Cualquier debate social nace viciado si sustituye el ruido por los datos y busca, antes que remedios, ganancia en río revuelto. El de la inmigración es uno de ellos, que refleja fielmente la dificultad de la política para gestionar las inquietudes colectivas y la facilidad con la cual incluso las agudiza. En ciudades donde la población foránea es importante discutir en voz alta sobre este asunto, pues de otro modo no es nada descartable que se contagie la deprimente manera con que en Vic y en Torrejón –o en Ferraz y en Génova– se ha tramitado.

Y la primera tarea es derribar los mitos y prejuicios, en cualquier sentido, para poner sobre la mesa las evidencias partiendo de una certeza: ni la inmigración comporta una Arcadia feliz para el que  la vive o quien la recibe ni, sensu contrario, acarrea su némesis. No hay cielo, pero tampoco infierno, como ocurre en el resto de ámbitos de la vida pública sobre los que se tenga a bien discutir con sentido común.

A partir de ahí, no se entiende nada bien la polémica  ante un fenómeno que está suficientemente regulado: los derechos de los inmigrantes legales están tan asentados como sus obligaciones, y eso es lo que les convierte en ciudadanos al mismo nivel que los nativos, por mucha verborrea que se invierta en vender la falacia de que consumen servicios que no financian: como cualquier otro, dan y toman en función de su participación directa en el sostenimiento global del Estado de Bienestar.

 Y los excesos de quienes no cumplen son ya punibles: el encarcelamiento o la deportación no necesitan de reformas nuevas, pues nadie con un mínimo de apego podrá discutir a estas alturas que la combinación del Código Penal con la última Ley de Extranjería otorga al Estado una herramienta teóricamente eficaz para replicar a quien no respeta la convivencia y las reglas del juego.

Luego si todo está contemplado y regulado, ¿a qué viene este lodazal que  deshonra un poco a todos? Mucho más interesante sería analizar con precisión en qué medida no se están aplicando las normas, por qué y qué puede hacerse al respecto. De esta guisa, se criminaliza a todo el mundo y nos denigramos un poco todos al extender la deleznable sensación de que lo mejor que puede pasar con los inmigrantes es que se vayan hasta que, cuando la crisis remonte, España vuelva a necesitarlos. Dar alas a ese tipo de peligrosos razonamientos al conjunto de la sociedad es, tal vez, la mejor manera de evidenciar el despropósito que conlleva hacer demagogia con esto.