos parecen querer volver a una cierta normalidad, lo cual es otro  error.

Nadie pues parece querer resolver este conflicto, y una vez más nos utilizan como cabeza de turco de esta especie de batalla incongruente. En este caso además de exigir reparación y perdón deberíamos tomar nota de tanto descabello y dislate.  Bastantes problemas tenemos ya.