Casi nueve de cada diez madrileños se declara “satisfecho o muy satisfecho” del servicio recibido en su hospital de cabecera. Si hay algún ámbito en que difiere el apocalipisis político de la percepción social es éste: por mucho que se haya intentado demoler la imagen de la Sanidad madrileña, el madrileño sigue creyendo más a sus propios ojos. Algo similar ocurre con la Educación: sólo la Comunidad y Castilla-León superaron a las mejores regiones de Europa en las mediciones de calidad y conocimientos elaboradas desde Bruselas.

Mientras la izquierda siga perpetrando un discurso lugareño, gremial e increíble sobre ambos servicios públicos, la derecha irá ganando terreno a la privatización, cada vez con mayor respaldo ciudadano: prefiere la tutela pública con la eficacia privada que el monopolio político y sindical del espacio público, tan a menudo costoso e ineficaz.

Cuando no escandaloso: en España no hay ninguna universidad de categoría mundial, ni ningún aeropuerto conectado a Asia sin escalas, ni ningún puerto de mar del tamaño y la solvencia imprescindible para recibir todo el tráfico oceánico hacia el resto de Europa... pero cada caciquillo provincial tiene su aeropuerto sin vuelos, su universidad de cartón piedra y su televisión pedánea.

Defender lo público empieza, en fin, por hacerlo útil, eficaz, sensato, sostenible y servicial. Y no por tolerar que al calor de tan noble misión se tripliquen las bajas laborales, se libere de sus obligaciones profesionales a miles de delegados sindicales o políticos y se imponga un sistema laboral incompatible con la supervivencia del servicio, con la productividad de quienes trabajan en ellos y con las necesidades de sus usuarios.

En realidad, vivimos en una dicotomía entre quienes creen honestamente -o no- que privatizar es una garantía de eficacia y quienes se oponen a la privatización pensando, casi exclusivamente, en lo que ellos, y no todos, pierden en el camino.

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A los rectores les pasa como a los dirigentes nacionalistas y al protagonista de La Zona Muerta, ése que ponía un niño como escudo cuando alguien le apuntaba: cada vez que reciben una crítica, la redirigen a la institución, o al país, con palabras huecas y rimbombantes. Una cosa es la “autonomía universitaria” o, la política, y otra bien distinta la independencia o la impunidad para hacer lo que les dé la gana… con el dinero de todos.

Los obispos universitarios, pues tal es su comportamiento y transparencia, tienen jefes, se deben a instituciones superiores y se alimentan con recursos públicos, muy mal gastados a tenor del desplome universitario español en los ranking internacionales y de su escaso impacto en el “nuevo modelo productivo”: en lugar de pedir explicaciones cada vez que se le menta,  como si les asistiera una especie de bula papal, hay que empezar a pedírselas a ellos. Tras 25 años de constante inversión universitaria, su cosecha es lamentable: sin birretes ni ancestrales lirutgias, son reyezuelos desnudos con aparatosas vergüenzas.

El mejor ejemplo de ello es Peces Barba, santificado a altares laicos de la democracia moderna e investido de niño, novio y muerto en cada problema necesitado de su presunta sabiduría: que las universidades estén como están o que la televisión esté como está y a pesar de ello le sigan considerando el Sabio de la montaña en cualquier comité de expertos arroja una conclusión terrible sobre la capacidad del sistema de regenerarse un poco.

Aquí, en lugar de pedir explicaciones a los responsables de tanto desaguisado, seguimos esperando que impartan lecciones magistrales, aunque sólo pueda decirse algo positivo de la última de ellas: la siguiente, aún será peor.