JULIO R. NARANJO

El pasado dos de enero entró en vigor la llamada Ley del tabaco, que modifica algunos aspectos, muy sustanciales, de la ley que se promulgó en 2005 y que entró en vigor en 2006. A tenor de lo que está ocurriendo, merece la pena reflexionar sobre algunas cuestiones.

Salvo contadas y sonoras excepciones, se ha producido una sana y pacífica respuesta desde la ciudadanía que, como casi siempre, acredita una madurez de la que nuestra clase gobernante parece carecer –véase la última encuesta del CIS, que refleja a la clase política como la tercera de las preocupaciones de los ciudadanos–, pues parece especialmente centrada en generar problemas para luego aportarnos soluciones. Aquellos casos, ya no tan anecdóticos y aislados, de empresarios y particulares que defienden la inaplicación del nuevo texto legal, no dejan de suscitar cierta admiración ante lo que, desde mi punto de vista, no deja de ser una mala articulación jurídica y una estrategia política susceptible de ser calificada de muchas maneras, pero no, en caso alguno, de imprudente o descuidada. Más bien al contrario, es claro el proceder escogido y los motivos perseguidos, que, paradójicamente, no son, al menos de manera primordial , los que han sido expuestos.

En cuanto a esos casos de desobediencia civil que el mismo H. D. Thoreau no dejaría de aplaudir con una sonrisa en los labios, pues vería en ellos a su prototipo de vecino, que con un hueso en su espalda decía ser incapaz de doblegarse ante los atropellos del poder, lo cierto es que no deja de ser loable el fin perseguido pero no los medios escogidos. El funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico, la vertebración de la sociedad que nos hemos dado, no ha de quedar al arbitrio de cada particular, que generaría una aplicación de la legislación ad hoc en función de criterios personales de conveniencia. El principio general de cumplir e impugnar, solve et repete, forma parte de la médula del Estado de derecho y de su columna vertebral, el Imperio de la ley.   

Les recomiendo, si es que no lo han hecho ya, una lectura en profundidad de los dos textos legales en vigor. Al hacerlo, me ha resultado sorprendente lo contenido en el Preámbulo de la primigenia ley, tomado como referencia para la modificación que acaba de entrar en vigor, que se presenta como lógica y subsecuente modificación. El carácter vinculante de éste y cualquier otro Preámbulo, en tanto aplicabilidad directa, no existe, pero no deja de ser toda una declaración programática del porqué legislativo y, desde luego, constituye un importante apoyo hermenéutico para todo intérprete de la ley. Hay que resaltar que la ley de 2005 no ha sido derogada, lo que resulta importante, como más adelante se verá.

Es opinión extendida el que las diferencias ideológicas se han reducido de manera drástica entre los grandes partidos, máxime en momentos como el actual en los que la economía ha adquirido un papel preponderante, si es que alguna vez dejó de tenerlo. Sin embargo, esta ley parece acreditar que el perenne debate acerca del modo en que la relación del poder con su administrado y la incidencia que aquel tenga sobre la libertad de éste se encuentra de plena actualidad.

En el citado Preámbulo se contiene una prolija relación de datos, informes y actuaciones de carácter nacional e internacional que acreditan una realidad que ha de llevar a las autoridades públicas a limitar “el acceso  y la disponibilidad de un producto que genera adicción, discapacidad, enfermedad y muerte". La cita, demoledora, es literal. Es evidente que, ante ello, cabe preguntarse por qué simplemente el Gobierno no ha optado por prohibir la venta y el consumo del tabaco. En materia de prohibiciones de este calado, parece que el justo término que Aristóteles propugnaba como camino a la virtud, no es la solución. Continua el mismo Preámbulo con matices concretos referidos  a cuestiones que en 2005 pasaron por alto, pero que, visto el devenir legislativo de nuestro Gobierno, no eran casuales, sino que anticipaban un criterio muy concreto en relación a asuntos que han marcado la agenda social  de aquel. Así, refiere el fenómeno del tabaquismo de manera diferente según se trate de mujer u hombre, sin explicar las causas a que tal distinción se debe, pero sí señalando las, parece ser, certeras consecuencias en cuanto a la mujer se refiere: difícil tasa de abandono, dificultad para mantener el tratamiento, tasas de recaída , y resalta como evidente el “mayor impacto para la salud de la mujer". Son las mujeres, junto con los trabajadores de la hostelería y los jóvenes, los principales grupos objeto de especial protección.

Respecto a las primeras, no deja de ser llamativa la preocupación, indudablemente compartida, por los efectos nocivos sobre la salud del feto expuesto al tabaco, cuando al mismo tiempo este Gobierno ha promulgado una nueva ley del aborto, abdicando de su condición de garante de la viabilidad de aquel, sin capacidad para dejar de ser una posibilidad y adquirir plena realidad. Existen muchas opiniones y sensibilidades en esta delicada cuestión, pero gracias a nuestro feliz alumbramiento, yo he tenido la oportunidad de escribir estas intrascendentes reflexiones, y usted, si ha tenido la amabilidad, de leerlas. No deja de ser paradójico que un Gobierno que gusta de presentarse como el abanderado y protector de los más débiles, con una ley persiga la protección del feto y con otra la eluda con fatales consecuencias. ¿Constituye todo ello una aporía, o simplemente la elección de principios antitéticos, guiada por necesidades coyunturales?

En cuanto a los jóvenes, entendiendo por tales a los menores de edad legal, parece inaplazable ya acometer una regularización de su estatuto jurídico, actualmente asistemático y contenido en una amalgama normativa que no refleja la realidad en la que los mismos se mueven, en la que el referente de la mayoría de edad a los dieciocho años no da la respuesta a todos los interrogantes que les afectan. La regulación de su responsabilidad penal, la capacidad para acceder al mercado de trabajo a los dieciséis años con permiso de los padres o tutores, y, sin embargo y en relación a esta ley, no poder vender o comprar tabaco en los lugares legalmente habilitados para ellos, pero sí poder trabajar en los mismos, la capacidad para una menor de edad para decidir por sí misma abortar y sin embargo no poder fumar, no dejan de representar las lagunas de un ordenamiento obsoleto y alejado de esta realidad.

Es iluso creer que nuestra juventud, que goza de un acceso ilimitado a cuanta información pueda requerir, que dispone de una sobreabundancia de opciones y posibilidades para escoger aquello que realmente pudiera necesitar, que vive en primera persona el impacto de las redes sociales, que están cambiando a velocidad incalculable el modo de ser, de pensar y de relacionarse, siga siendo retratada como una masa desprovista de criterio y necesitada de protección, de alguien que decida por ella. 

En primer lugar, porque el Estado ha de tener unas funciones muy concretas, entre las que en ningún caso se ha de recoger el de suplantar a los padres, que han de ser quienes ejerzan tal responsabilidad. Sin duda es tentador para algunos utilizar los resortes del poder para conformar una red de soldados cívicos que no discutan ni el cómo ni el porqué, y que obedezcan a la voz de su amo. Creo en la educación pública, pero no en que desde ella se impartan materias de dudosa intencionalidad y constitucionalidad, como lo es la Educación para la Ciudadanía. Es un despropósito que el Estado se arrogue competencias en materias tales como ésta. Quiero que mis hijos aprendan Historia de la Filosofía, pero no que el Estado les diga qué credo o qué opción ética es la deseable. Quiero que también aprendan Historia de las Religiones, pero no que desde la escuela pública les enseñen Religión; creo en un estado aconfesional, que propugne una nítida y absoluta separación, y que desde luego la practique, entre la esfera privada y la pública.

En segundo lugar, lejos de considerar a nuestra juventud como una caterva iletrada poseedora de innegociables derechos pero renuente a asumir el reverso de los mismos, convendría plantearse desde ya la posibilidad y, tal vez, la necesidad, de que el ordenamiento les reconozca la máxima amplitud en el ejercicio de sus derechos, que de facto ya vienen ejerciendo. Ningún temor debiera albergarse ante ello, porque el correlato de los mismos son también las obligaciones indisociables a aquéllos.

No me cabe la menor duda de que en momentos como éstos, opinar y debatir, condicionar la adopción de decisiones relativas al aumento de la edad de jubilación, el recorte previsible en el sistema educativo público universitario, aquejado de una inviabilidad futura que ya es presente, la necesaria e inevitable redefinición del modelo territorial y la vertebración de un estado cuya deriva, ignara de que los senescentes mimbres que lo sostiene ya no aguantan más tanta presión, acaso pudiera perpetuar una España de dos velocidades, y, en definitiva, la innegable realidad de que este jovencísimo estado de bienestar que tantos creyeron representaba un modelo inmune a cualquier caída, se nos muestra ahora enteco, son todas ellas cuestiones lo suficientemente importantes como para que el derecho al sufragio se establezca a partir de los dieciséis años. 

Pero, con todo lo dicho, lo que verdaderamente llama la atención en esta nueva ley  del tabaco es la poco disimulada actitud  intervencionista  del Gobierno, y el artero uso que de la misma ha hecho, generando una aparente confrontación entre distintos grupos, a un lado los buenos y a otros los que no lo son. Parece cómodo el presidente Zapatero en fomentar las luchas cainitas, la confrontación fraticida entre aquellos que, no cabe la menor duda, buscan la defensa de sus legítimos y a veces contrarios intereses. Es evidente que no se puede estar de acuerdo en todo y con todos, pero no es menos cierto que a pesar de ello, o precisamente por ello, hay que saber mantenerse en armonía con aquel del que se discrepa. No es creíble, aun tratándose de la ínclita ministra Pajín, que casualmente deslice la posibilidad de articular e institucionalizar la figura de la delación entre particulares, con esa extraña propensión que esta administración tiene de exigir no sólo el cumplimiento de la normativa, sino a erigirse también en instrumento para su efectividad. Pero es que esa intencionalidad es aún más patente y lacerante en cuanto que el régimen  de infracciones y sanciones contenido en los artículos 18 a 23 de la ley de 2005 sigue plenamente en vigor, salvo mínimas adaptaciones al nuevo texto de la ley 42/2010, de 31 diciembre. La ausencia de controversia en aquel momento ha sido sustituida, cinco años después, por una agria polémica. Tal aparente irresponsabilidad no es casual ni fortuita. Esta execrable y réproba actitud parece ser también compartida por diversas asociaciones de consumidores, dispuestos a convertirse en auxiliares de la autoridad, siendo cómplices de tan tóxica campaña desinformativa, y que parecen olvidar que los fumadores, entre los que por cierto no me encuentro, son también consumidores.

No parece quedar muy lejos la ucronía que Orwell reflejó magistralmente en 1984, con un Gran Hermano vigilante de lo que se ve, de lo que se piensa, de lo que se escribe y de cómo se habla, y que para mantener tan férrea disciplina sobre sus siervos, requiere no sólo de su connivencia, sino también de su activa participación.  

La guerra es la paz

La libertad es la esclavitud

La ignorancia es la fuerza

Un último apunte. Se han añadido dos extremos a la  nueva regulación que parecen confirmar este descarado intervencionismo. Por  un lado, el nuevo apartado 3 del artículo 9 abre, simple y llanamente, la puerta a una censura inadmisible, al regular de manera extemporánea y desproporcionada la publicidad del tabaco en los medios de comunicación. Excusa ésta para acometer, con una nefasta redacción y sistematización jurídica, y con una evidente ignorancia de qué son y cómo funcionan los medios de comunicación, un nada disimulado afán de controlarlos, tendencia  ésta fuertemente enraizada en los mal autodenominados partidos y gobiernos progresistas. Tal regulación haría palidecer de envidia al politburó más activo que Stalin pudiera imaginar. Se prohíbe en todos los medios de comunicación la emisión de programas o imágenes  en los que los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando, mencionen  o muestren, directa o indirectamente, signos asociados o identificativos a productos del tabaco. Adiós, pues, a las metonimias y  metáforas que tan bien adornan nuestro lenguaje. Adiós, también, a cualquier documental en el que tan egregios personajes aparecían, como Albet Einstein, fumando en pipa, mientras nos hablaba de su teoría de la relatividad. Y qué decir de los grandes clásicos del cine. ¿Cortarán el metraje, o acudirán a las modernas técnicas digitales para reescribir la historia?  ¿Tendremos un ministerio de la verdad, que reescribirá los hechos en  función de las necesidades, siempre insaciables, de un poder voraz, sabedor de que, así como pensamos, hablamos, y que suprimiendo las palabras y las imágenes, también cambiará la forma de ser y de actuar? El advenimiento del neolenguaje.

El otro extremo al que aludía es la definición que de espacios públicos hace en la nueva letra e) del artículo dos. Se entiende por tal aquellos que, sean de titularidad pública o privada, tengan un uso colectivo. Es en su acepción privada donde surge una no tan aviesa interpretación, por cuanto a la primera nada debe de objetarse. Es la antesala para que, dentro de poco, entren en nuestros hogares y también nos digan que no se puede fumar, que no se debe de leer un libro y sí otro, que no es aquel sino éste el programa de televisión y el informativo que hay que ver.

Este Gobierno ha eludido conscientemente prohibir de manera absoluta la venta y producción del tabaco, cuando en su mano está el hacerlo. Quizá ello represente un problema considerable, porque seguramente supondría la pérdida no sólo de una cantidad importantísima de puestos de trabajo que las familias no pueden permitirse, fundamental en un país con una tasa de desempleo que duplica la media de la Unión Europea y nos sitúa a la cabeza, sino unos cuantos, me atrevería a decir, centenares de miles de votos, que el presidente Zapatero no está en condiciones de asumir. Lástima que nuestros gobernantes adopten medidas siempre con la mirada puesta en las siguientes elecciones y no en el bienestar de generaciones futuras.  

En su lugar, ha optado por articular un  texto restrictivo, que vulnera derechos fundamentales, que además no reviste para ello la forma de Ley Orgánica que nuestra Constitución establece y que, lejos de servir como tegumento de las relaciones sociales, se utiliza de manera premeditada para criminalizar conductas que derivan de una estricta e inalienable decisión que a cada cual corresponde y que, por otro lado, son perfectamente compatibles con el derecho de todo no fumador tiene a preservar su salud. El Derecho es una continua confrontación de expectativas e intereses individuales y colectivos, no siempre de fácil coexistencia. No parece ahora que concurran causas diferentes ni excepcionales como para no dar cumplimiento a la célebre definición que Ulpiano hizo de la Justicia, que no era sino la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.