La agresión a Berlusconi ya tiene explicación: le pegó, con una catedral en miniatura, un enfermo mental tratado durante diez años. De ser cierto, el 30% de los españoles podría agredir en cualquier momento a Zapatero, por quedarnos entre homólogos. Las prisas del periodismo por explicar rápidamente lo que sólo puede contar tiene ese efecto perverso: generan leyes absurdas. Tanto lo es suponer que un trastorno mental sin especificar transforma al paciente en un homicida como concluir que los souvenirs son, viendo este caso, armas peligrosas. Ojo con los propietarios de giraldas y torres eifeles, si además toman transilium pueden ser muy peligrosos.

Más fácil de contar es casi todo lo demás que, sin embargo, se relata tortuosamente, si la luz de los datos prevalece sobre las sombras de las interpretaciones. Por ejemplo en la manifestación sindical del sábado: hay cuatro millones de parados, 140.000 empresas cerradas por la crisis y una combinación de deuda y déficit sin parangón en Europa. ¿A quién hay que protestar? No tengo la respuesta, lo que probablemente sugiere que en este caso no debe haber pregunta.

Pero si absurdo es chillarle al presidente que intenta parar la sangría, aunque no sé si sabe o puede, injusto se intuye hacerlo contra quien ayer, hoy y mañana debe crear empleo. Salvo que sea para distraer la atención: los derechos de los trabajadores los protege el Estado; y aunque increpar a la CEOE es siempre tentador, equivale a los autohomenajes con esa Iglesia que opina pero felizmente no gobierna.

También con la conferencia de presidentes autonómicos: Cataluña, Navarra y Euskadi llegan con un régimen de financiación propio y distinto al del resto de comunidades, en una situación difícil de encajar en el ideal democrático de que todos somos iguales ante la ley y la caja. Nótese que en estas regiones, a las que podemos llamar países si con ello evitamos el lanzamiento de butifarras o la fritura de espárragos, han gobernado partidos de todos los colores antes de concluir que el cónclave presidencial sólo debe valer para una cosa: aclarar si el Gobierno, como representante de los intereses de todos, va a consagrar esa injusticia o por contra a intenar subsanarla recordando que el valor de los territorios siempre es difuso, pero el de las personas prístino: Cataluña puede valer más que Madrid, o Canarias menos que Galicia, y a la inversa, pero es probable que un catalán, un madrileño, un gallego y un canario importen exactamente lo mismo.

Cajamadrid ofrece otro escenario para jugar a los perturbados con catedral arrojadiza con mayores probabilidades de acierto: cuando la Comunidad X iba a promover al persona Y en cumplimiento de la ley Z que le facultaba para ello, se apeló a la necesidad de evitar la politización de la entidad para abortar una operación legal presentada como un asalto testicular. Ahora van a dirigir al oso verde dos plantígrados de toda la vida, sin que ninguno de los que se pusieron estupendos antes lo hagan ahora: era, al final tienen razón, una cuestión genital.

Creo que el único cuerdo que queda en el mundo, en fin, es el agresor de Berlusconi: sabe lo que hace, lo hace sin excusas y pagará lo que haya que pagar por ello. Que le nombren, en ese orden, presidente del Gobierno, de la oposición, de Cajamadrid, de la CEOE, de los sindicatos y, a ser posible, de las comunidades históricas. Con referendum previo, si es menester.