Antes de juzgar las inminentes medidas económicas propuestas por el Gobierno de España, conviene detenerse en un prólogo en forma de pregunta: ¿Pero no había sido Zapatero el que, sistemáticamente, había negado la necesidad de emprender reformas, criticando con severidad a todo aquel que se atreviera siquiera a sugerirlas?

Hacer este preámbulo es imprescindible por razones de decoro político, de respeto a la ciudadanía y de mera eficacia política. Porque hemos pasado en pocos días de demonizar una reforma laboral reclamada o defendida por entidades tan dispares como el Banco de España, la Unión Europea o los principales economistas del mundo a anunciarla y, aún más, completarla con una modificación traumática de las pensiones -que afecta desde ya a millones de personas y lo hará también a viudas y huérfanos incluso- y con el deseo de prolongar hasta los 67 años la vida laboral.

¿No se siente Zapatero ni mínimamente obligado a disculparse por lo que no hizo, por lo que criminalizó y por lo que finalmente acaba haciendo sin embargo? ¿No debería aclarar primero que su resistencia y dogmatismo ha agudizado la crisis y el desempleo por encima de lo inevitable y ha obligado ahora adoptar medidas más traumáticas cuando menos fuerzas tienen los ciudadanos ya? El presidente ya agotó hace mucho tiempo su margen de credibilidad al negar la recesión y prometer el ‘pleno empleo’; y no es tolerable que tras aquel bochorno haya vuelto a incurrir en el mismo comportamiento: sus errores, si puede llamarse así a la mezcla de demagogia e ineficacia que exhibe, los pagan los demás, con una factura que produce pavor. Porque a estos anuncios hay que añadirle la subida de los precios de la luz y el gas; el incremento de la presión fiscal; la reducción del poder adquisitivo y la ausencia de plazos fijos creíbles para salir del socavón.

Y tanto o más indignante que sus costosas contradicciones es la evidencia de que, en el último instante y con el mayor daño ya producido, se carga siempre en los mismos las mayores responsabilidades. Porque si lamentable es su indolente y maniqueísta política, indignante es que además no la extienda de verdad en la propia Administración: mientras se advierte a una viuda de que perderá mucho poder adquisitivo; nada se dice del escandaloso derroche institucional ni de la insolidaria política financiera con los territorios y autonomías que conforman España.