ANTONIO CAMPUZANO

Nada más sentimentalmente instructivo en estas fechas tan entrañables que hablar de las pensiones, como lo hacen los periódicos en estos días previos a la Natividad del Señor. Se celebran sesiones en el Congreso, previas a reuniones del Pacto de Toledo ése, y se generan cifras escalofriantes por lo que tienen de respaldo y sensibilidad interna y externa. Se dice, por ejemplo, que desde hace diez años a esta parte se ha incorporado un millón de jubilados al sistema de pensiones.

Ahora son 7,6 millones de personas quienes viven de unos saldos que suben cada mes por un ingreso del Estado. Y cuando la escena empieza a tomar tintes de drama es precisamentre cuando se habla en el lenguaje triste del sistema de pensiones puesto a secar por un parlamentario no menos técnicamente melancólico: la esperanza de vida. Las prospecciones expertas hablan que la esperanza de vida es de 19,91 años más que la edad de jubilación a los 65 años. Y lo que es peor/mejor en 2020 será de 21,14 años más. Diez años después, en 2030, de 21,86 años;  y en 2040 de 22,41 años, lo que que quiere decir que se pagarán dos años y medio más por pensionista que ahora.

Hay que tener un cuajo suficientemente contrastado para después de ofrecer estas informaciones desde sede parlamentaria haya quien sea capaz de protagonizar recuperación y leer poesía, quizá un best seller. Esta frialdad de las cifras relacionadas con la jubilación y la esperanza de vida, esa ecuación de la seguridad social pasada por las creencias y las antiguas escrituras, produce escalofríos en el sistema público de pensiones, en la cartilla de ahorros, en el espíritu de la Navidad, en la libertad condicional de Julian Assange y en la madre de todos los pactos de Toledo.

La contemplación de un belén, o un diorama si se está uno adaptado al siglo XXI, resulta incompatible con el recuerdo de la variable esa de la esperanza de vida. Las cuentas de la seguridad social y de las pensiones públicas deben ser verdaderas materias reservadas.