En España hay cerca de 4.000 empresas públicas, organismos, fundaciones, institutos, centros u observatorios que, al calor de fines nobles y objetivos emotivos, todos tan grandilocuentes como artificiales, han generado el último año un déficit de 65.000 millones de euros para elevar el conjunto del déficit español al 8%.

Si alguna vez se ha preguntado para qué sirve todo eso, ahora tiene la respuesta. Básicamente para hipotecar el futuro de los servicios esenciales y triturar los ingresos fiscales en baratijas clientelares donde pacen todos los rebaños marcados con el hierro al fuego de la ganadería política, sindical o patronal de turno.

La convivencia de este dato de despilfarro estremecedor con el de un paro del 24%, el cierre de casi 500.000 empresas o la subida de los impuestos, el progresivo deterioro de los servicios y la ausencia de crédito para crear empleo arroja una conclusión estremecedora: el Estado es un cocainómano compulsivo que se gasta en droga el dinero de la comida de los niños de la casa.

Pero siempre ha sido un crimen perfecto: en ninguna de esas Casas de Lenonicio aparece una placa que, como la del mendigo sincero de la plaza de Callao, reconozca que se pide para vino y porros. En todas ellas se apela a la lucha contra el maltrato, la cooperación con el Tercer Mundo, la investigación universitaria, la televisión pública de servicio o la formación de colectivos marginales. Aún más, todo mínimo recorte en un país que antes de acabar con Chiringuistán ha preferido congelar pensiones, elevar la edad de jubilación o reducir salarios; comportará una queja solemne, afectada, tan melodramática como el pasaje bíblico sobre el Armagedón.

Un rector, pongamos el de Alcalá o el de la Complutense, puede tener hasta 20 organismos consagrados a unir lazos con Iberoamérica; disponer de una plantilla de 2.000 profesores ociosos o nada presionados de jueves a lunes y de mayo a octubre; cerrar las facultades a cal y canto durante medio mes para ahorrar matando al perro para acabar con la rabia; gastar el 55% del presupuesto en personal (más que Apple); acumular una deuda con entre siete y nueve ceros y, llegado el momento de la moderación, apelar a la jerarquía del “conocimiento para progresar” o advertir que se está apostando por una educación universitaria “sólo para ricos” sin sentir ni un ápice de rubor ni verse en la obligación de explicar por qué casi ninguna universidad española aparece en los ranking internacionales o dónde demonios se ha ido la infame deuda de la mayor parte de ellas. Y no faltarán trompetas de Jericó para poner banda sonora a tan melifluo apocalipsis.

En la eterna confusión entre el Estado de Bienestar y el Bienestar del Estado se dirime la degradación del primero a manos de quienes, con enorme soltura y fértil habilidad, se presentan a sí mismos como grandes paladines de algo que se están cargando.

Si aún tiene alguna duda de cómo buena parte de los presuntos defensores de lo suyo son en realidad sus primero enemigos, quédese con esta peculiar moraleja: uno de esos rectores, Virgilio Zapatero, huyó de la Universidad para aceptar un puesto en Cajamadrid a pesar de no distinguir un balance de una melón; obligó a la institución a adelantar las elecciones; dejó un notable roto económico y uno académico e intelectual sobresaliente y, aunque nada se conoce de su inexistente trabajo en tan insigne entidad financiera, el año recién terminado se embolsó 198.000 euros.

A las barricadas, pues.

Posdata. Por debajo de los caras legalizados como el ex rector hay otros que o rozan o se zambullen directamente en la ilegalidad. Matas, Chaves y Camps suenan, juntos, Ma-Cha-can. No es de extrañar que don Virgilio se sienta un hombre de Estado al lado de todos éstos, pero no se engañe demasiado: pertenece, como ellos, a la familia de los Gyps fulvus.