El pasado 2 de febrero saltó la noticia a todos los titulares de los periódicos, de los medios de comunicación: Chris Huhne, Ministro de Energía del gobierno británico y número dos del partido de los liberales demócratas, que gobiernan en coalición con los conservadores de David Cameron, presentaba su dimisión.

¿La causa? Ese mismo día la fiscalía británica había decidido presentar cargos contra él y contra su esposa, Vicky Price, por un presunto delito de obstrucción a la Justicia. Los hechos se remontan al año 2003, cuando Vicky Price fue multada por conducir a más velocidad de la permitida. Con el tiempo, se ha sabido (o al menos, la fiscalía así cree tener indicios) que quien iba realmente al volante era el ex ministro Chris Huhne, quien convenció a su mujer (de la que ahora se está divorciando) para que asumiera la infracción para que no le quitaran a él el carnet de conducir.

Las comparaciones son siempre odiosas, pero en este caso son mucho más sangrantes porque deja a nuestra sociedad española en una situación, cuanto menos, incómoda (y en cuanto más, vergonzosa), si comparamos esta reacción a la que hemos vivido en España en las últimas semanas. Chris Huhne ha dimitido nada más conocerse que la fiscalía ha comenzado los trámites para su imputación porque la sociedad británica, la propia clase política y los medios de comunicación consideran que un político, más allá de la presunción de inocencia, no puede desempeñar un cargo público con una imputación a sus espaldas.

El político no solo debe ser inocente judicialmente (Huhne ha manifestado su inocencia en todo este caso) sino también inocente socialmente, éticamente. ¿Cómo va a desempeñar su cargo con toda libertad, con toda honestidad bajo la amenaza de la imputación, bajo la necesidad de su defensa? Así se lo ha preguntado ante la prensa y así lo han recogido los medios de comunicación. Sin alteraciones. Sin proclamas. Como la forma habitual de comportamiento de una democracia, como la forma sana de comportamiento de una democracia.

Las comparaciones son siempre odiosas, y más cuando se dan en un tiempo como el actual, en que hemos tenido que soportar, con grandes dosis de incredulidad y de vergüenza ajena, escuchar una vez más las conversaciones telefónicas de Camps y de Costa con el Bigotes. Conversaciones en que habla de regalos de mucha cuantía económica (“Te has pasado tres pueblos, tío”), de políticos a los que es mejor regalarles bolsos porque, aunque no ayudan, tampoco entorpecen, y también de petición de ayuda, de influencias.

¿Qué hemos de pensar la ciudadanía del secretario general de PP valenciano cuando le pide al Bigotes que aproveche la comida que va a tener con el President de la Generalitat para recomendarle para un puesto en el gobierno? ¿Qué debemos seguir pensando cuando el Bigotes responde que ya lo tenía pensado y que no se preocupara… y no lo tenía que hacer pues el puesto y el cargo lo conseguiría con el tiempo?

Al margen del veredicto del tribunal, de la declaración de “no culpable” por falta de pruebas de que estos regalos y esta relación tuviera luego relación con los contratos millonarios que el Bigotes consiguió de diversas administraciones valencianas, no es una imagen muy reconfortante ver la cara impasible de unos políticos ante sus propios testimonios agradeciendo regalos de particulares, de “particulares muy particulaes”.

Se nos pide desde instancias políticas que se le devuelva la “honorabilidad” de Camps y Costa. A mí, como ciudadano, en ningún caso, por lo oído en las conversaciones, en las informaciones y los datos que la prensa ha tenido a bien comunicarnos, no creo que ninguno de ellos se haya comportado con rectitud de ánimo ni con integridad, según define “honradez” la Real Academia Española.

Y mucho menos me parece “honorable” el tiempo que pasó entre la imputación y su dimisión; el tiempo en que no pudieron ni defenderse ni tampoco actuar de manera libre en su misión pública, para lo que cobran y para lo que han sido elegidos. No lo olvidemos.

Las comparaciones son siempre odiosas. Pero al comparar la forma de comportamiento de Huhne y de Camps, comprobamos cuánto necesita nuestra sociedad seguir avanzando para llegar a ser realmente democrática. Cuarenta años de dictadura son muchos años… y si no, que se lo pregunten a Garzón. Una nueva comparación odiosa. ¿Acaso no es el mismo juez y con los mismos argumentos cuando investiga a Pinochet y cuando lo hace con Franco? ¿Por qué, nos preguntamos muchos, en un caso se le aplaude y en el otro se le juzga por el peor de los delitos en que puede incurrir un juez? Las comparaciones son siempre odiosas, sobre todo cuando nos ponen delante el espejo de nuestras limitaciones democráticas. ¡Cuánto camino nos queda aún por recorrer si queremos estar a la altura de otras democracias europeas!