El pasado día 6 de noviembre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea llegaban a un acuerdo para regular el acceso a Internet en territorio comunitario.  Empecemos diciendo que este asunto ha motivado desde hace tiempo importantes controversias en el seno de la Unión. Básicamente, y a grandes rasgos, podríamos decir que el panorama es el siguiente.

Existen tres bloques que representan a su vez intereses y opiniones  distintos. En primer lugar los partidarios de que se regule lo mínimo. Aquí militarían aquellos internautas y ciudadanos –en la actualidad una minoría– que en general consideran que Internet es un territorio libre y que en definitiva no se pueden poner puertas al campo. Desde este punto de vista bajarse canciones o películas no sólo no constituiría delito o ilegalidad alguna sino, al contrario, un derecho que habría que proteger bajo determinadas condiciones.

El segundo  bloque lo constituyen aquellos otros que aún reconociendo que la regulación es necesaria, sostienen  al mismo tiempo, que el acceso a Internet de los ciudadanos debe protegerse, tanto de las decisiones arbitrarias de algunos países, como de la voracidad de las grandes multinacionales de la música o del cine que pretenden restringir los derechos de los ciudadanos, y convertir la red en un gran mercado al servicio de sus intereses económicos. Para este segundo bloque el acceso a la red debe ser puesto en manos de la justicia, que sería la única que podría restringir el acceso en base a un procedimiento judicial con todas las garantías que este conlleva en el territorio de la Unión Europea. Por último, el tercer bloque está representado por aquellos países que entiende que son los Estados –a través de los Parlamentos Nacionales representantes de la voluntad popular– los que deben tener la capacidad para regular el acceso y por ello mismo la competencia para denegar –sin mandamiento judicial– una conexión a la red. Digamos para terminar que entre los países “restrictivos" están Francia o Reino Unido (el último es uno de los impulsores de llamado sistema de los “tres avisos" y Francia impone  fuertes multas a los internautas que descarguen archivos protegidos por la ley).

En cuanto a nuestro país las descargas de archivos son, hasta la fecha, legales, mientras el comportamiento de los jueces es dispar: algunos casos que afectaban a páginas de descarga se han sobreseído y otros, muy similares, se han reabierto.

Volvamos ahora a la norma aprobada por la UE. Cabría pensar que con la decisión tomada se habría puesto fin a este enredo. (Recuérdese a este respecto que las discusiones en torno a la regulación del acceso a Internet estaban bloqueadas desde mayo pasado cuando el Parlamento Europeo introdujo una enmienda que prohibía cualquier corte de conexión a la red sin permiso judicial). Pues bien nada más lejos de la realidad.  La norma parece un intento por contentar a todos. De hecho da vía libre al corte de Internet sin la presencia judicial, pero al tiempo parece compensarlo hablando de que “el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna deberá ser garantizado”, aunque no dice cómo, o apelando a la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Libertades fundamentales cuando habla de que “sólo pueden ser impuestas (las posibles restricciones) sin son apropiadas, proporcionadas o necesarias” aunque tampoco se dice  quién va a ser el que tenga la competencia para interpretar  este galimatías.

Lo que si sabemos es: Francia y Reino Unido tienen libertad para decidir como y cuando restringen el acceso a Internet sin mayores complicaciones. ¿Y el resto de los países? Pues que arreen se nos viene a decir. Y en realidad así será más o menos puesto que los países, aunque  tienen 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones respectivas, tienen también libertad para regular como les parezca mas conveniente. Por tanto no sería nada extraño que dentro de dos años lo que sea delito en Francia sea algo absolutamente normal en Holanda o en España,  salvo que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no lo remedie, cosa bastante dudosa.

Antonio L. Sebastianes es el director de comunicación de CECU Madrid: http://www.cecumadrid.org/
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