Se puede discutir el acierto de nombrar al por lo demás capacitado vicepresidente del Gobierno autonómico como nuevo presidente de Cajamadrid, pero lo que es hipócrita es presentarlo como una especie de imposición ilegal o como una excepción. El sector está lleno de ex políticos, con dos ejemplos de libro: el de Narcís Serra, ex vicepresidente de Felipe González; y el del ex diputado Juan Pablo Hernández Moltó, que a más inri ha llevado a la Caja castellanomanchega a la bancarrota. Y los que no tienen una filiación tan clara, la ejercen sin duda para el partido que gobierna en cada región: ocurre en Andalucía, en Cataluña, en Euskadi y, en fin, en todas. Y sucede porque, como en el caso de la Comunidad de Madrid, hay una ley que ampara y faculta a los Gobiernos de turno a disponer de la mayoría en los órganos de decisión de cada entidad.

El propio Miguel Blesa es un ejemplo de esto: llegó a Cajamadrid sin experiencia alguna, ungido en exclusiva por Aznar. La moraleja es bien sencilla: si este procedimiento no es bueno, si de verdad se quiere despolitizar el sector bancario más próximo a la esfera pública; cámbiese la ley donde toca, que es en el Parlamento.

Porque si no se está dispuesto a ello y si se utiliza esa misma ley cuando respalda el criterio propio, lo menos indigno en el caso de la Caja es que la aplique, como estime, quien tiene derecho a ello. Rajoy, Zapatero o Gallardón no buscan lo mejor para Cajamadrid, sino lo que más les conviene a ellos: en ese escenario, resulta más oportuno que lo hagan las fuerzas políticas y sociales madrileñas, aunque sólo sea porque gozan del amparo de la ley. ¿Y al resto quién o qué les faculta?