ANTONIO CAMPUZANO

Se huele en el ambiente político que gran parte del tiempo que resta hasta las municipales y, más tarde, hasta las generales del año 2012, todo aquello que tenga que ver con el juez Garzón intermediará, enternecerá, interferirá, la atmósfera política en un grado extraordinario. Ello quiere decir muchas cosas, pero entre ellas, no se puede olvidar el rescoldo, 70 años después, de la guerra civil. Si será nociva una guerra civil, que no han valido siete decenas, siete, de años, para restañar la herida producida.

En la acera contraria de la calle Génova, exactamente la opuesta a donde se concentran los seguidores de Garzón, se puede ver pasear a una señora, con o sin perro, que lanza abiertamente la siguiente disquisición: “Cabrones, si fuisteis vosotros los que matásteis”. Sigue su marcha hacia Colón y la vida continúa. Pero el problema no está ni mucho menos resuelto.

Para intentar discernir este asunto desde la orilla judicial, instruyó Garzón lo que pudo instruir para esclarecer el emplazamiento de los cadáveres aún por descubrir. Si había asesinados es que hubo asesinos. Más suave, si había víctimas había habido verdugos. Esas responsabilidades, intentadas aclarar por la instrucción, han merecido dos querellas de los herederos políticos de los verdugos, los “manoslimpias” y los falangistas, gentes a las que jamás se oirá manifestar nada malo contra el franquismo. En estas querellas se agita convenientemente la famosa Ley de Amnistía, aprobada en 1977, bajo la presión de lo que pudiera suceder con los coletazos del franquismo, precisamente.

El resultado a la vista es el siguiente: Garzón acusado de prevaricación pendiente de enjuiciar por el Tribunal Supremo; Garzón, habida cuenta de su situación procesal, a punto de ser apartado de su profesión por el Consejo del Poder Judicial, el órgano regulador de la profesión; los querellantes, “manoslimpias” y falangistas, absolutamente felices porque, se mire como se mire, para ellos es una victoria que se mide en el enaltecimiento histórico del general Franco, para ellos un héroe de la historia de España, para la mayoría de españoles un genocida con intención de serlo; el PSOE, en la defensa de Garzón, denostado por el PP por intromisión en los afanes judiciales; el PP a saco contra el PSOE por el acto de la Universidad consentido por el rector Berzosa, pero con olvido del indulto del gobierno de Aznar al juez Liaño, de 1 de diciembre de 2000, condenado a 15 años  de inhabilitación por prevaricación. Rajoy estaba en aquel gobierno y era vicepresidente primero y ministro de la Presidencia. Los familiares de los eliminados seguirán, en éstas, sin conocer el emplazamiento exacto de las cunetas Donde se encuentran su padres y abuelos. O sea, exactamente un escenario de justicia.