Si la subida del IVA (que sigue siendo tan inferior a la media europea como lo son los salarios) fuera para pagar los subsidios y pensiones de jubilados, parados y dependientes; lo que tendría que retocarse es el IRPF: éste, a diferencia del anterior, se gradúa en función de los ingresos, de modo que paga más al fisco quien más tiene. El otro, por contra, no distingue estatus: todo el mundo va a sufrirlo igual, incluyendo a los receptores del subsidio.

Pagará más por el mismo producto la anciana con pensión no contributiva de 300 euros que el ejecutivo de multinacional con 250.000 euros de salario anual. Y si alguno de los dos no lo hace, se resentirá la producción: esto es, el empleo.

El ardid retórico del IVA resume toda la inoperancia, ineficacia y falsedades de un Gobierno, que empiezan por una, esencial: habla como si perteneciera al pueblo, como si el poder fuera de otro y en lugar de ministros tuviéramos operarios de fábrica con mono, compañeros del metal, lumpen laboral y parias de la tierra. Aunque todo el mundo sabe que, hoy más que ayer pero menos que mañana, Zapatero acumula poderes como pocos y ha llegado a sintetizar como nadie la disolución en uno solo del legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Todo, a partir de ahí, son trucos éticamente reprobables, económicamente suicidas y profundamente injustos que  no lo son menos por el evidente concepto rapaz de la oposición de Rajoy: se sube al IVA a todos, se especula con la edad de jubilación, se sugiere suscribir planes de pensiones y se coarta una imprescindible reforma laboral, lo diga Agamenón Díaz o porquero Ferrán, para sostener un modelo insostenible sobre los lomos de la menguante población activa, cargándole de una responsabilidad ya asumida previamente mientras se ignora el ancho margen de maniobra que el propio Gobierno tiene.

Porque mientras a cualquiera de los 14 millones de trabajadores se le enfrenta cada día al cuento del lobo y se le perfila un futuro extraído de la tétrica novela La carretera de McCarthy, el mismo Gobierno que dice tutelar el Estado de Derecho esquiva y por tanto protege la formidable amenaza que pesa sobre él: nada de tocar el kamikaze sistema de financiación autonómica a la carta, ése que transforma la identidad en un salvonducto para la insolidaridad y hace inviable la igualdad entre ciudadanos al transformar en ley el inhumano concepto de que "lo mío es mío y de lo tuyo hablamos".

Nada de reformar a fondo la Administración, desde la municipal hasta la nacional pasando por la autonómica con todos sus chiringuitos de playa universitarios, sociales, formadores o cooperantes, transformados en innecesarios cortijos de toda laya donde la simbiosis de intereses entre los partidos y los sindicatos esquilma el erario público (de cada 100 euros, sólo 8 van a inversiones y 50 casi a personal), frena el crecimiento del país, inunda de burocracia al ciudadano y nos condena al subdesarrollo.

Nada de congelar los sueldos de los funcionarios, nada de suspender la negociación colectiva en el ámbito público para imponer un convenio único en toda España desde la certeza de que no hay dinero para sostener el régimen vigente; nada de cerrar universidades que no enseñan para defender y mejorar las que necesitamos; nada de reformar el costoso, degradante e intoxicador sistema televisiones que nos empeñan para solaz del cacique autonómico o nacional de turno; nada de apostar por una energía posible que aminore nuestra insoportable dependencia del extranjero; nada de gestionar el dinero público con el decoro intelectual exigible a un vulgar cefalópodo cualquiera.

Nada de tocar los privilegios propios de una inmensa casta, en fin, mientras haya currantes de verdad, a nómina o por cuenta propia, lo suficientemente ocupados, cansados, doloridos y desunidos para no pensar primero y protestar después. Que paguen el IVA, y que lo pague la vieja, aunque digamos que es para ella.