Resulta deprimente constatar que el único debate derivado de la Conferencia de Presidentes, al que estaban invitados también los agentes sociales, haya sido uno tan superfluo como el referido a las cuestiones formales: tal vez al PSOE o al PP les parezca muy importante responsabilizar al otro de la falta de acuerdo; pero lo realmente relevante es la ausencia de un pacto, o al menos una discusión, sobre los dos únicos asuntos que en realidad podía tratar un foro de estas características: el sistema financiero de las Comunidades Autónomas y la reforma de la Administración que puede y debe hacerse en coordinación entre los Gobiernos Central y regionales.

Todo lo demás son fuegos fatuos. Empezando por la ridícula exigencia de lealtad de Zapatero, que confunde el ideal de consenso tras la negociación con la imposición del mismo sin diálogo y reclama el imposible de que todo el mundo se haga solidario con los estragos de una política previa que se negó a pactar. Y siguiendo por el PP, que parece tener muy clara su respuesta antes incluso de conocer cualquier propuesta de su rival: es verdad que el Gobierno convierte el medio -la reunión- en el fin -las propuestas-; pero no lo es menos que el catálogo de alternativas exhibido es sensiblemente inferior al que por ejemplo presentó Esperanza Aguirre en el Congreso de los Diputados, cuando defendió un sistema económico idéntico en todas las regiones.

Hubiera sido éste un momento inmejorable para discutir sobre esto, desde una perspectiva indiscutible: la mejor manera de defender la cohesión social y la justicia en un país es garantizar la igualdad entre todos sus ciudadanos; algo que conculca la tendencia a someter esa máxima a las aspiraciones territoriales. Explicar esto, y defender una alternativa, hubiera sido una manera dignísima de rechazar el consenso hueco ofrecido sin parecer que se buscaba la colisión gratuita.

Y lo mismo cabe decir de la incapacidad de todos por articular una reforma en la Administración que permita dedicar el gasto público a la generación de riqueza, empleo e infraestructuras. Es simplemente intolerable que ni en un contexto tan adverso, con tanto paro y tan pocas expectativas, quienes gestionan el dinero público sigan sin darse por enterados y renueven sistemas sobredimensionados, costosos y a menudo ineficaces. Es imposible que ayuntamientos, universidades y toda laya de instituciones se apliquen ese corsé si quienes están por encima son incapaces de ponerse de acuerdo en un asunto tan palmario.