Apenas diez días después de que se anunciara una reducción del ‘tijeretazo’ en las obras públicas por considerarlo “excesivo”, el ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer por la tarde un nuevo aumento de las inversiones para el próximo año.  En concreto, el ministro informó del ‘indulto' a casi medio centenar de proyectos y la elevación de 500 a 700 millones de euros la cantidad que se salva del recorte en construcción de infraestructuras. Los ajustes que ha propiciado el plan de austeridad aplicado por el Gobierno han permitido felizmente reconsiderar el severo recorte anunciado por el Gobierno a mediados del pasado mes de julio, cifrado en 6.400 millones de euros. 

El acierto en la planificación económica es, al menos, la explicación oficial de esta marcha atrás, aunque también han de existir otras motivaciones menos confesables. Por ejemplo, todas las derivadas del arduo proceso de negociación parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2011: nada mejor que las obras públicas para encontrar el apoyo, traducido en votos o en abstenciones, de las formaciones nacionalistas. 

Sea como fuere, hay que congratularse por la enmienda del Ejecutivo. Las obras públicas constituyen, como es sabido, una de las pocas acciones de la Administración que sí tienen impacto directo y real en la creación de puestos de trabajo y en la mejora de las condiciones para generar dinamismo económico y riqueza. Y como es lógico, en tiempos de crisis y de necesidad urgente de reactivación de la economía, invertir en proyectos de envergadura como carreteras, aeropuertos o vías férreas es, sencillamente, imprescindible. 

Falta ahora que el reparto de la inversión rescatada sea lo más justo y equilibrado por el territorio nacional. Y en la parte que nos toca, ojalá que tanto el Plan de Cercanías o la ampliación del tercer carril de la A-2 sean contemplados de algún modo en este renovado plan de infraestructuras. Por lo demás, y a modo de reflexión general, cabe esperar también que esta rectificación dé pie a otras en relación a la gestión gubernamental de la crisis económica. Igual que no se ha de renunciar a las infraestructuras, tampoco deben descartarse otras actuaciones igual de necesarias, como aligerar el gasto público o reformar a fondo la Administración.

La participación española en la misión internacional de Afganistán volvió a teñirse ayer de sangre con el asesinato de dos guardias civiles que se dedicaban a instruir a los futuros policías afganos. Habíamos perdido a compatriotas en accidentes, emboscadas y atentados directos, pero lo sucedido en la base española de Qala-i-Naw supone una macabra vuelta de tuerca: el terrorista que mató a tiros a los dos guardias era el chófer y hombre de confianza de uno de ellos; y cuando fue abatido por los demás agentes, la población se concentró a las puertas del recinto y la emprendió a pedradas con nuestras tropas. 

Hace ya tiempo que dejó de valer la cantinela de que el Ejército y las Fuerzas de Seguridad españolas están en Afganistán como parte de una misión de paz. Y lo ocurrido ayer con dos de nuestros compatriotas ilustra a la perfección cuán dolorosa e inútil está siendo nuestra presencia allí. Convendría, por consiguiente, que el Gobierno comenzará a hablar sin rodeos ni camuflajes sobre las razones reales por las que deben seguir nuestros efectivos militares en un territorio tan hostil. Es evidente que los afganos no tienen ningún interés por la democracia, por la reconstrucción o por los hábitos de convivencia que ofrecen los occidentales. Y no se libra una guerra sin cuartel contra un enemigo tan tenaz y brutal si no se espera una recompensa más allá del brillo de la libertad y el humanismo.

En una decisión histórica, el parlamento de Cataluña dio luz verde ayer la abolición de las corridas de toros en su territorio autonómico. La controversia que ha generado esta decisión ha excedido el ámbito concreto de la afición y la ‘industria’ taurina y ha pasado a formar parte de la munición de la batalla partidista. La existencia de intereses que exceden el puro interés por la protección animal han provocado la desviación de un debate que, como todo en democracia, es legítimo.  Si lo suscita y espera una parte de los ciudadanos, lo respalda una porción de sus representantes y se encauza a través de las instituciones legitimadas para hacerlo, no hay nada que reprochar al proceso abierto en el parlamento catalán. 

Esas mismas reglas de juego son las que permiten defender argumentos en contra y cuestionar el propósito de la movilización antitaurina en la cámara catalana. Porque es evidente que los toros son un pretexto para ciertos partidos políticos que, en realidad, los rechazan por su identificación con una Nación, la española, de la que no se sienten parte. Esto también es respetable, pero no más que lamentar la sistemática persecución de todo lo que huele a España por una minoría sectaria que transforma en símbolos de separación lo que no son más que tradiciones compartidas o toleradas por casi todos. 

De ahí que deban llevar más cuidado los colectivos que sólo quieren prohibir los festejos: tal vez ése sea su único objetivo, pero han de ser conscientes de que se se les ha utilizado para una causa que no es la suya. Y aunque los partidos nacionalistas lo nieguen, con una hipocresía sonrojante, los hechos y los discursos certifican que han manipulado el tema para convertirlo en otro factor de división. 

Por otra parte, siempre es razonable plantearse  el encaje y la idoneidad en una sociedad moderna de las tradiciones más antiguos, pero desde el respeto, la responsabilidad y el sentido común con el que se suelen tratar estos asuntos en todos los países que se consideran serios. Presentado de ese modo el debate, sólo cabe una postura: como la Fiesta Nacional no es un aquelarre o una carnicería animalicida, hay que defenderla como una manifestación cultural legítima que no todos pueden apreciar pero sí es merecedora del respeto general. Y a ello cabe añadir, asimismo, que la fiesta genera unos ingresos y sostiene a un sector económico que en ningún modo hay que despreciar.  En esta tesitura, y cómo sentenció precisamente el president Montilla tras la votación, este tipo de expresiones sólo pueden extinguirse de una sola manera: cuando nadie las quiera.

Resulta prácticamente imposible que el PSOE recupere algún día el control de la Comunidad de Madrid si ni siquiera está claro para el propio partido que su líder autonómico, al que impulsó y a quien aún no puede reprochársele ninguna derrota en las urnas, merece serlo. ¿Cómo van a confiar los ciudadanos en una persona que, para sus jefes, no merece estar donde paradójicamente les pusieron ellos?

La situación de Tomás Gómez es, a efectos electorales, insostenible: no ha sido proclamado candidato nunca, aunque se ha presentado como tal a todas horas, y en sí mismo eso es suficiente para echarle a los pies de los caballos. Porque si al final se mide con Esperanza Aguirre, casi todo el mundo entenderá que lo hace a regañadientes de la cúpula nacional de su partido, en la idea de que, puestos a perder, para qué andarse con follones antes de tiempo: una vez consumada la nueva victoria del PP, como pronostican todos los sondeos conocidos menos los secretos del propio Gómez, ya habría tiempo de proceder al relevo.

Una parte de las penalidades del ex alcalde de Parla han sido fruto de sus errores, empezando por su génesis como relevo de Simancas: si él llegó por decisión personal de Zapatero, aunque luego fuera refrendado en un Congreso con más miedo a la represalia que entusiasmo hacia el ungido, ¿no debería entender mejor que nadie que ahora prefiriera a otro?

Que el secretario general del PSM sólo se haya enfrentado a Ferraz para defender su futuro, en lugar de como hacen sus colegas del PSC para defender su idea de Cataluña por encima de todo, también le deja en mal lugar: ha tenido mil oportunidades de demostrar cuáles eran sus prioridades –la cacareada pero objetiva asfixia de Madrid; la innombrable actitud de Magdalena Álvarez; la galopante falta de inversiones y el agravio sostenido hacia una región por el color de su Gobierno– y siempre ha optado por su partido. Hasta ahora. Lo único que le ha hecho saltar es la posibilidad de que pongan a otro en su lugar.

Pero el remedio es peor que la enfermedad. Errores aparte, es impresentable que Zapatero o quien sea vuelva a tratar el PSM como su cortijo y decida, tras una miríada de experiencias funestas, poner a quien su olfato le diga y no a quien los militantes decidan. Gómez se ha ganado la candidatura, en fin: sea para ganar, que no parece probable, o para saldar la factura personalmente, garantizando al menos que el PSM pueda decidir su futuro al día siguiente sin imposiciones ni caprichos.

El Debate sobre el Estado de la Nación concluyó ayer sin que se despejaran las grandes dudas y los negros nubarrones que atenazan el horizonte político y económico de nuestro país. Ni la corriente eufórica de sintonía y unidad nacional que había provocado la conquista del Mundial de fútbol por la selección, ha modificado la línea que se veía venir: el Gobierno sigue apelando al consenso y a las reformas, pero en realidad sólo desea adhesiones inquebrantables; la oposición del PP cumple el expediente reclamando elecciones anticipadas sin desvelar ninguna alternativa concreta; y los partidos nacionalistas se limitan a esperar, sabiendo que el delicado equilibrio del Ejecutivo les da siempre ventaja en las negociaciones y pactos.

En esta tesitura, sólo las consecuencias que el deterioro económico y laboral provoquen en la vida ciudadana pueden contribuir a variar el monolítico panorama político que ha revelado el desalentador debate de los dos últimos días. Alcanzar una situación límite, en definitiva, es la única esperanza de que los partidos y los representantes públicos abandonen sus posturas sectarias e interesadas. Pero eso no es ningún consuelo. La política es un medio para buscar soluciones y transformar la sociedad. Y no un fin gremial. Cuidado con abusar de esa aberración. Los resultados pueden ser impredecibles.

La huelga salvaje en el Metro, cuya red está cerrada a la fuerza para evitar concentraciones infructuosas, constituye una agresión intolerable al ciudadano que no se puede justificar por razón alguna. Aun en el caso de que los trabajadores tuvieran razón, lo que es tan defendible como discutible, la magnitud del estropicio causado a decenas de miles de personas es superior a los efectos de la reducción salarial para un colectivo que depende de la misma Administración que se ha impuesto a sí misma esa merma de los emolumentos. 

Pero es que además de ilegítimo, es ilegal boicotear los servicios mínimos y paralizar un servicio clave que sufragamos todos y utilizan, especialmente, los trabajadores. En un país con tanto paro, ¿cómo se pretende justificar que una medida dolorosa pero no letal merece dejar en puerto a tantas personas que pelean  por mantener su puesto o encontrar uno con el que llegar a final de mes?

La desproporción entre los daños a unos y otros es tan sideral como premonitoria de la respuesta en cadena que va a sufrirse en la Administración en fechas venideras. No es obviando el contexto y despreciando a quienes más lo sufren como se legitima una causa: con estos chantajes sólo le logra el efecto contrario:  ahuyentar todo vestigio de comprensión popular y aislar más aún a quienes convocan y a quienes siguen estos sinsentidos merecedores de una respuesta institucional y legal a la altura del desafío.

La huelga es un derecho constitucional que, no obstante, carece de una ley que la desarrolle y explicite pero que, en todo caso, nunca puede anular por completo servicios públicos esenciales: el transporte lo es, y no hay ninguna razón lo suficientemente poderosa como para dejarlo suspendido y con dos millones de usuarios colgados.

Más allá de esta lectura, queda la sensación de que a una lado y al otro de la Administración no se enteran nada bien de quién está pagando de verdad la crisis: quienes sirven en ella obvian el contexto general de los ciudadanos normales; y quienes las gobiernan son incapaces de aplicarse el cuento a sí mismas y ahora padecen las ínfulas de a quienes hasta ayer se lo consentían casi todo para sostener su propio estatus.
Pero fuera de ese magma de instituciones onerosas y clientelares que convenian con dinero público casi todo con los sindicatos; hay una amplísima sociedad que asiste entre abochornada e indignada al espectáculo de pirotecnia con pólvora ajena: a nadie debería de extrañarle que, cualquier día de éstos, se convoque y triunfe una huelga de funcionarios contra los abusos y las inepcias de quienes tienen que servirles.

La última memoria de la Fiscalía de Madrid recoge una buena noticia para Alcalá: las infracciones penales, esto es, los delitos y faltas, bajaron un 7,3% el año pasado, la reducción más alta en la Comunidad de Madrid tras la capital. Afirmar, a partir de este descenso, de que la ciudad es más segura puede resultar exagerado. Pero se trata de un dato objetivo y como tal hay que valorarlo. 

Detrás de este descenso ha de estar el incremento de las plantillas policiales y el efecto disuasor que ello conlleva entre los delincuente. Es el único motivo que se ha acertado a dar desde  la Fiscalía, aunque es el único motivo razonable que lo justificaría. Siempre se ha reclamado una mayor presencia de Fuerzas de Seguridad en ciudades de la red metropolitana como Alcalá, que se convierten en terreno abonado para el delito cuando aumenta la presión policial en la capital. Y, como se ve en la memoria fiscal, da resultado.
Estas cifras desmienten, por otro lado, los juicios precipitados que suelen relacionar crisis económica e inmigración, como primera víctima de ella, con el repunte de la criminalidad.  En un contexto de aumento del paro y de recesión económica en general, no se ha producido el apocalíptico escenario que algunos dibujaban. La crisis, en fin, también afecta al delito. Pero las autoridades responsables de nuestra seguridad no deben dormirse en los laureles. Nunca hay que bajar la guardia.

El país que encarna buena parte de las instituciones de la Unión Euripea aparece como ejemplo de desunión. Un partido que quiere escindir a Bélgica en dos partes declaró ayer domingo su victoria en las elecciones parlamentarias. El problema no es sólo territorial, porque el resultado  podría complicar y mucho los esfuerzos para formar una coalición que podría encargarse de las reformas del estado y un estricto control presupuestario. Todo esto ahora se pone en franquicia por aspiraciones maximalistas que no tienen cabida en una sociedad tan plural. 

Bélgica como país no puede darse el lujo de retrasar las negociaciones de coalición porque tiene una abultada deuda y cualquier parálisis política podría dejarlo vulnerable en los mercados financieros. Sería lamentable que mientras vigilan atentamente por una crisis de deuda soberana entre los 16 países que usan el euro, precisamente el alumno aventajado fuese a septiembre por estar distaído en un momento tan crítico. Este terremoto político puede ser resultado de la crisis de identidad belga, pero al mismo tiempo puede ser causa de una crisis social.

Los primeros responsables son los partidos tradicionales. Se esperaba que los socialistas,  ganasen al menos 6 asientos para sumar 26 escaños. El patinazo es un toque de atención a toda la clase política moderada.

Primero los impuestos, después las bajadas de sueldo y las congelaciones. Ahora el mercado laboral se anuncia como más flexible, más orientado a la creación de empleo y menos a ayuda al desempleado. Al mismo tiempo, la Comunidad extiende el recorte a todas las empresas públicas en lo que es una inequívoca señal a otras instituciones que son soberanas en sus cuentas: los ayuntamientos y las universidades. Si el esfuerzo va por barrios, de poco habrá servido que algunos se aprieten el cinturón. 

Probablemente muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos y las universidades son cruciales para la sociedad, pero deben fijarse más en ella si no quieren pasar a ser secundarios. Y deben además encontrar una manera más barata de atenderlos si quieren mantener esa aportación suya en la agenda: con privilegios privados a costa del dinero público, con convenios que parecen de otro país cuando se comparan con los de los demás y con plantillas que no están aprovechadas pero no dejan de crecer no se puede adaptar al país al nuevo modelo productivo. El Estado no ha de ser una losa para el contribuyente y el usuario, sino el resultado de un esfuerzo común para atender frentes en los cuales la empresa privada, pese a toda su innovación y competitividad, no da siempre la talla. Que no la dé el sector público  sólo hará las cosas más difíciles.

Es muy difícil de cuestionar la lógica de una huelga como la que hoy se vivirá en la función pública española cuando viene precedida por un incumplimiento unilateral de los acuerdos firmados y comporta, nada menos, una reducción salarial sin duda dolorosa. E injusta, pues no distingue ni responsabilidades ni estatus, metiendo en el mismo saco al funcionario del Ayuntamiento que quizá pueda compensar la merma con otros beneficios y al sanitario de la Paz que trabaja en incansables turnos de noche en Urgencias.

Sin embargo, y pese a su coherencia,  la aplastante cadena de desperfectos que se vive en toda Europa, y especialmente en España, supera con creces el daño infligido en el gremio y, al menos moralmente, lo desautoriza de algún modo al introducirlo en el contexto vigente: se puede y se debe protestar contra un Gobierno que mantuvo una ficción y maquilló la realidad para agrandar una herida que ahora sufrimos todos; pero resulta imposible defender la anulación de una medida inevitable.

En otras palabras; los funcionarios tienen razón, pero el país carece de recursos para convertirla en dinero. Y esta triste certeza sirve para explicar todo lo que está pasando y pasará en los próximos meses: no estamos ante un debate sobre lo que es justo o deja de serlo; sino ante otro sobre lo que es posible o no.

Lo justo sería que todo el mundo tuviera un trabajo decente; que no cerraran miles de empresas competentes pero lastradas por los impagos y la falta de crédito; que se mantuvieran las inversiones públicas en infraestructuras clave para favorecer de verdad un nuevo modelo productivo o que el flujo económico robusteciera y asegurara los pilares del Estado de Bienestar.

Pero simplemente no hay dinero para todo ello: la verdad es así de cruda, y cuanto antes se asuma más sencillo será pedirle a los gobernantes que hagan su trabajo y repartan equitativamente el sacrificio. Más que distribuir la riqueza; ahora toca gestionar solidariamente el esfuerzo.

Sobre esto sí cabe pedirle cuentas al Gobierno, y también a la oposición. Porque es intolerable que se pidan sacrificios a empleados públicos, trabajadores a cuenta, pensionistas o pymes y que, en el ámbito institucional, no se haya ejecutado ya un profundo recorte de un modelo ineficaz y derrochador. Alemania  y el Reino Unido ya lo han hecho: a España no le queda otra, pues no le puede pedir más de nuevo a los mismos, ya extenuados y al límite de sus escasas fuerzas.

De no ser por la gravedad del momento, movería casi a la hilaridad constatar cómo se está gestionando la crisis económica por parte de Gobierno, oposición y agentes sociales. El último ejemplo es sonrojante: se dieron un plazo límite para consensuar una reforma laboral, que expiraba ayer, y como no alcanzaron ningún acuerdo, lo renovaron por un mes más. Y no hay que descartar que, finalizado ese periodo, se amplíe nuevamente o, en su defecto, se apruebe algo que no sirva de mucho pero permita a sus promotores hacerse una foto y decir que han obrado con responsabilidad.

Un país con un 20% de parados no tiene futuro, sin más. Socialmente lamina a generaciones enteras, y económicamente conduce a la ruina del Estado de Bienestar por la insoportable carga financiera de los subsidios. Pero ni estas evidencias ni la bochornosa comparativa con el resto de Europa, a quienes doblamos en tasa de desempleo, son suficientes ni para que unos y otros dejen de especular ni para que el Gobierno haga su trabajo: la concertación entre sindicatos y patronal es recomendable, pero en ningún caso sustitutiva de las obligaciones y derechos que en este campo tiene el poder Ejecutivo.
El aplazamiento de la reforma, que debe atender tanto a la modernización del sistema de contratos cuanto a la modificación del modelo de negociación colectiva sin afectar a los derechos y a las expectativas de los trabajadores y de quienes les emplean –¿acaso hay algo peor que lo que ahora se sufre?–, coincide con el desplome del índice de confianza económica en toda Europa; con la caída acumulada del Ibex 35; con el presagio de un crecimiento del paro hasta al menos 2013 y con una catarata de temores que aún hace más inaceptable la prórroga: darse tiempo, en este caso, equivale a perderlo y dilapidar credibilidad ante los socios europeos, las instituciones internacionales, los mercados y, en general, la opinión pública.

El gran problema que subyace detrás es la formidable dificultad que tiene reclamar ahora apoyo a lo que hasta ayer se estigmatizó. El mismo Gobierno que estudia suprimir ayuntamientos, congelar pensiones, reestructurar el mercado laboral o bajar el sueldo a los funcionarios atacaba hace nada a todo aquel que sugiriera medidas de este tenor. Y alimentaba en la opinión pública la falsa sensación de que, con buena voluntad y unos principios determinados, nada había que cambiar ni tocar. Por eso ahora la herida es mayor y por eso ahora la comprensión de la gente es tan tenue. En ese contexto, lo mejor que puede hacer el Gobierno es proceder con diligencia sin pensar, por una vez, en cálculos electorales.

Eurovisión es un apaño y un fraude rodeado de boato caro que, año tras año, confirma su degradación: cuando algo técnicamente incierto resulta previsible, la sospecha se convierte en certeza y se alcanza una única conclusión versosímil.

Hay tongo: no gana el mejor, sino el que más interesa a la organización por razones económicas o, en el mejor de los casos, por mera amistad geográfica. Si a estos inconvenientes se le añaden otros intolerables, lo extraño es que el representante español, en este caso nuestro vecino Daniel Diges, no quede el último. Y eso fue lo que sucedió: el boicot de un clown profesional, que ha hecho de un comportamiento vandálico impune una forma de vida, añade una gota final de bochorno a los promotores de Eurovisión, que además de promover un festival cuyo resultado se conoce antes incluso de celebrarse, son incapaces de garantizar el desarrollo normal de la función.

Dani Diges desarrolló una actuación soberbia de una canción espléndida en unas circunstancias muy adversas, lo que en teoría merecía la victoria, pero no pudo pasar de un meritorio décimoquinto puesto que sabe a medalla de oro. El artista fue un héroe, y sus vecinos debemos reconocerlo y premiarlo como merece. Pero el país al que representa no puede cruzarse de pies y brazos ante la tropelía, que excede del ámbito folclórico o lúdico: allá donde se represente a España, defender que se haga en igualdad de condiciones es una obligación. Urge protesta formal, pues, al más alto nivel posible.

La rectificación de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse, demorando hasta enero de 2011 el corte del crédito, no ha supuesto un alivio total. Todos los Ayuntamientos de país van a ver seriamente alterados sus planes de inversiones para el futuro más cercano, incluyendo la campaña electoral de dentro de un año. Y los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes, pues buena parte de las obras públicas y de los servicios que se prestan cotidianamente son de iniciativa municipal.

Es evidente, por tanto, que el Ejecutivo ha vuelto a marrar en sus decisiones ‘anti déficit’: ha comenzado los recortes más severos por los pueblos y ciudades, el contexto más sencillo y directo sobre el que actuar. Ni siquiera vale como contrapeso el Plan E de inversiones, que a estas alturas se ha revelado como un brindis al derroche y a la inutilidad: carecemos de buenas carreteras, conexiones de alta velocidad ferroviaria u hospitales con las especialidades más avanzadas; pero a cambio tenemos farolas de diseño o pistas de pádel en la aldea más perdida de nuestra geografía. En definitiva, ni hemos obtenido infraestructuras productivas ni se ha reactivado el empleo con ofertas de trabajo estructurales; y de postre, ahora, se machaca a los ayuntamientos con un tijeretazo al crédito. 

Hay que recordar, además, que a este estacazo coyuntural para tratar de taponar la sangría del déficit, se unen otros quebrantos crónicos: la financiación siempre insuficiente, como consecuencia de una mayor atención presupuestaria a las Comunidades Autónomas a costa de las ciudades, dentro la injusta politización de las cuentas públicas; y la caída en picado de las fuentes de prosperidad tradicionales en los municipios, como la venta del suelo. Si a todo esto se añade el detalle de que  en la actualidad los ayuntamientos afrontan y sufragan competencias que no son suyas, las perspectivas no pueden ser más oscuras y deprimentes para las ciudades.

Pero las autoridades locales no pueden permitirse el desaliento ni enrocarse en la queja. También tienen responsabilidades públicas y también pueden encontrar una oportunidad en esta situación tan delicada. Toca remangarse y empezar por adelgazar el gasto, recortándolo directamente en determinadas partidas o renegociando el coste de las contratas y de las plantillas. Se puede seguir, asimismo, por la renuncia a costear todas las competencias que le son impropias. Y se ha de buscar la fórmula para atender los pagos con los proveedores, aunque sea con limitaciones. Maltratar a estos últimos sería perpetuar el error de hacer pagar a los más débiles.

Tal y como se preveía, el Gobierno acometerá una nueva subida fiscal. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encargó de anunciar ayer el incremento de los impuestos, aclarando que afectará sólo “a los que más tienen”. Paralelamente, el ministro de Fomento, José Blanco, confirmó lo que también se veía venir: habrá severos recortes en inversiones para obras públicas y se buscará el mayor equilibrio posible en el ‘tijeretazo’ para que ninguna Comunidad Autónoma se vea agraviada. 

En suma, el Ejecutivo sigue abonado a la estrategia de recortar el gasto público e incrementar la recaudación para estar a la altura de lo que exigen los socios europeos y la credibilidad en los mercados internacionales. La delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país propicia que estas medidas sean tan inevitables como necesarias. Y también provoca que el Gobierno, con el presidente Zapatero a la cabeza, se vea obligado a tomar decisiones incompatibles ya con cualquier distracción partidista o cálculo electoral: es una cuestión de supervivencia económica del Estado. 

De este modo, en una semana, el Ejecutivo ha arruinado el escaso crédito que aún poseía maniobrando al dictado de los acontecimientos y sin añadir ninguna actuación de calado en su propio seno, que convenientemente difundida habría servido además para frenar la impopularidad. Porque la única crítica fundada y sincera que se le puede hacer al Gobierno de Zapatero es que ha actuado en el orden equivocado. Recortar el sueldo de los funcionarios, congelar los salarios o subir los impuestos supone descargar toda la responsabilidad del sacrificio en la ciudadanía de principio, cuando debería ser el último estadio en un proceso que, por responsabilidad y por dar ejemplo, tendría que haber arrancado en el propio Gobierno. Reducir ministerios, desmantelar empresas públicas y fundaciones o reducir al mínimo la presencia estatal en la televisión pública, hubiera sido un buen comienzo. Y junto a ello, convocar un debate urgente y en firme para reformar el mercado laboral, la negociación colectiva, el dispendio en la Administración –local, autonómica y nacional–,  el caciquismo de las cajas de ahorros o la improductividad de la economía.

Con una intervención así, nadie habría dudado del Gobierno ni de su voluntad de ponerse el primero a la hora de afrontar los sacrificios. Pero además se lanzaría el mensaje optimista de que se aprovecha la crisis como una oportunidad para realizar cambios estructurales que garanticen una recuperación duradera. Aún se está a tiempo de tomar ese rumbo. El Consejo de Ministros de hoy es una magnífica ocasión para ello.

La burla de la que fue objeto un mendigo por parte  del comentarista deportivo Manolo Lama durante una crónica desde las calles de Hamburgo, horas antes de la final disputada por el Atlético de Madrid, generó una oleada de protesta de organizaciones humanitarias, de la que tomó nota la secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y ayer se supo que se va a abrir expediente a la cadena Cuatro por esta emisión, como una supuesta violación de la nueva Ley General Audiovisual.

Asombra la contundencia de la Administración en este caso, que sin duda merece una severa respuesta: el propio Lama reconoció que, lo que intentó ser un gesto solidario, terminó convirtiéndose una humillación para el indigente, y por ello pidió disculpas. La sanción, en consecuencia, estaría justificada. Pero también estarían más que justificadas ante un sinfín de emisiones diarias en casi cualquier cadena generalista. Violaciones de la programación infantil, contenidos ofensivos para determinados colectivos sociales, exceso de violencia en las parrillas o publicidad lacerante y engañosa están a la orden del día. Y aunque no estén tipificados al detalle en la Ley Audiovisual, son, como mínimo, tan escandalosas como la vileza en la que cayó el, por otra parte, gran profesional que es Manolo Lama. A ver si hay el mismo valor para actuar contra ellas.

El Consejo General del Poder Judicial tomó ayer la decisión que se veía venir desde hacía algunos días: por unanimidad determinó suspender al juez Baltasar Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por la presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones de personas durante el  franquismo. Se consumó así el colmo del ‘martirio’ del ya ex magistrado de la Audiencia Nacional, en torno al cual se ha generado una ruidosa corriente de solidaridad tan bienintencionada en muchos casos como interesada y manipuladora en otros tantos.

Los desvaríos se han ido encadenando en esta historia, hasta ir formando una bola de frustración y de desprestigio verdaderamente intolerable. Porque aquí se están beneficiando unos pocos a cuenta de un escándalo que no es tal, pero que sí resulta de lo más dañino para el crédito de la Justicia y para la confianza de la sociedad española.

Si hay un error incuestionable en el comportamiento del juez Garzón es su vanidad desmedida. Pero la respuesta, ante eso, no podía ser la persecución desde una acusación torpe y desproporcionada, como ha ocurrido con la réplica de la cúpula del Poder Judicial. Con ello, sólo se ha conseguido incrementar el envanecimiento rayano en la divinidad del juez; así como dar más argumentos de lucha a la resistencia ‘antifranquista’ que ha hallado una mina en este caso, agitando un patio público que precisa de otras reivindicaciones judiciales, políticas y sociales impulsadas con el mismo ardor, como mínimo.

Pero todo este jaleo también ha ofrecido una oportunísima cortina de humo al Gobierno, consumido por la impopularidad de las medidas anticrisis a la desesperada que ha tomado esta semana; e incluso a la oposición, cercada por las sombras de la corrupción que también se está ventilando en los juzgados.

La otra cara de la garzonada y los disparates que le acompañan es un país angustiado por un negro horizonte económico, que además ha sido forzado artificialmente a volver a mirar al pasado y a tomar partido entre dos bandos cuando ya sólo hay uno. Y sobre todo hay un buen número de ciudadanos que, simplemente, tienen derecho a saber dónde están los restos de sus seres queridos desaparecidos hace décadas, sin necesidad de que nadie monte un jaleo infame a su alrededor.

Si nada lo remedia, el próximo 2 de junio viviremos una huelga general parcial de los sindicatos a la que están convocados, en principio exclusivamente, los funcionarios públicos. Sin dudar del evidente disgusto de estos trabajadores, a los que se reduce el salario de manera unilateral con una decisión a todas luces dolorosa, es difícil de explicar que los mismos sindicatos que no han salido la calle con 4,5 millones de parados lo hagan para protestar por el mal menor causado a unos empleados estables: por mucho que intenten diluir la convocatoria en la defensa de otros sectores afectados por los recortes, todo el mundo va a entender que sólo han sido capaces de movilizarse por un  gremio fuertemente vinculado a los intereses de los propios sindicatos, tan respetables como escasamente acordes con el papel de agente social para todos que dicen representar: es muy válida esa función, pero sería bueno tomar nota para que en adelante se les deje de tratar como una voz autorizada para discutir de intereses generales y problemas colectivos. Cuando los sindicatos dicen estar preocupados por el futuro de la sanidad o la educación públicas, en realidad sólo utilizan tan loables inquietudes para gestionar expectativas sectoriales.

En todo caso, no es momento de huelgas generales parciales o totales que no van a arreglar nada y van a cargar de tensión a un país en una situación muy delicada al que, de entrada, no le queda más remedio que exigir más sacrificio a quienes tienen unos ingresos fijos: los empleados públicos y los pensionistas van a seguir el mismo camino, sin más, que el resto de los trabajadores cotizantes para que la población activa contribuya más al sostenimiento de la pasiva.

Sí sería bueno protestar, o coadyuvar, a que este tipo de decisiones impopulares pero inevitables se concreten con otras de carácter estructural: no tiene sentido bajar el salario a los funcionarios mientras la Administración sostiene un aparato político carísimo e inútil a la mayor gloria del partido gobernante de turno.  La única manera de entender el sacrificio particular es incluyéndole en una reforma global que reparta el esfuerzo y mejore entre todos el duro panorama: en el mismo país que no va a poder atender a dependientes impedidos y sin recursos no puede haber funcionarios en huelga por perder 60 euros al mes o unas gafas pagadas por el Ayuntamiento de turno.

 Pero tampoco puede haber una Administración ocupada por asesores con carné que hace política autonómica con dinero público; sostiene una red clientelar en universidades, regiones o municipios;  desatiende la evidente inepcia del mercado laboral; malgasta los recursos y estrangula a la población activa y a la inmensa mayoría de las empresas para mantener un modelo infumable. Una huelga para cambiar esto sería inadecuada pero decente; otra para seguir beneficiándose de ello es, sin más, impresentable.

A nadie le agrada un recorte, como a ningún enfermo le gusta sufrir una enfermedad: no es, pues, una cuestión de gustos ni de creencias, sino de necesidades inaplazables. No tratarse puede ser más cómodo de entrada, pues con ello se rechaza un diagnóstico severo y se esquiva la propia responsabilidad, pero a la larga sólo vale para agudizar la dolencia y dificultar la cura.

Distraer es precisamente lo que ha hecho el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en los últimos meses: en lugar de comportarse como un médico sensato que le dice a su paciente lo que tiene y lo que él puede hacer para devolverle la salud, se ha limitado a esperar una mejoría providencial, a criminalizar a todo aquel que osara sugerir las gravísimas consecuencias de su inacción y a vender a los ciudadanos la fantasía de que las reformas no eran necesarias y sólo podrían obedecer a la voracidad y falta de escrúpulos de partidos políticos sin alma, medios de comunicación derrotistas o malvados especuladores de lo ajeno.

De todo esto ha habido y habrá, pero la magnitud de la herida no era un invento ni una exageración que pudiera derrotarse apelando única y exclusivamente a la suerte propia: la combinación de paro, deuda y déficit, sin parangón en una Europa que también está inmersa en la crisis económica pero la capea mejor, atestigua hasta qué punto el presidente ha fallado con estrépito y hasta qué extremo ha antepuesto sus cálculos electorales a sus más elementales responsabilidades institucionales.

La dureza del diagnóstico probablemente merezca una severa sanción en las urnas, aunque no mucho más estimulante sea la postura de su ventajista rival en la oposición, pero no esconde lo acertado de las medidas presentadas en la mañana de ayer, por antipáticas que puedan resultar. Como no hay elección, y o bien se recorta drásticamente el gasto público o bien se condena al país a la insolvencia internacional y financiera, es necesario hacerlo en las partidas que están al alcance de la mano: los inventos electorales como el cheque-bebé; las pensiones públicas y el salario de los funcionarios.

Nada es justo, sin duda, pero todo es inevitable. Tanto como otras reformas que el presidente continúa teniendo pendientes y que ayer tampoco fue capaz de anunciar: hacen falta cambios, no sólo recortes, para colocar al país en una senda de recuperación cierta y segura. El mercado laboral, la negociación colectiva, el dispendio en la Administración –local, autonómica y nacional–,  el caciquismo de las cajas de ahorros o la improductividad de la economía española deben ser analizados sin dogmas y abordados con energía. Negarlo, ya lo hemos constatado, sólo sirve para aumentar los desperfectos.

La sociedad española ha asistido en las últimas horas a dos pésimas noticias políticas: la ausencia de un compromiso firme entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición para cooperar en la salida de la crisis económica; y la ruptura del diálogo para alcanzar, de una vez por todas, un gran Pacto por la Educación. Que la ciudadanía esté acostumbrada a esta clase de desencuentros, no resta un ápice de desencanto y enojo ante una demostración tan sistemática de falta de consenso y de interés en lograrlo. Sobre todo porque el país lo necesita; y nuestro sistema democrático también.

Es desesperante presenciar cómo las diferencias entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en torno a como afrontar la crisis económica no se han recortado ni un centímetro en los últimos meses. Ambas partes continúan enrocadas en sus posturas y achacan al contrario la imposibilidad de alcanzar el tan traído y llevado acuerdo:  el Gobierno reprocha al PP que sólo desea rentabilizar la delicada situación de la economía como arma arrojadiza y preelectoral; y el PP acusa al gabinete de Zapatero de buscar el ‘trágala’ más que el consenso. A estas alturas de fuego cruzado, y además de hastío y cansancio, este diálogo de besugos es un insulto al ciudadano. Porque el estado de nuestro armazón económico, de nuestro mercado laboral y de nuestro programa de protección social atraviesa por un momento tan delicado y exige actuaciones tan estructurales; que debería impulsar de manera espontánea al Gobierno y al PP a olvidar los partidismos y fijar una actuación coordinada.

Exactamente la misma actitud tendría que presidir la búsqueda de los puntos de encuentro imprescindibles para blindar una política educativa única. Porque en la educación están muchos de los fundamentos del progreso social y económico del país y porque es la materia que menos debería politizarse: ofrecer la enseñanza más completa, atender de la manera más adecuada la diversidad del alumnado, combatir el fracaso escolar,  desarrollar los mejores itinerarios en la Secundaria y modernizar y adaptar a la realidad la Universidad; son objetivos que no tendrían que encontrar  escollos insalvables. Salvo, claro está, si están inspirados en el sectarismo y en el cálculo electoral.

La responsabilidad pública de los partidos y la madurez de una democracia se miden en situaciones así. Necesitamos una movilización política sin cismas. Y los partidos están condenados a conseguirlo.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue  ayer de lo más claro y contundente ante las quejas y reivindicaciones de los siete alcaldes del sur:  el Gobierno regional ha invertido un 40 por ciento de los recursos en esa zona en los últimos seis años, lo que se ha materializado en una red de Metro propia,  cinco hospitales, decenas de centros de salud, escuelas infantiles, colegios e institutos. González añadió a esa implacable batería de datos un último argumento de peso: la población de la zona sur ha apoyado mayoritariamente en las urnas al PP en las elecciones regionales.

El discurso plañidero de los regidores sureños, por consiguiente, ya no cuela. De modo que hay que dirigir las miradas hacia el propio Ejecutivo autonómico, reclamándole el mayor esfuerzo posible en reequilibrio de las comarcas de la región; y a los ayuntamientos de la zona Este, que tienen argumentos de sobra para sentirse como los auténticos damnificados.
Cuestiones como el enterramiento de las vías del tren, la mejora de las comunicaciones por carretera, la conexión con el aeropuerto de Barajas o la dinamización del tejido económico dan para vertebrar los intereses y las demandas comarcales. Y también para organizar no una marcha como la de los siete alcaldes de marras, sino una verdadera romería para recordarle a todos que el Este también existe.

No es exagerado hablar de una ‘guerra del agua’ que, desde hace demasiado tiempo, se induce desde La Mancha contra Alcalá. Son datos objetivos el intento de reducir la presencia de nuestra ciudad en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe; la sistemática demora de las infraestructuras aprobadas para mejorar el suministro; o la ya inocultable insistencia de la Junta por encargar a su empresa semipública la gestión de obras y servicios que, de algún modo, parecen apostar por una gestión global del Sorbe en el futuro. Esto no es, al menos desde Alcalá, una lucha territorial ni un pulso identitario, pero en Guadalajara sí se han manejado esos argumentos tan perversos para justificar una escalada de exclusión a todas luces desquiciada: Alcalá es la primera accionista, la primera consumidora y la primera financiadora del Sorbe, que simplemente no existiría sin su impulso, compromiso y capacidad. Y lo seguirá siendo, por mucha intentona capciosa de claros tintes económicos que se lance: estar en el Sorbe y decidir sobre él no es una graciosa concesión alcarreña, sino un derecho ganado con los años y las inversiones  al que no se va a renunciar.

Pero es lamentable que se manejen argumentos que en otros sitios, como Aragón y la propia Castilla-La Mancha, han suscitado auténticos terremotos políticos y disputas territoriales con Murcia o Valencia. ¿Es ése el esquema que se quiere implantar, buscando problemas que no había para imponer soluciones que no hacían ninguna falta? A los gritos de alarma del Ayuntamiento y del propio Sorbe, presidido por Alcalá, se le ha sumado la advertencia de la Comunidad y el aviso del Foro del Henares, en una sana alianza de sentido común que ojalá se ampliara a otros frentes.

Porque la misma estulticia que preside la ‘guerra del agua’ está detrás del dispendio económico y la amenaza social que constituye el campus de Guadalajara: hacerlo fragmenta una universidad débil,  duplica proyectos tan difíciles de cuajar como los parques tecnológicos y, finalmente, daña al entorno. Para Guadalajara es mucho mejor una gran Universidad en Alcalá que irradie actividad a toda la comarca que una mala universidad en dos ciudades. Y esto es tan cierto como que a Alcalá debe apostar por el Sorbe, sin prescindir de otras alternativas, aunque el agua físicamente esté en Guadalajara. Los americanos esgrimen con frecuencia un axioma válido para estos casos: “Si no está roto, no lo arregles”. La certeza de que no lo estaba, en ambos ejemplos, testimonia la intención real de cada uno y obliga a activar todas las defensas sin duda.

Las reglas de la convivencia cívica constituyen el único mandamiento sagrado en una sociedad democrática. Desde esa perspectiva, polémicas como la del velo en las escuelas o manifestaciones como la del líder de la comunidad musulmana alcalaína, deberían tener fácil respuesta: no hay espacio público ni privado en el que puedan predominar las normas ultrajantes sobre los derechos colectivos.

Si había alguna duda sobre el motivo que explica el uso del velo, asunto que está de actualidad con el caso de la muchacha de Pozuelo, no hay más que leer las explicaciones que el responsable de la Comunidad Árabe de Alcalá, Omar Hussein, ha realizado a este periódico. El velo, asegura, es una forma de proteger a la mujer de las miradas de los demás, según la tradición islámica; y prohibirlo, a su juicio, es “un crimen”. De acuerdo con la misma tradición, Hussein afirma que no puede estar en contra de la lapidación contra las adúlteras porque es “una ley de Dios”, si bien no existe un castigo igual para los adúlteros. Tales afirmaciones ilustran con toda claridad el nudo del conflicto que se ha planteado con el caso de Pozuelo: la libertad religiosa ampara a las personas en sus convicciones y en sus manifestaciones externas, por muy retrógradas y brutales que puedan parecer; pero en el  espacio público deben regir los principios democráticos y cívicos que defienden la dignidad de todos los individuos por igual.

Este fundamento debe prevalecer especialmente en el contexto escolar. El respeto a la diversidad es una de las claves de nuestro sistema educativo, con el fin de ofrecer la respuesta pedagógica más adecuada a las circunstancias específicas de cada alumno. Eso no debería incluir, sin embargo, el amparo a expresiones que impliquen algún tipo de singularidad que desvíe la atención sobre lo esencial en una escuela o en un instituto; a saber, el perfeccionamiento del niño y del adolescente como persona y como ciudadano.

Las autoridades tendrían que tener presente ese mandato y no delegar irresponsablemente en los consejos de los centros educativos la última palabra en asuntos como el planteado en Pozuelo. Porque además del trastorno puntual que provoca, con la joven Najwa como primera víctima en este caso concreto, se alienta una indefinición y una laxitud que poco tienen que ver con la tolerancia o el diálogo saludable entre culturas. Países poco sospechosos de violentar los derechos fundamentales como Francia han sido contundentes a la hora de separar la religión de la esfera pública.

Es cierto que en España no existe tanta tradición laica, pero no va a tener más remedio que desarrollarla. Y a toda velocidad. Volviendo al principio, las reglas democráticas son las únicas capaces de definir el espacio de convivencia conjunto y aseguran el encaje de los derechos individuales en los derechos y las obligaciones generales. Dejar que las normas religiosas tengan la misma categoría sólo es poner velos para ocultar desigualdades y abusos inadmisibles.

Ni en las más siniestras películas carcelarias de serie B es fácil encontrar un episodio tan repugnante como el que  al parecer ha tenido lugar en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá: un grupo de funcionarios desalmados abusando sexualmente de internas a cambio de favores.

La destitución de la cúpula del penal por Instituciones Penitenciarias viene a confirmar los peores presagios y da carta de naturaleza a los hechos: más allá de que no está claro si estos comportamientos merecen una sanción administrativa o también una denuncia penal, su mera existencia se antoja gravísima. ¿Qué ha podido fallar para que ocurra algo así? ¿Cuáles son los mecanismos de protección y vigilancia para que resulte tan sencillo cometer este tipo de tropelías? ¿Se puede caer tan bajo sin dejar huella, sin llamar la atención y, en definitiva, sin encontrar barreras inmediatas al primer intento de extorsión? ¿Cuántas veces, con cuántas presas y a cuántos funcionarios ha afectado?

Son preguntas que exigen respuestas. Y debe darlas Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias. Porque más allá de deleznables miserias de cuatro indeseables, queda la perplejidad por una decisión que sólo puede haber sido de la máxima autoridad penitenciaria de España: ¿Quién ha permitido si no la insólita mezcolanza sin barreras de hombres y mujeres entre muros?

Hace una década ya que Alcalá recibió el visto bueno público de don Juan Carlos I para constituir en la ciudad un Real Patronato: la palabra del Rey no es ley, pero suele anticiparla. Así lo entendió todo el mundo, y así parecía derivarse de la lógica histórica, el compromiso institucional y la coherencia política: si hubiera una lista de aspirantes ordenados de mayor a menor por razones de alternancia territorial, Alcalá estaría en el primer lugar al respaldo de la Comunidad de Madrid y el apoyo, lógicamente, del Ayuntamiento y de la Universidad, parecían dar por zanjado el asunto: primero se incorporaría el Gobierno Central al Consorcio Patrimonio de la Humanidad y luego se constituiría el Real Patronato. Y así, entre ambos, se concerniría a todas las Administraciones posibles en un gran plan plurianual que convertiría la protección y el desarrollo de Alcalá en una cuestión de Estado: cuando una ciudad explica una parte importante de la historia de un país, de una cultura y de un idioma; su preservación no puede dejarse exclusivamente en manos domésticas.

Diez años después, estamos igual. Ni la pasión de un senador como Juan Van Halen, cuya ardorosa defensa de Alcalá bien merecería un reconocimiento institucional de una ciudad con muy pocos paladines en la política nacional, ha logrado desbloquear los que parecía hecho. Produce bochorno la demora,  e indignación la falta de explicaciones: no sólo no se hace; sino que nadie es capaz de explicar las razones exactas por las que no se hace.Ni el ex rector, Virgilio Zapatero, a quien se presumía una relación estrecha con el Gobierno y la Casa Real, fue capaz de lograr precisiones: su carné del PSOE y su pasado de ministro le ha valido para llegar a la vicepresidencia de Cajamadrid; pero no al parecer para exigirse algo tan elemental como una respuesta a algo que a su propia institución le beneficiaba sobremanera. 

Ahora estamos igual: el Ministerio de Cultura mostró su disposición a sumarse al Consorcio, pero no hay fechas ni compromisos ni decisiones que conviertan la palabra del Rey en una decisión real. 

Y lo peor es que nadie parece darse cuenta: ni el Ayuntamiento lo pide, ni la Universidad se acuerda, ni la Comunidad de Madrid presiona. La paralización de los cuarteles, por una mezcla de desidia y cálculo de la UAH, simboliza la triste evidencia: más que avanzar, hemos retrocedido y no se vislumbra una solución inmediata.Volver a poner este asunto en la agenda es un primer paso, que bien podría completarse con una petición al senador más sensible, a su grupo o al del PSOE,  para que resuciten este debate en la Cámara Alta. Sabe a muy poco, resulta frustrante sin duda, pero menos es nada. Y nada, salvo que alguien guarde en secreto una gran sorpresa, es lo que ahora mismo tiene Alcalá en este frente tan crucial para su futuro.

Lo más penoso del escándalo que se ha producido a raíz de la chica obligada a quitarse el velo musulmán para acceder a un instituto de Pozuelo es la ambigüedad, cuando  no el silencio más sonoro, de la clase política y administrativa de nuestro país.

Se parte de la base de que no se ha definido con claridad, desde las instancias oficiales, la obligación de impedir la ostentación religiosa en los centros educativos públicos. Pero eso no debe ser impedimento para que, planteados casos como la de esta joven, se intervenga ejerciendo la autoridad que concede la legitimidad democrática. Dejar que casos como éste quede en manos de un grupo de padres y profesores, mientras la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Educación miran para otro lado, es la mejor forma de perpetuar el disparate.

También resulta vergonzoso, por otro lado, la tolerancia que exhiben aquellos sectores que hacen gala de su talante combativo contra todo lo que suponga discriminatorio para la mujer. Empezando por el Ministerio de Igualdad, de donde no ha salido el más mínimo comentario. Apelar al derecho ‘cultural’ a ostentar públicamente  prendas como el velo suena, como poco, a broma. En países sin mácula en su compromiso con la democracia y las libertades tenemos buenos ejemplos de cómo se vence la cobardía y se ejerce la responsabilidad en pos de la convivencia.

Los alcaldes del sur, todos socialistas, han decidido que necesitan un plan especial para fomentar el empleo. No parecen tener serias pegas con la gestión económica del presidente Zapatero, que está superando los records de paro, sino que creen que es la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, la que tiene que mover ficha.

Resulta un poco obsceno comparar lo que se ha puesto en marcha en una década en el sur de la comunidad de Madrid y lo poco que se ha movido la zona del Corredor del Henares. Sólo ahora se ha notado un cierto nivel de inversión por parte de la Comunidad, que no se puede tachar de modesto a tenor de lo hecho hasta entonces. Ni la Warner, ni el tranvía de Parla no las ínfulas espaciales de Getafe tienen parangón en el Este de Madrid. El caso de Getafe es especialmente contradictorio: antes se postulaba como capital de la región y ahora necesita un plan Marshall.

Los que hacen los alcaldes caminantes es política. Con fondos públicos, por cierto. Pero casi peor es lo poco que se ha hecho, con combinaciones políticas de todo tipo, en los últimos años en el Corredor. Resulta complicado encontrar ni tan siquiera fotos de todos los alcaldes juntos, y la acción conjunta brilla por su ausencia. El resultado de la desidia de unos y el atolondramiento de otros es, por ejemplo, que nos falta el tercer carril para entrar en Madrid. Ésa es la marcha de protesta, sin cámaras, cada mañana.

Cada día que pasa está más claro que la economía española tiene en el filón de la lengua un brillante clavo al que agarrarse para tomar impulso. Y  la economía y la sociedad alcalaínas, también. Ofrecemos hoy una detallada panorámica de lo que representa actualmente esta industria, que en realidad es poco más que un apunte de lo que puede llegar a representar. Sólo en materia de formación, cerca de 14 millones de personas aprenden español en todo el mundo y unos 237.000 estudiantes visitan nuestro país cada año con el objetivo de practicarlo, según datos del Instituto Cervantes. Este turismo idiomático genera 462 millones de euros y 5.500 empleos. Pero la previsión es que, con otras acciones y en conjunto, el español puede llegar a representar el 15% del PIB. Y el objetivo es que Alcalá, por historia, por tradición cultural y por ubicación geoestratégica, pinte mucho en ello.

La presencia del vicepresidente regional y consejero de Cultura, Ignacio González, en el Foro Cisneros de este Diario hace ahora un mes fue tremendamente clarificadora al respecto. En aquel insólito encuentro al más alto nivel político, empresarial, sindical y periodístico, González anunció el espaldarazo regional a la constitución de una gran plataforma empresarial del español en Alcalá, con la colaboración del Ayuntamiento, la Universidad y los empresarios. Y la cosa no quedó en declaración de intenciones. González prometió apoyo autonómico, recordó sus obligaciones a la Administración central con Alcalá y presentó  orientaciones precisas para el desarrollo de un polo económico, que necesitará aún más concreciones y, para evitar dispersiones y sectarismos, la tutela oficial. Porque no es fácil coordinar los esfuerzos para poner en marcha una plataforma en la que convivan los productos audiovisuales, las editoriales y las artes gráficas, las rutas turísticas, la traducción o la enseñanza, para un mercado de 450 millones de personas y subiendo. 

Sí son más que notorios los beneficios que puede sacar la ciudad con ello. Y no sólo en términos de creación de empleo y de generación de riqueza. También hay que hablar de dotación de infraestructuras de comunicación y de transporte, además de equipamientos sociales básicos, que irían inevitablemente detrás de esta locomotora. Por no hablar del prestigio e influencia cultural que se puede extraer de la participación en este noble negocio. Demasiado en juego, en definitiva, como para conducirlo con la máxima diligencia y sentido común.

Ninguno de los imputados del Gürtel en la Comunidad de Madrid ostenta un cargo público en nombre del PP ni conserva su militancia desde hace un año, en algunos casos. Es lo mínimo que puede esperarse de un dirigente decente cuando, a su vera, florece la corrupción: no merece pues un aplauso Esperanza Aguirre por ello, pero sí el reconocimiento de que ha llegado hasta donde podía con la máxima rapidez posible. Los golfos, bien poco presuntos, que conservan el acta de diputado o concejal lo hacen con el amparo de la ley, pero no con la protección de sus siglas: la legislación impide la expulsión total de las instituciones al considerar que las actas son personales e intransferibles. Eso es lo que permite que López Viejo, González Panero o cualquiera de los indeseables señalados por el juez Pedreira sigan en su escaño para indignación de todos y vergüenza de las instituciones.

Por eso hay que quitarles todo amparo –y no dejarles que actúen en nombre de nadie, como sucede en Villalbilla– y, a continuación, presionarles para que abandonen sus puestos por completo: ayer lo hizo Aguirre en la Asamblea de Madrid, para esquivar toda sombra de complicidad; pero por contra no lo ha hecho Rajoy con Bárcenas. Que renuncie a la militancia y al despacho pero siga de senador es una vergüenza y un desprecio al ciudadano, al que seguirá representando con un escaño que además le protege.

Lo peor de todo es que estas prácticas corruptas y sus respuestas cobardes terminan beneficiando a ambas orillas del endogámico sistema de partidos que nos gobierna. Los mediocres que sólo están para medrar ven a la ciudadanía hartarse de los partidos por los que ellos han trepado: menos competencia para el futuro porque si ser político tiene mala prensa es seguro que menos gente querrá aventurarse. Y los cuadros dirigentes, que tratan de sortear la corrupción en lugar de aniquilarla, saben que siempre y cuando el mal esté generalizado el daño electoral será asumible. El recurso del “y tú más” puede ser muy cutre, pero cuando se sabe que los argumentos propios  sobre la corrupción o cualquier otro asunto no valen ni el papel en el que quedan escritos, es una vía de escape acudir a peleas de espadachines en el parlamento en las que algunos gritan, casi todos ríen y algunos expertos ponen el cazo.

La Comunidad de Madrid dice haber ahorrado 542 millones de euros de gasto corriente, una cifra espectacular que denota dos cosas: si se puede prescindir ahora de ello, es que nunca fue imprescindible gastarlo. Pero también demuestra la capacidad de ahorro existente en la Administración si se tiene la valentía y la sensatez necesarias para aplicarlo desde una premisa elemental: es hasta inmoral sostener un modelo laboral y económico en las instituciones, para quienes las dirigen o trabajan en ellas; mientras quienes las financian asumen en exclusiva todos los rigores y efectos de una crisis que no padecen los que deberían atajarla.

La liquidación del primer trimestre presupuestario del Estado indica que la Comunidad de Madrid es una excepción en una norma sonrojante: todos los ministerios han subido su gasto; los tres niveles de la Administración (local, autonómico y municipal) acumulan deudas e improductividad como nunca; el absentismo en el funcionariado está disparado y los costes laborales han crecido por encima del 4%. En otras palabras, mientras arrecia el temporal, los meteorólogos se parapetan con paraguas pagados por los damnificados por la tormenta. Si ni en un momento así se impulsa una reforma global, colectiva y apartidista de un modelo caduco, ineficaz e insostenible, ¿cuándo se atreverán a hacerla? Negar esta necesidad, en fin, no anula el mayúsculo problema.

El golfista norteamericano Tiger Woods volverá a la competición el mes que viene. Y la expectación alrededor de su retorno es colosal, con más concesiones al morbo que interés por el rescate de uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

Tiger Woods,  rey de golf mundial y un verdadero millonario, cayó en desgracia el otoño pasado cuando salió a la luz que engañaba a su esposa. El rosario de sus continuas infidelidades dio lugar a tanto escándalo,  como uno de los motivos que se esgrimieron para explicar un comportamiento tan inesperado en el que pasaba por ser un atleta y un caballero ejemplar: la adicción al sexo. Las firman que usaron su imagen para la publicidad, fuente de gran parte de sus ingresos, le abandonaron a su suerte, así como una larga nómina de colegas y amigos.

En una sociedad como la estadounidense, donde la imagen pública es sagrada y la moral es casi tan poderosa como las leyes, lo sucedido a Woods tiene difícil perdón. Sin embargo, continúa siendo el mejor golfista del mundo y uno de los más grandes de la larga trayectoria de este deporte. Su vuelta a los greens ahora, rodeada de absurdas medidas de seguridad para que ninguna mujer se le acerque, no parece destinada a recuperar a ese grandioso deportista. Más bien trata de impedir su ‘muerte social’ en un mundo con demasiada hipocresía.

Hasta 14 miembros de Consejo General del Poder Judicial viajarán a Uruguay para asistir a la XV Cumbre Judicial Iberoamericana y a la Feria de Justicia y Tecnología, aunque está previsto que el viaje se prolongue varios días antes y algunos después. El presupuesto incluye los billetes de avión en clase business (con un coste medio por persona de 4.100 euros) y el alojamiento en un hotel de cinco estrellas. En total, unos 80.000 euros procedentes del erario público. He ahí un ejemplo de los despilfarros que a diario se producen en los estamentos oficiales de nuestro país. O más bien la punta del iceberg del gasto desmedido en los órganos públicos de nuestro país que siempre es intolerable, pero que en la actual situación de crisis es sencillamente obsceno. 

El telón de fondo de esta noticia es la discusión entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas sobre cómo y cuánto se ajusta en sus respectivos presupuestos para garantizar los servicios públicos esenciales. Pero los recortes en cargos y en departamentos; las congelaciones de los salarios, o la supresión de atenciones y privilegios en la Administración; continúan sin concretarse en medidas reales. Todo se confía a comisiones cuyas conclusiones se dilatan en el tiempo hasta que la ciudadanía, a la que se han exigido hasta ahora todos los esfuerzos y sacrificios, lo olvide. Imposible no sentir náusea.

La red Twitter, uno de los servicios de miniblog e intercambio de mensajes con más seguimiento, cumplió ayer cuatro años. En este tiempo, Twitter se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas. Cientos de miles de personas comentan, informan y se expresan en un máximo de 140 caracteres. Todo ello tras superarse el escepticismo inicial de muchos que ahora son usuarios compulsivos.

Considerado por algunos como uno de los diez hitos tecnológico de la primera década del siglo XXI, y temido por gobiernos como el de China o Irán, este servicio ha levantado un interés irresistible para empresas, medios, políticos, artistas, famosos, instituciones de todo tipo, ‘ciberdelincuentes’ y miles de jóvenes.

La sencillez  en el uso y la gratuidad son las claves de su éxito y también de los riesgos que conlleva. La vulnerabilidad a la que se ven expuestos los usuarios, en especial los menores; el camuflaje de la identidad real, y la deshumanización por el alejamiento de las relaciones humanas, constituyen las debilidades de Twitter.

Pero hasta sus mayores detractores han de reconocer que se trata de una colosal plataforma de comunicación, con la inmensidad de posibilidades que ello representa. Así de paradójica es esta nueva era tecnológica, en el que la distancia y la cercanía son las dos caras del mismo tweet. Habrá que seguir explorándolo.

Si el IVA lo pagan todos los ciudadanos, pudientes o no, con trabajo o en el paro, con un gran sueldo o una modesta pyme; ¿no es ya de entrada un contrasentido subirlo para atender a quienes en realidad van a padecerlo? Buscar liquidez para atender responsabilidades estructurales eligiendo un camino que penaliza el consumo es, simplemente, equivocado: si se compra menos, por una mezcla entre el sobreprecio fiscal y el temor subjetivo, se acaba castigando la producción y con ello se echa tierra sobre la imprescindible creación de empleo.

En otras palabras, el Gobierno adopta una medida desesperada para ganar una pequeña batalla a costa de perder la guerra contra la recesión y hacer más difícil una pronta recuperación. Que esta medida cuente con la oposición de los empresarios debiera ser suficiente para descartarla: a diferencia de otras de corte laboral que pueden presentarse, no sin demagogia, como un intento de extraer ganancias del río revuelto, en este caso no habría damnificados de ser escuchados. Simplemente dicen, con una sensatez elemental, que si tienen que cobrar más por el mismo producto, es muy probable que no lo puedan vender y que, en consecuencia, necesiten menos mano de obra. Y la historia estadística indica que una mayor presión fiscal puede reducir la recaudación: los que pagan, pagan más; pero hay muchos que lo hacían que se convierten en morosos.

Con todo, lo más indignante no es que se suba el IVA en lugar del IRPF, que condiciona al nivel de renta el esfuerzo fiscal de cada ciudadano, sino que una vez más se recurra a los mismos para salir del atolladero: en los dos años de crisis que venimos sufriendo, se ha echado en las espaldas de los 14 millones de trabajadores de la empresa privada, y de éstas, un esfuerzo que debiera repartirse más y mejor.

A ellos se les sube el IVA, se les amenaza con ampliar la edad de jubilación, se les invita a suscribir un plan de pensiones e incluso se pone en duda el futuro de éstas. Pero mientras, no se introduce ni una sóla reforma en la propia Administración, que tendría que dar ejemplo: el gasto público en sí misma sigue disparado, la multiplicación de sistemas financieros autonómicos es un hecho, y en cada Universidad, Ayuntamiento, Comunidad o Diputación se sigue manteniendo el mismo estatus de quienes trabajan y quienes  las dirigen, ajeno al contexto general e insolidario con el sacrificio de unos pocos, cada vez más extenuados. Si subir el IVA es negativo, hacerlo para mantener ese modelo es indignante: cuando al burro se le sobrecarga, termina por pararse.

Más allá del evidente interés electoral que acompaña siempre a un discurso político, sea del PP contra el PSOE o viceversa; la inminente subida del IVA es una mala medida, como se puede explicar con un mínimo de pedagogía del sentido común: si se suben los precios, se retrae el consumo, y si éste decelera se reduce la producción. Y en consecuencia, se resiente el empleo.

Está además demostrado que una mayor presión fiscal no siempre mejora la recaudación: tal vez algunos pagan más; pero muchos de lo que venían haciéndolo incurren en la insumisión o la morosidad. Con la voracidad recaudatoria pasa como con la pena de muerte: la primera no da más recursos al Estado y asfixia al ciudadano; la segunda no reduce la delincuencia ni evita nuevas víctimas.

En este caso, es además una peligrosa huida hacia adelante del Gobierno: pretender cubrir sus obligaciones estructurales en materia asistencial recurriendo a impuestos indirectos es una barbaridad que cualquier estudiante de primero de Económicas detectaría. Equivale, en términos de riesgo, a pagar la ceta de al compra doméstica con el dinero reservado para la hipoteca: si no queda más remedio, lo primero es comer; pero por ese camino se acaba uno quedando sin alimento que llevarse a la boca y sin casa. Como para hacerse además un plan de pensiones.

Dentro de tres siglos, la magna obra de Miguel Delibes se seguirá leyendo y estudiando, entronizada en el canon perfecto de la literatura en español. No hay nada más incierto y arriesgado que clasificar a los escritores, siendo tantos y tan buenos, pero habrá unanimidad absoluta al respecto de que el fallecido autor de Los Santos Inocentes está entre los diez imprescindibles para entender la historia de nuestras letras y, casi, de nuestra cultura y de nuestro país: tras Cervantes, emblema y resumen de todos, Delibes pertenece a la selecta estirpe que reúnen una obra profunda, extensa, influyente, única y muy leída: ahí están Galdós, Lope, Quevedo, Baroja y Valle; entre los españoles; y Borges, Vargas Llosa y García Márquez entre los hispanos.

Con permiso de Ayala, Paz, Aleixandre, Marsé, Rubén Darío, Cela, Neruda, Machado o San Juan de la Cruz, todos ellos indispensables; Delibes está incluso un peldaño por encima al confluir en él la calidad literaria, la trascendencia comercial, la creación de un género en sí mismo y la vasta producción. Si Beethoven “es la música”, como dijo Wagner al ser preguntado por los mejores de todos los tiempos y  excluir al autor de la Quinta Sinfonía de una lista en la que él mismo y Mozart aparecían; cabe decir que Delibes es la literatura española. Su condición de hombre de campo, de humanista clásico, de periodista comprometido, de abuelo y padre corriente, de ser humano en definitiva; le añade una pátina entrañable de buena persona. En Delibes se sintetizaban las virtudes del creador único con los atributos del ciudadano corriente, en una simbiosis que ha tenido más éxito en la calle que en los despachos: ganó el Premio Cervantes en 1993 y tuvo siempre el reconocimiento de sus lectores; pero a la vez soportó una absurdo y sutil arrinconamiento de las corrientes políticas y artísticas modernas por su carácter y su obra, al parecer, conservadora. Por no estar a la moda oficial, Delibes siempre estuvo en la moda real, aquella que viene respaldada por el fervor del público y el respeto de sus iguales.

Si además no hubiera sido presa de un cierto prejuicio dogmático y de la mediocridad intelectual que tan a menudo se destila en España, el autor de El Camino, Diario de un cazador o El hereje hubiera ganado sin duda un Premio Nobel que merecía como pocos otros.  Ensalzar al muerto con loas negadas en vida es tan español como lo son los libros de Delibes, un castellano universal que desde el campo presentó, como pocos, los recónditos secretos del alma del ser humano.

Un amplio programa de homenajes jalonaron la jornada de ayer en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, la peor masacre terrorista de la historia de Europa. Alcalá se sumó, como ya es tradicional, a estos actos de recuerdo con la declaración institucional junto al monumento de la Estación y un recordatorio especial de supervivientes y víctimas con una vigilia y un viaje en tren a primera hora de la mañana. Más allá de la controversia política, aplacada en los últimos meses tras la celebración del juicio que llevó a la cárcel a los autores del magnicidio; y de las teorías conspirativas que aún siguen circulando; días como el de ayer sirven, ante todo, para reclamar las acciones sociales e institucionales que convierten aquella hecatombe en un crisol de enseñanzas y de valores para el futuro.

Pasados seis años del horror, es el momento de volver a poner las cosas en su sitio y de recomponer el honor, la memoria y la solidaridad sin fisuras con las víctimas y con sus seres queridos, sometidos a una tortura extra por la división que han encontrado ante su drama. Ha llegado la hora de rescatar ese consenso y de enterrar el enfrentamiento para que el dolor se compense con lo mínino, un calor real y efectivo en dos direcciones: el primero, sin duda, para cubrir las necesidades de toda índole que todavía a estas alturas tienen y sienten los damnificados en cuestión de atención médicas, psicológica, social y laboral. Y el segundo, para demostrarles que su martirio tiene al menos una consecuencia positiva en clave de aprendizaje colectivo y de discurso político.

Respecto a esto último, existe mucho por hacer y hay muchos modelos que seguir en el mundo. Pero tampoco hay que irse lejos. El ‘Archivo del Duelo’ que ha creado el CSIC con los objetos y mensajes que en los días y semanas siguientes se depositaron en las estaciones de Cercanías es una fuente de inspiración  ideal, pues en esos testimonios anónimos y espontáneos se condensan los mejores sentimientos e impulsos. La educación para la paz en los colegios, las terapias psicológicas, los reconocimientos cívicos o incluso la creación artística son terrenos en los que se puede sembrar el dolor que generó la tragedia para recoger los mejores frutos. Es lo menos que se puede hacer por la memoria de las víctimas y es también lo máximo a lo que puede aspirar una sociedad como la nuestra, tan necesitada de referentes de unidad. Ojalá en el futuro podamos ir contando muchos avances en ese camino.

Un sindicato policial ha denunciado públicamente lo que se sospecha y, a poco que se presta atención, lo que se ve en la calle: el Ministerio del Interior ordena redadas sistemáticas para expulsar a inmigrantes sin papeles. El consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, se escandalizó ayer en Alcalá ante esta práctica, poniendo el acento en el hecho de que las órdenes sean secretas. Lástima que en este llamamiento a la transparencia el consejero no incluyera una mención a los propios detenidos y al terror que esta clase de acciones extiende entre un colectivo, el de los inmigrantes, a los que se demoniza sin medida.

Una vez más hay que preguntarse que, si todo está contemplado y regulado en el Código Penal y en la Ley de Extranjería, ¿a qué viene este barrizal político y administrativo que deshonra a toda la sociedad? Si hay algo que corregir, que sea examinar en qué medida no se están aplicando las normas, por qué motivo y qué es lo que puede hacerse al respecto. Porque con persecuciones semiclandestinas y rifirrafes partidistas, lo único que se consigue es criminalizar a todo el mundo y denigrarnos un poco todos al dar alas a la deleznable sensación de que lo mejor que puede pasar con los inmigrantes es que se marchen hasta que, cuando superemos la crisis, la sociedad española vuelva a necesitarlos.

Una enmienda en la  la Ley Audiovisual, aprobada hace sólo unos días en el Congreso, prohibirá en horario infantil (de seis de la mañana a diez de la noche) toda la publicidad en televisión de productos que fomenten “el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen". De este modo se tratará de proteger al menor y de ayudar a los padres a educar para que los chicos estén libres de prejuicios y de cánones de belleza estereotipados. 

Los expertos en psicología y en nutrición no tienen tan claro que la publicidad sea definitiva a la hora de desencadenar trastornos como la anorexia u otros problemas relacionados con el peso y la autoestima entre los menores. Algunos incluso ponen ejemplos claros y contundentes: hace menos daño un anuncio de un producto adelgazante que una valla publicitaria de Cristiano Ronaldo exhibiendo ‘tableta’. 

Más bien estamos ante un conflicto de profunda raíz social, en el que están en juego los valores que deben promocionarse desde todos los ámbitos de la vida en comunidad. Mientras que la belleza física, asociada a la delgadez por ejemplo, y la fama por la fama sean los criterios que marcan el éxito en nuestra sociedad; por encima del civismo, el conocimiento y, lo más importante, la individualidad; prácticamente da igual que se supriman anuncios en horario infantil. La tiranía de los guapos está en todas partes.

No se puede legislar a golpe de emociones, pues ello conduciría a una eterna reforma alejada del sentido común, el sosiego y la utilidad: si algo enseña la vida es que cada día puede superarse la crueldad, sevicia y originalidad  precedente en el ámbito del delito y el delincuente y que, en consecuencia, toda novedad quedaría rápidamente superada por los acontecimientos y necesitada de un nuevo cambio.

Lejos de paliar, contener o responder a la barbarie, quedaríamos atrapados en una espiral de polémica, debate y reestructuración de leyes y servicios si nos dejáramos caer por la pendiente  de los sentimientos.

Dicho lo cual,  sí se pueden y deben aprovechar los sucesos que conmueven a la opinión pública para, con la debida tranquilidad, reflexionar en voz alta sobre las herramientas necesarias para combatir esa lacra: malo sería remover el Código Penal con cada andanza del ‘Rafita’ de turno; pero peor sería no hacer nada una vez constatado que, tras la horrible excepción, puede esconderse una laguna estructural.

En ese sentido, el debate abierto desde la Comunidad de Madrid para instar al Gobierno Central a remodelar la Ley del Menor parece oportuno y, sin duda, responde tanto a un clamor social cuanto a una necesidad colectiva: es éticamente imprescindible pararse en la edad del delincuente, pero nunca antes de reparar en la magnitud del delito, tal y como ocurre ahora.

No tener en cuenta si un asesinato está cometido por un chaval de 16 años es un error, tal vez, pero obviar el crimen en sí es un acto de irresponsabilidad que hay que atajar. En no pocos país europeos de una gran tradición democrática el tratamiento penal de determinados delitos apenas se fija en el DNI, desde la certeza de que su gravedad exige una respuesta penal contundente.

Otra cosa son los menores de 14 años y otra más la reincidencia en pequeños delitos cometidos por  adolescentes o jóvenes por debajo de la mayoría de edad: aquí hay que extremar las cautelas, incentivar la reinserción, analizar qué recursos hacen falta en el entorno del menor para concederle una oportunidad y crear un catálogo de condenas educativas y de servicios a la comunidad que compense los desperfectos causados.

Sólo estableciendo una respuesta a la altura del pulso que constituyen las atrocidades puede hacerse auténtica justicia y evitarse, de paso, la terrible tentación social de echarse al monte con peticiones tan inquietantes como la de la cadena perpetua. Si la sociedad percibe que el Estado responde con prontitud y energía a desafíos que ahora crean indefensión, probablemente no se dejará llevar nunca por afanes justicieros.

El Gobierno ha perdido todo derecho a reprocharle a nadie que no se crea ni comparta ni  defienda ni asuma sus reformas:él mismo ha inoculado en la sociedad, con un maniqueísmo sólo superado por la irresponsabilidad, la idea de que emprender cualquier cambio en el mercado laboral, en el sistema de pensiones, en la gestión del dinero público o en las relaciones entre empresarios y trabajadores atentaba contra derechos esenciales y sólo servía para alimentar los intereses espurios de un grupo de malvados.

Que esto lo defendieran países tan distintos como Alemania, Inglaterra o Francia; lo reclamaran organismos tan técnicamente solventes como la UE o el FMI o el Banco de España y lo legitimaran eminencias tan indiscutibles como el Nobel Krugman o la totalidad de los medios de comunicación financieros no fue suficiente, hasta ahora, para que el presidente y su gabinete se dejaran de jugar a los buenos y los malos y, simplmente, hicieran su trabajo: no se trataba de presumir de principios, vendiendo la infantil idea de que todo depende de la buena voluntad del gobernante; sino de gestionar situaciones asumiendo la gravedad de la enfermedad y aplicándose en la aplicación de medidas curativas.

Esa combinación de demagogia, falsedad y criminalización bien podía haber llegado hasta las próximas Elecciones Generales, a costa de engordar el déficit y la deuda hasta
extremos insostenibles; de no ser por la reacción del espacio global en el que está España: la reacción de la Bolsa, de los bancos europeos, de los inversores extranjeros y de los organismos internacionales a puesto fin a la campaña de autobombo de Zapatero y le ha obligado a hacer lo que hasta ayer perseguía.

Seguramente esa contradicción le pasará una factura enorme al PSOE en las próximas Generales, algo que sería seguro de no estar en la oposición alguien tan poco estimulante y tan ventajista como el actual líder del PP, pero sería lamentable no apoyarlas ahora por razones tácticas: no se trata de querer o no una reforma laboral o de las pensiones, sino de aceptar que sin ella el sistema simplemente fallará. De cómo se haga, de que sea solidaria, de que esquive el maniqueísmo facilón y de que no engañe más al ciudadano dependerá su eficacia. Y España, ahora mismo, no puede permitirse ni más ensayos fallidos ni más propaganda barata.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, apenas tuvo ocasión de hablar con su homólogo estadounidense, Barack Obama. Se había barajado la posibilidad de que pudieran charlar durante unos minutos antes del comienzo del Desayuno de la Oración. Pero tras el protocolario saludamanos del presidente de EEUU con los principales invitados, este preludio no se produjo debido al retraso del líder norteamericano. Un chasco más para Zapatero, que soñaba con un baño de masas españolas junto al flamante amigo americano y se ha quedado con un saludo breve en tierras lejanas.

No puede el presidente quejarse si sus enemigos en España hacen leña de la cita caída: su partido fue el primero que presuntuosamente la agitó cual dádiva, como si fuese el premio por el acontecimiento planetario que vislumbró Leire Pajín. Como se aliñó con  ropaje ajeno el presidente, ahora son los demás los que le dejan desnudo al llevarse la ropa a otros frentes.  

Igual que en su día hizo mal en no levantarse ante la bandera americana, esta vez ha hecho bien en ir a compartir un rezo. Poco importa que él  sea agnóstico o laico. Aunque ese respeto y hasta interés por las religiones del que ha hecho gala el presidente debería ser practicado por seglares, creyentes ateos y demás en España. ¿O sólo sabemos respetar lo que no entendemos si viene de fuera?

Antes de juzgar las inminentes medidas económicas propuestas por el Gobierno de España, conviene detenerse en un prólogo en forma de pregunta: ¿Pero no había sido Zapatero el que, sistemáticamente, había negado la necesidad de emprender reformas, criticando con severidad a todo aquel que se atreviera siquiera a sugerirlas?

Hacer este preámbulo es imprescindible por razones de decoro político, de respeto a la ciudadanía y de mera eficacia política. Porque hemos pasado en pocos días de demonizar una reforma laboral reclamada o defendida por entidades tan dispares como el Banco de España, la Unión Europea o los principales economistas del mundo a anunciarla y, aún más, completarla con una modificación traumática de las pensiones -que afecta desde ya a millones de personas y lo hará también a viudas y huérfanos incluso- y con el deseo de prolongar hasta los 67 años la vida laboral.

¿No se siente Zapatero ni mínimamente obligado a disculparse por lo que no hizo, por lo que criminalizó y por lo que finalmente acaba haciendo sin embargo? ¿No debería aclarar primero que su resistencia y dogmatismo ha agudizado la crisis y el desempleo por encima de lo inevitable y ha obligado ahora adoptar medidas más traumáticas cuando menos fuerzas tienen los ciudadanos ya? El presidente ya agotó hace mucho tiempo su margen de credibilidad al negar la recesión y prometer el ‘pleno empleo’; y no es tolerable que tras aquel bochorno haya vuelto a incurrir en el mismo comportamiento: sus errores, si puede llamarse así a la mezcla de demagogia e ineficacia que exhibe, los pagan los demás, con una factura que produce pavor. Porque a estos anuncios hay que añadirle la subida de los precios de la luz y el gas; el incremento de la presión fiscal; la reducción del poder adquisitivo y la ausencia de plazos fijos creíbles para salir del socavón.

Y tanto o más indignante que sus costosas contradicciones es la evidencia de que, en el último instante y con el mayor daño ya producido, se carga siempre en los mismos las mayores responsabilidades. Porque si lamentable es su indolente y maniqueísta política, indignante es que además no la extienda de verdad en la propia Administración: mientras se advierte a una viuda de que perderá mucho poder adquisitivo; nada se dice del escandaloso derroche institucional ni de la insolidaria política financiera con los territorios y autonomías que conforman España.

El clamor para reclamar que se endurezcan los castigos contra los menores que delinquen reaparece cada cierto tiempo. Exactamente cuando se produce algún crimen o hecho estremecedor que tiene como protagonistas a adolescentes. Ahora estamos en uno de esos momentos de debate álgido.

Hace unos días se celebró el primer aniversario de la desaparición de Marta del Castillo, cuyos supuestos asesinos están a la espera del juicio mientras sigue sin conocerse el lugar donde fue abandonado el cadáver. Y también en las últimas horas se ha sabido de la detención de ‘El Rafita’, uno de los verdugos de Sandra Palo, que se encontraba en situación de libertad vigilada.

Con resultados menos fatales, pero con similar despliegue de violencia, también hemos conocido aquí en Alcalá la detención de tres jóvenes por brutales agresiones y robos; y sigue en la memoria el caso de las dos niñas del instituto de Villalbilla que el pasado otoño sufrieron abusos sexuales por parte de un grupo de compañeros. Como se ve, hay casos de sobra para escandalizarse e incluso para pedir, como ha hecho algún dirigente político haciéndose eco de la exigencia de los familiares de algunas de las víctimas, que se aplique la cadena perpetua.

Tienen razón quienes aconsejan calma y no ‘legislar’ en caliente:  se suele perder el sentido de la medida, se actúa con oportunismo y no hay una percepción clara de la realidad. Pero tienen aún más razón los que consideran que hay que actuar de verdad en frío y abrir una discusión técnica y política, con rigor y seriedad, sobre la necesidad de endurecer las penas para los menores que cometen crímenes graves. 

Parece que hay consenso con respecto a eso. Y un primer paso sería sacarle todo el partido a la actual, y denostada, Ley del Menor, que tras su reforma en 2006 incluyó la posibilidad de que el juez decida si el infractor menor pueda ingresar en prisión al cumplir 18 años. Incluso se concedieron amplios poderes a los jueces para poder modular las penas en función de las necesidades de reinserción o para asegurar el efectivo cumplimiento de las penas. Quizá haría falta concretar aún más esos poderes para que tanto el castigo como la posibilidad de reinsertarse sean más proporcionadas. Y también se podrían explorar las medidas para proteger más y mejor a las víctimas, así como el capítulo de las compensaciones. Sea como fuere, lo único claro es que este debate ha de acometerse de una vez por todas y no dejarlo al albur del último crimen.

Los periódicos devuelven estos días a la actualidad los crímenes que han atormentado a España en su historia reciente. El cruel y vil asesinato de la joven Sandra Palo en 2003 no se puede considerar saldado: el culpable está en la calle sin haberse enterado de lo que es la cárcel. Tanto que Rafael García Fernández, conocido como El Rafita, ha sido detenido en Madrid por su presunta implicación en el intento de robo de un vehículo. Que uno de los cuatro condenados por violar, atropellar, matar y prender fuego a Sandra Palo forme ahora parte de una banda delincuentes especializados en delitos contra el patrimonio y con múltiples antecedentes por estos hechos es una prueba del fracaso del sistema. Porque si se le excusa de la cárcel para que se reinserte, parece claro que no se ha logrado. Y si simplemente es que la ley se queda corta, pues habrá que volver a tocarla. 

Es cierto que las reformas legales no deben estar motivadas por un caso concreto, pero también lo es que sin estos errores que claman al cielo jamás se juntaría voluntad política para impulsar una reforma legal que exima a los delitos más graves de la manga ancha genérica que se utiliza con los menores. Porque un asesinato no se puede meter en el mismo cajón que otros delitos como el tráfico de drogas o los robos. Estos últimos deben ser punibles en todo caso pero tiene sentido que al sociedad le compense más la reinserción social del menor que, muchas veces condicionado, ha caído en esos comportamientos que un hipotético castigo ejemplar. El asesinato, y más con esos niveles de crueldad, revela que se trata de individuo peligroso que ya ha llegado al punto que se quería evitar: el de problema social. Y no se puede torturar así a las víctimas, que contemplan impotentes cómo se pasean estos asesinos, en aras de un buenismo que merece una mejor causa. 

Otro espectáculo lamentable es el que se ha producido con el caso Marta del Castillo. El cadáver de la joven no ha aparecido, por lo que resultará muy difícil condenar por homicidio a los presuntos implicados. Pero lo que añade más sonrojo al asunto es que una panda de chavales haya vuelto locos a la Policía y a los instructores del caso después de cometer el delito: dando pistas falsas, esquivando el jurado popular y aportando hasta ocho versiones diferentes de unos mismos hechos sin que esto se les haga pagar. El sistema garantista que tenemos no puede dar pie a estos desmanes, que resultan costosos incluso desde el punto de vista económico. Pero más grave es el descrédito social de la justicia, que merece un código más cuerdo. Después será tarde.

El Consejo de Gobierno regional aprobó ayer una subida de sueldo  para más de 3.000 docentes que ocupan puestos directivos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, esto es, vicedirectores, secretarios, jefes de estudio y jefes de estudio adjuntos.

Y a este incremento hay que unir el que ya registraron en sus nóminas los directores a partir del año pasado. Supone, por tanto, una dignificación salarial más que notable para el colectivo docente, acorde con las responsabilidades que desempeñan.

Y esta iniciativa unida a la Ley de Autoridad que se aprobará próximamente, representa un refuerzo considerable de la figura del profesor, de su función social y, por extensión, de la importancia de los colegios e institutos como espacios públicos de convivencia cívica y de respeto.  

Por desgracia, ni un mejor salario ni una norma solucionan los importantes problemas que presenta nuestra educación. Pero sí ayudan al menos a relativizar protestas y pretextos como la escasez de apoyo administrativo y de reconocimiento institucional a la clase docente.

Ha quedado claro que la Administración está con los profesores, así que esperamos que éstos correspondan, en la parte que les toca, redoblando esfuerzos en la búsqueda de la mayor excelencia posible en las aulas. Siempre han sido importantes. Y ahora más que nunca.

Cualquier debate social nace viciado si sustituye el ruido por los datos y busca, antes que remedios, ganancia en río revuelto. El de la inmigración es uno de ellos, que refleja fielmente la dificultad de la política para gestionar las inquietudes colectivas y la facilidad con la cual incluso las agudiza. En ciudades donde la población foránea es importante discutir en voz alta sobre este asunto, pues de otro modo no es nada descartable que se contagie la deprimente manera con que en Vic y en Torrejón –o en Ferraz y en Génova– se ha tramitado.

Y la primera tarea es derribar los mitos y prejuicios, en cualquier sentido, para poner sobre la mesa las evidencias partiendo de una certeza: ni la inmigración comporta una Arcadia feliz para el que  la vive o quien la recibe ni, sensu contrario, acarrea su némesis. No hay cielo, pero tampoco infierno, como ocurre en el resto de ámbitos de la vida pública sobre los que se tenga a bien discutir con sentido común.

A partir de ahí, no se entiende nada bien la polémica  ante un fenómeno que está suficientemente regulado: los derechos de los inmigrantes legales están tan asentados como sus obligaciones, y eso es lo que les convierte en ciudadanos al mismo nivel que los nativos, por mucha verborrea que se invierta en vender la falacia de que consumen servicios que no financian: como cualquier otro, dan y toman en función de su participación directa en el sostenimiento global del Estado de Bienestar.

 Y los excesos de quienes no cumplen son ya punibles: el encarcelamiento o la deportación no necesitan de reformas nuevas, pues nadie con un mínimo de apego podrá discutir a estas alturas que la combinación del Código Penal con la última Ley de Extranjería otorga al Estado una herramienta teóricamente eficaz para replicar a quien no respeta la convivencia y las reglas del juego.

Luego si todo está contemplado y regulado, ¿a qué viene este lodazal que  deshonra un poco a todos? Mucho más interesante sería analizar con precisión en qué medida no se están aplicando las normas, por qué y qué puede hacerse al respecto. De esta guisa, se criminaliza a todo el mundo y nos denigramos un poco todos al extender la deleznable sensación de que lo mejor que puede pasar con los inmigrantes es que se vayan hasta que, cuando la crisis remonte, España vuelva a necesitarlos. Dar alas a ese tipo de peligrosos razonamientos al conjunto de la sociedad es, tal vez, la mejor manera de evidenciar el despropósito que conlleva hacer demagogia con esto.

El terremoto en Haití ha dejado imágenes escalofriantes y ha mostrado negro sobre blanco la demagogia de las potencias más poderosas del mundo. La retransmisión televisiva durante 24 horas reflejan un país desolado mucho antes de que el terremoto sepultara las pocas esperanzas de miles de personas que viven entre la nada.

Haití ha sido y es el país más pobre de occidente ante los ojos de los países más ricos del planeta, un estado sin petróleo y sin recursos naturales que no llama la atención al G-7, al G-8 o G-20 y demás foros internacionales de primer orden. Haití ni siquiera cuenta con infraestructuras, ni carreteras, ni hospitales, ni siquiera maquinaria para poder bajar de los aviones los kilos de ayuda humanitaria para repartirla después entre los centenares de miles de damnificados, lo que habla de la falta de apoyo de inversiones internacionales.

Es aquí, al menos, donde la sociedad ha vuelto a dar una lección a sus gobernantes y ha sabido estar a la altura de las circunstancias. La labor de bomberos, médicos y enfermeros ha sido, una vez más, ejemplar, igual que la sociedad civil que con sus aportaciones económicas a través de las diferentes cuentas bancarias abiertas para la causa.

Menos excusas pueden poner los gobernantes de Estados Unidos o la Unión Europea, que han venido dando la espalda a un país necesitado y desolado por la pobreza y la miseria antes del terremoto. Las palabras de Hillary Clinton de “estaremos con Haití ahora y siempre” llegan tarde y tienen menos valor ante los focos de las cámaras de televisión. La actuación internacional para ayudar a uno de los países más pobres del planeta se tendría que haber producido con anterioridad, antes de que todos los medios de comunicación reflejaran el caos de un país sin esperanza. La ‘interconexión planetaria’ entre Barack Obama y José Luis Rodríguez Zapatero tendría que acordarse también de estos pequeños países, en los que la corrupción arrasa ante la indiferencia mundial. 

Pero el 0,7%, la alianza de civilizaciones o el papel de la ONU se queda una vez más sólo en palabras huecas cuando un tragedia de este calibre muestran la lastimosa situación en la que vive buena parte de la población mundial, como ya ocurriera también con el caso Aminatu y el Sáhara. Buenas intenciones que se reducen a la nada cuando no vienen contempladas en los presupuestos. Zambia, Zimbawe, Chad, Moldavia, Liberia, Guatemala, Angola, Mozambique o Sierra Leona son algunos de los países más pobres del planeta, junto con Haití. Ojalá un terremoto no tenga que recodarlo.

El sol que ilumina Puerto Príncipe engaña mucho. La luz que proporciona sólo sirve para apreciar durante el día, mejor todavía, la magnitud del devastador terremoto que ha causado decenas de miles de fallecidos.

Si una imagen de cualquier calle  ya crea un verdadero nudo en la garganta, estar en las calles de la ciudad debe ser algo dantesco y en esas condiciones tienen que actuar los equipos de rescate.

El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7 en la escala Richter, y al que siguieron una treintena de réplicas, ha  llevado el caos absoluto a una ciudad desolada donde los supervivientes se han quedado prácticamente solos, compartiendo las calles con los cadáveres, a la espera de la llegada de la ayuda médica .

Mientras falta una  operación organizada para hacer llegar cuanto antes la ayuda a una ciudad, que en estos momentos necesita de manera urgente más alimentos, medicamentos, tiendas de campaña, los equipos especializados para la búsqueda de supervivientes comienzan a llegar a Puerto Príncipe, pero como siempre a remolque de las ONG.

Las primeras horas son vitales para rescatar entre los escombros a personas sepultadas y con vida, pero la distancia y los daños causados no facilitan nada la tarea. La fuerza incontrolable de la naturaleza y las condiciones de pobreza del país caribeño han aumentado la magnitud de la tragedia.

Llega la hora de analizar la situación y de buscar una respuesta conjunta, más contundente de los países más desarrollados del mundo y las organizaciones internacionales para concretar las ayudas y la intervención. Sigue habiendo lagunas y solares en la cooperación internacional por parte de los Estados.

De hecho, la  cooperación internacional debe ser una obligación formal de los Estados y estar perfectamente regulada. Cuesta admitir que tras un terremoto de estas caractísticas la ayuda humanitaria siga llegando  con cuentagotas casi 48 horas después. Es intolerable, también,  que esa ayuda  se quede  al arbitrio de cada país, la buena fe de la gente o la capacidad de las ONG’s.

Eso provoca que se convierta en caridad a posteriori lo que debería ser una ley a priori. Es cierto que España es uno de los primeros países que ha enviado ayuda humanitaria coordinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como profesionales para actuar, pero la reacción internacional ante estos desastres deben ser conjunta, eficaz y duradera.

En un mundo globalizado no es cuestión sólo de responder rápido, sino con eficacia. Las miles de personas que miran a los ojos de la muerte en Puerto Príncipe lo esperan.

Cuando aún resuenan los ecos lastimeros de la segunda intentona fallida de Madrid a acoger los Juegos Olímpicos, el alcalde de Barcelona anunció ayer que la Ciudad Condal presentará su candidatura a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2022 bajo el nombre de 'Barcelona-Pirineus'.

El anuncio ha provocado cierto desconcierto entre las autoridades deportivas, pues ya existía una candidatura, la de Zaragoza-Jaca, aspirante a lo mismo en años anteriores, y además se está pendiente de saber si Madrid tratará de ir a por la vencida.

A estas alturas, queda claro que cada ciudad mira por su propio interés y no por lo que convenga al conjunto del Estado, que bien podría ir pensando en administrar este tipo de aventuras. Porque, igual que resulta muy fácil sumarse a la carrera olímpica, es tremendamente costoso, económica e institucionalmente, sostenerlos y defenderlos.

El caso de Madrid, el pasado otoño, es el mejor ejemplo de que el desafío olímpico resulta demasiado caro: la inversión pública es brutal, la diplomacia sufre un gran desgaste, la imagen del país se deteriora con la derrota y la ciudadanía pierde toda ilusión por los grandes proyectos colectivos. Así las cosas, o se impone una racionalización o se dejan claros los límites a las ciudades que decidan afrontar estas empresas. Los sueños salen gratis, las pesadillas no.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, mostró ayer las cartas que jugará su gabinete en materia de gestión para el nuevo año. Quitando golpes de efecto puntuales, como la nueva deducción fiscal de la que se podrán beneficiar las familias con las rentas más bajas, pocas novedades de impacto incorpora el mensaje del Ejecutivo regional. Y ésta es la mejor noticia: en Sol decidieron hace casi dos años centrar la prioridad de acción en la lucha contra la crisis y en reforzar la Sanidad y la Educación, y en esas mismas materias se fijará la atención durante los próximos doce meses, de acuerdo con las palabras de Aguirre.

Sin duda, ésa es la línea que cabe esperar en la región para este difícil año, con la recesión económica y la presión social sobre los servicios públicos amenazando con bloquear el ritmo de crecimiento de la que sigue siendo una de las ‘locomotoras’ de la economía española. En el plano de la política fiscal, el mantenimiento de la batería de deducciones y bonificaciones parece lo propio en estos tiempos de pérdida de poder adquisitivo y congelación de los índices de consumo. Lo mismo cabe decir del reforzamiento del programa de ayudas económicas a los emprendedores, como el camino más adecuado para reactivar la actividad empresarial y tratar de animar el mercado laboral.

En el mismo sentido, y teniendo en cuenta la gran demanda de servicios existente en la región, que alberga una de las poblaciones más populosas y heterogéneas de España, es obligado mantener la tensión en Sanidad y Educación. De lo primero se anuncia la puesta en marcha de la Libertad de Elección de Médico y de lo segundo la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado y la extensión del bilingüismo en Primaria y Secundaria. Son dos orientaciones acertadas, pero sólo si se garantiza en la práctica la dedicación de los recursos humanos y materiales necesarios.

Por lo demás, sostener este rumbo de actuación exige también ejercer cierto rigor a la hora de focalizar la agenda política de la Comunidad de Madrid. Porque no puede ser que los espacios de discusión y debate regionales sean copados sistemáticamente por temas nacionales o disputas de partido. La región, en definitiva, presenta problemas, demandas y aspiraciones suficientes como para que los componentes del Gobierno autonómico y los diputados de la Asamblea de Madrid pongan todos sus sentidos en ello. Siempre debe ser así, pero en estos momentos más que nunca.

No parece que Zapatero tenga las mejores credenciales económicas en España para arreglarle a Europa los problemas que también tiene en ese ámbito, por mucha ‘Cumbre de Sabios’ que convoque a tal efecto. Mucho más oportuno y práctico, aunque tal vez menos vistoso, sería aprovechar el encuentro con González, Solbes o Delors y la propia presidencia semestral de la UE para aprender y trasladar recetas foráneas que se han demostrado útiles.

Porque más allá de la retórica frentista de España, se puede llegar a varias conclusiones a poco que se coja distancia de las cuitas internas y se analice la realidad con un sentido de la justicia y no de la militancia: si aquí el paro, la producción, el déficit, la deuda, las exportaciones o la dependencia energética son peores que en Francia, Alemania, Inglaterra y la práctica totalidad de los países avanzados, ¿no resultaría más sensato analizar sus recetas, estudiar sus propuestas y tratar de aplicarlas en la medida de lo posible?

Zapatero ha buscado una foto para su propia promoción, y eso es hasta razonable si a la vez se adopta una postura más humilde y reflexiva. Ojalá lo haga, pese a las apariencias, y encuentre en Europa los remedios que no ha sido capaz de encontrar o aplicar en España. Porque mientras él posaba, el desempleo ya llegaba a los cuatro millones de personas.

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, cumplió su palabra y antes de terminar el año anunció, de común acuerdo con el primer partido de la oposición, que habrá Pacto de Estado por la Educación a corto plazo. Sólo se trata de una promesa, pero acostumbrados a tanta discordia y a tantos enfrentamientos infantiles, las palabras del ministro son un clavo ardiendo al que agarrarse para confiar en un cambio de rumbo para una materia clave en el futuro de la sociedad española.
 
Gabilondo ha defendido que hay cinco razones para ser optimistas para que el pacto cuaje, resumidas en la enorme demanda social, la confianza manifestada por las comunidades autónomas en que se puede lograr, la de las organizaciones de la comunidad educativa y la de los grupos políticos con representación parlamentaria, así como la “voluntad de trabajo conjunto y disponibilidad" del PP para alcanzarlo. También resultan de lo más certeras las cuestiones fundamentales sobre las que esté girando las conversaciones: la elaboración de un diagnostico sobre el sistema actual, la creación de una estructura que fije un curriculum de contenidos básicos que se aplique con carácter nacional y la apuesta por la calidad y que se reconozca a los docentes como autoridad pública. En relación con esto último, la Comunidad de Madrid será la avanzadilla con la aprobación en los próximos meses de la Ley de Autoridad del Profesorado, una herramienta que se considera imprescindible para imponer el clima de normalidad y orden que exige el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

El camino, no obstante, sera largo y exigirá de la colaboración de todas las partes involucradas en la comunidad educativa. Pero el compromiso que se han impuesto el Gobierno y la oposición representa un avance con respecto a lo que ha sido la línea seguida en los últimos lustros. Aunque en el discurso de los grandes partidos siempre se ha manifestado preocupado por la educación, no ha existido rastro de voluntad por lograr un acuerdo al máximo nivel. Y es evidente que la clase política tiene la obligación de liderar el consenso en esta materia, de la que depende mucho más que la formación cultural y técnica de nuestros escolares y universitarios: el civismo, la conciencia critica o la capacidad emprendedora son algunas de las bases de las que depende el progreso y la transformación de la sociedad. Parece que esa responsabilidad es asumida ahora sin condiciones por el Gobierno y la oposición. La oportunidad no debe dejarse escapar.

En democracia se puede y se debe discutir de casi todo si lo espera una parte de los ciudadanos, lo respalda una porción de sus representantes y se encauza todo a través de las instituciones legitimadas para hacerlo. En ese sentido, no hay que escandalizarse por la discusión, en sede parlamentaria catalana, sobre la hipotética abolición de las corridas de toros en Barcelona: no ha sido una imposición de nadie, y lo ha respaldado una mayoría de los diputados.

Pero es precisamente ese respeto a las normas el que faculta para defender lo contrario y para opinar, enérgicamente incluso, sobre este asunto y los intereses que lo rodean. Empezando por lo último, es evidente que los toros son una excusa para ciertos partidos políticos que, en realidad, los rechazan por su identificación con una Nación, la española, de la que no se sienten parte: esto también es legítimo, pero no más que lamentar la sistemática persecución de todo lo que huele a España por una minoría sectaria que convierte en símbolos de separación lo que no son más que tradiciones compartidas o toleradas por casi todos. La estigmatización de los toros se parece mucho a la criminalización del español, la celebración de referendos separatistas o el empecinamientoen convertir el deporte en una plataforma de ruptura e identificación.

Por eso deberían tener más precaución los grupos o entidades que, ellos sí, sólo quieren prohibir los festejos: tal vez ése sea su único móvil, pero han de ser conscientes de que se está utilizando para batallas que no son suyas. Y aunque Esquerra lo niegue, con inmenso cinismo, la secuencia de hechos y discursos, en estos ámbitos lo atestigua. Sobre el fondo del asunto, hay que insistir en un preámbulo: es difícil entenderse con quien, sin ningún matiz ni profundidad, se limita a transformar una fiesta tan enraizada en una mera carnicería en la que se torturan animales ante los ojos ávidos de sangre de los aficionados. Para estar en contra de los toros no hace falta hacer una caricatura tan ridícula, injusta, y por ello falsa.

Es razonable preguntarse siempre por el encaje en una sociedad moderna de las tradiciones más ancestrales, pero desde el respeto y el sentido común con el que se tratan estos asuntos en todos los países serios. Presentado así el debate, sólo cabe una postura: como la Fiesta Nacional no es un aquelarre animalicida, hay que defenderla como una manifestación cultural y artística legítima que no todo el mundo puede apreciar pero casi todo el mundo debe respetar. Este tipo de fiestas sólo pueden desaparecer de una manera: cuando nadie las quiera.

Resulta deprimente constatar que el único debate derivado de la Conferencia de Presidentes, al que estaban invitados también los agentes sociales, haya sido uno tan superfluo como el referido a las cuestiones formales: tal vez al PSOE o al PP les parezca muy importante responsabilizar al otro de la falta de acuerdo; pero lo realmente relevante es la ausencia de un pacto, o al menos una discusión, sobre los dos únicos asuntos que en realidad podía tratar un foro de estas características: el sistema financiero de las Comunidades Autónomas y la reforma de la Administración que puede y debe hacerse en coordinación entre los Gobiernos Central y regionales.

Todo lo demás son fuegos fatuos. Empezando por la ridícula exigencia de lealtad de Zapatero, que confunde el ideal de consenso tras la negociación con la imposición del mismo sin diálogo y reclama el imposible de que todo el mundo se haga solidario con los estragos de una política previa que se negó a pactar. Y siguiendo por el PP, que parece tener muy clara su respuesta antes incluso de conocer cualquier propuesta de su rival: es verdad que el Gobierno convierte el medio -la reunión- en el fin -las propuestas-; pero no lo es menos que el catálogo de alternativas exhibido es sensiblemente inferior al que por ejemplo presentó Esperanza Aguirre en el Congreso de los Diputados, cuando defendió un sistema económico idéntico en todas las regiones.

Hubiera sido éste un momento inmejorable para discutir sobre esto, desde una perspectiva indiscutible: la mejor manera de defender la cohesión social y la justicia en un país es garantizar la igualdad entre todos sus ciudadanos; algo que conculca la tendencia a someter esa máxima a las aspiraciones territoriales. Explicar esto, y defender una alternativa, hubiera sido una manera dignísima de rechazar el consenso hueco ofrecido sin parecer que se buscaba la colisión gratuita.

Y lo mismo cabe decir de la incapacidad de todos por articular una reforma en la Administración que permita dedicar el gasto público a la generación de riqueza, empleo e infraestructuras. Es simplemente intolerable que ni en un contexto tan adverso, con tanto paro y tan pocas expectativas, quienes gestionan el dinero público sigan sin darse por enterados y renueven sistemas sobredimensionados, costosos y a menudo ineficaces. Es imposible que ayuntamientos, universidades y toda laya de instituciones se apliquen ese corsé si quienes están por encima son incapaces de ponerse de acuerdo en un asunto tan palmario.

La más que probable designación del rector como vicepresidente de Cajamadrid ha puesto, aún más, el foco de atención sobre un proceso sucesorio que culminará en marzo con unas elecciones que, para ser limpias y transparentes, deberían ser inciertas: no sería nada razonable que la elección del heredero de Zapatero careciera de la incertidumbre que debe acompañar a todo acontecimiento democrático, por definición abierto a cualquier resultado e imposible de dirigir  desde ningún despacho.

Pero el sistema electoral de las universidades pone muy difícil ese ideal, por la combinación de dos factores de una importancia casi absoluta: la habilitación de un sistema de sufragio universal pero ponderado, que entrega un valor distinto a cada voto de modo que el de un catedrático vale como el de diez estudiantes o cuarenta funcionarios; aproximadamente; y la baja participación, que deriva en un usurpación legalizada del voto de un gremio entero por parte de los pocos que lo representan.

En otras palabras, al rector termina por elegirle una élite interesada que, demasiado a menudo, busca una recompensa personal aunque la camufla en un interés colectivo que desaparece nada más conocerse el escrutinio de las urnas. Si a esta certeza se le añade la posibilidad cierta de que el aparato universitario se movilice en favor de un candidato, sea cual sea, para garantizar una línea determinada a cambio de un voto teledirigido; la conclusión no puede ser más funesta: en la institución donde más se debe hablar de ideas, más se funciona por intereses.

El antídoto para esto no son las palabras, sino los hechos. No basta con decir que se va a ser imparcial, como asegura con sinceridad el rector saliente, ni con proclamar la igualdad entre candidatos si a la hora de la verdad las capillas de la Universidad maquinan en favor de uno de los rivales y no se adoptan medidas contudenentes para favorecer la igualdad.

Por ejemplo estimulando la participación entre los estudiantes, históricamente baja: esa lacra minimiza a la institución, que se empobrece mucho por el distanciamiento y el desarraigo de la comunidad a la que se debe; pero además alimenta la lamentable profesionalización de ese tipo de 'estudiantes' tan funestos como útiles para dirigir el voto de su colectivo a cambio de prebendas, quizá de carácter personal.

Por eso es importante que el rector y la institución estimulen de verdad una pugna de igual a igual con varias medidas que frenen las tentaciones habituales en este tipo de elecciones. Estimular la participación es una de ellas, y en ese sentido sorprende que no se haya aplicado ya el voto electrónico: es la manera más cómoda y eficaz de conseguir la implicación de los estudiantes, sin intermediarios ni cortapisas. Tal vez no haya sido posible, aunque hubiera voluntad, pero nada impide una gran campaña interna y externa  para hacerle ver al alumno la importancia de su papeleta.

Crear espacios de confrontación y debate también es interesante, para que todo el mundo sepa a qué atenerse con los aspirantes, a quienes cabe exigir respuestas precisas a preguntas que puedan quedar huecas si no se formulan en público: ¿Qué tipo de profesorado quiere tener? ¿Cree que sobran estudiantes y falta calidad en la Universidad? ¿Se imparten los estudios que son necesarios o los que reclaman los docentes? ¿Defiende el Distrito único en Madrid o cree que cada universidad debe dar lo que crea oportuno? ¿Es compatible asentar una gran universidad de Alcalá y crecer en Guadalajara? ¿Qué tipo de gestión defiende para la institución?

Son sólo algunos interrogantes entre cien que puede y deben ser aclarados por los aspirantes y estimulados por la institución, que ha de parecerse más en esto a un Ayuntamiento que a una Curia: en el primero todo se sabe y todo se discute; en el segundo todo está decidido de antemano por unos pocos. Esto sería letal, y evitarlo es tarea del equipo rectoral, del Consejo Social, del Claustro y de todos los órganos concernidos, incluyendo al Consistorio y a la Comunidad de Madrid.

Es posible que cuando salgan a la luz estas líneas el drama de la activista saharaui Aminatu Haidar haya concluido con bien. Pero es una posibilidad muy remota. Más probable  es, por desgracia, que la situación empeore, pues el paso de las horas sólo puede acarrear perjuicios en el delicado estado de salud de esta corajuda mujer que lleva casi un mes sin ingerir alimento. Su huelga de hambre ha reflotado un añejo conflicto: el de la apresurada y bochornosa descolonización del Sahara Occidental. Y también ha destapado  las muchas aristas y las vergüenzas que existen en las relaciones entre España y Marruecos. Por eso resulta tan complicado encontrar una salida a un drama que ha planteado de una pieza el extraordinario laberinto político y diplomático que representa la situación del Sahara.

La sociedad civil siempre ha ido por delante de los políticos en este asunto. El auxilio  y la solidaridad al pueblo saharaui ha sido un modelo de fraternidad en nuestro país: desde Cádiz a Donosti, y desde Barcelona a A Coruña, pasando por Alcalá; existe una constelación de asociaciones y colectivos dedicados a ayudar a estas personas, empezando por los más desvalidos: los niños y niñas que malviven en campamentos polvorientos del desierto. La ciudadanía de a pie, en definitiva, ha entendido desde el primer momento la deuda que se mantiene con este pueblo y ha hecho, y hace, lo que está en su mano por ofrecer algo de alivio.

Los intelectuales y los artistas, siempre tan criticados por su sectarismo o por su falta  de compromiso, han dado la talla también en esta ocasión. Su voz y su petición de respaldo a Haidar han servido, al menos, para mantener la atención social y política en este asunto. Lógicamente también se puede encontrar resquicios a la crítica para ellos; pero en esta ocasión han hecho más bien que mal con su actuación.

Así las cosas, debe de ser la clase política y gobernante, española y marroquí, la que dé el paso para encontrar un cauce a este conflicto enquistado. Y no sólo para resolver la situación de Haidar, que es lo más perentorio; sino también para establecer y desarrollar, de una vez y para siempre, un sistema de relaciones de transparencia y de mutua conveniencia. Si eso implica la intervención del Rey, dada su ascendiente sobre el monarca marroquí, que así sea: lo que está en juego tiene tanta trascendencia para el futuro de nuestro país que estaría más que justificado un servicio del Jefe del Estado.

Los mismos que hace apenas un mes, desde las sedes nacionales de los partidos o los grandes medios de comunicación, se llevaban las manos a la cabeza por la politización de Caja Madrid aplauden ahora o silencian en todo caso la mayor politización de su historia: en breve tendrá en sus dos primeros sillones a sendos políticos de abolengo, el vicepresidente del PP Rodrigo Rato y el ex ministro del PSOE y actual rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

La conclusión, bien coherente con los usos habituales en el sector y enmarcada en una Ley aprobada en el Parlamento por los dos grandes partidos, deja en evidencia la bochornosa, interesada e hipócrita campaña suscitada contra quienes, en realidad, tenían la ley de su parte y habían logrado un consenso unánime con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales madrileñas. Lo que la Comunidad de Madrid podía hacer e hizo de acuerdo con el PSOE, los sindicatos y la Patronal no servía; pero lo que han impuesto quienes presionaban con medidas internas en lugar de con leyes públicas sí es válido aunque incurra de manera más intensa en el peligro denunciado y lo haga además sin el amparo formal debido. Produce espanto constatar, además, la ligereza con la que se manejan unos argumentos determinados y luego se olvidan dando por supuesto que el ciudadano se lo va a tragar todo: es una falta de respeto, amén de una tropelía que sólo sirve para agudizar el distanciamiento entre la política y a quienes sirve en el momento en el cual más necesaria sería una sintonía.

Nada de esto tiene que ver con la valía de Rato o Zapatero, incontestable en todo momento como lo era con Ignacio González,  pues en los tres casos reúnen amplios conocimientos y experiencia para trabajar en una institución financiera que necesita más de políticos que de contables en esos cargos. Antes y ahora.

Para Alcalá queda la esperanza de ganar un aliado en la persona de un rector que, tras proclamar su independencia durante ocho años, se va a marchar con un nombramiento político que avala la sensación de que siempre, en cualquier puesto, es ante todo el militante de un partido político bien definido. Y parece más que probable que esa condición esté detrás de un adelanto electoral sorpresivo: para llegar a la vicepresidencia de Caja Madrid hay que dejar de ser rector primero, y es probable que se haya hecho coincidir unos calendarios en principio incompatibles.

Nada de eso diluye los buenos deseos para Virgilio Zapatero, un hombre de exquisitos modales que le vendrá bien a la agitada Caja Madrid y, es de esperar, a la que hasta  el mes de abril, va a ser su ciudad de gentil acogida.

Los mismos que hace apenas un mes, desde las sedes nacionales de los partidos o los grandes medios de comunicación, se llevaban las manos a la cabeza por la politización de Caja Madrid aplauden ahora o silencian en todo caso la mayor politización de su historia: en breve tendrá en sus dos primeros sillones a sendos políticos de abolengo, el vicepresidente del PP Rodrigo Rato y el ex ministro del PSOE y actual rector de la Universidad de Alcalá, Virgilio Zapatero.

La conclusión, bien coherente con los usos habituales en el sector y enmarcada en una Ley aprobada en el Parlamento por los dos grandes partidos, deja en evidencia la bochornosa, interesada e hipócrita campaña suscitada contra quienes, en realidad, tenían la ley de su parte y habían logrado un consenso unánime con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales madrileñas. Lo que la Comunidad de Madrid podía hacer e hizo de acuerdo con el PSOE, los sindicatos y la Patronal no servía; pero lo que han impuesto quienes presionaban con medidas internas en lugar de con leyes públicas sí es válido aunque incurra de manera más intensa en el peligro denunciado y lo haga además sin el amparo formal debido. Produce espanto constatar, además, la ligereza con la que se manejan unos argumentos determinados y luego se olvidan dando por supuesto que el ciudadano se lo va a tragar todo: es una falta de respeto, amén de una tropelía que sólo sirve para agudizar el distanciamiento entre la política y a quienes sirve en el momento en el cual más necesaria sería una sintonía.

Nada de esto tiene que ver con la valía de Rato o Zapatero, incontestable en todo momento como lo era con Ignacio González,  pues en los tres casos reúnen amplios conocimientos y experiencia para trabajar en una institución financiera que necesita más de políticos que de contables en esos cargos. Antes y ahora.

Para Alcalá queda la esperanza de ganar un aliado en la persona de un rector que, tras proclamar su independencia durante ocho años, se va a marchar con un nombramiento político que avala la sensación de que siempre, en cualquier puesto, es ante todo el militante de un partido político bien definido. Y parece más que probable que esa condición esté detrás de un adelanto electoral sorpresivo: para llegar a la vicepresidencia de Caja Madrid hay que dejar de ser rector primero, y es probable que se haya hecho coincidir unos calendarios en principio incompatibles.

Nada de eso diluye los buenos deseos para Virgilio Zapatero, un hombre de exquisitos modales que le vendrá bien a la agitada Caja Madrid y, es de esperar, a la que hasta  el mes de abril, va a ser su ciudad de gentil acogida.

Hace apenas tres meses, en pleno repunte de la recesión económica, el presidente de los Estados UNidos, Barack Obama, puso el acento en algo que en España se echa en falta: valoró el papel de los empresarios como primeros y máximos creadores de empleo y, frente a tanto cliché añejo, defendió la necesidad de colaborar con ellos y cuidarles en un momento de zozobra.

Eso es lo que se merecen, también aquí, la práctica totalidad de quienes emprenden un proyecto y lo sostienen en el tiempo. Que no son, por cierto, los que más ayuda reciben y más contribuyen, paradójicamente, a crear tópicos aumentados por quienes les han prestado esa colaboración, caso de la banca o la construcción.

En esa línea de justicia elemental parce ir el plan de I+D+i presentado ayer en Alcalá por Esperanza Aguirre, con una espectacular cuantía de 3.000 millones de euros. O la presentación en Guadalajara de un centro de redes inteligentes vinculado a la Universidad de Alcalá.

Esto es material, contante y sonante; y no sólo buenas intenciones plagadas de eufemismos pero carentes de contenidos: la investigación, las tecnologías, el conocimiento y la ciencia son el futuro, sin duda, pero no basta con mentarlas para que funcionen. Para eso hacen falta presupuestos, controles, constancia y algo básico: trabajar lealmente con quien quiere hacerlo, sin estigmas burdos.

El Gobierno rectificó ayer a la ministra de Cultura al garantizar que no se cerrará ninguna web ni ningún blog que tengan contenidos de descarga ilegal, tal y como se recoge en la disposición final del proyecto de la controvertida ley de Economía Sostenible. Lejos de tranquilizar y aclarar, esta decisión del Ejecutivo central, en la línea de improvisación a la que ya nos tiene acostumbrados, no hace más que confundir y distraer sobre un asunto que necesariamente ha de contar, más pronto que tarde, con una contundente  intervención administrativa: la armonización de los los derechos e intereses de los internautas con los derechos de la propiedad intelectual de los autores.


Probablemente habría sido necesario más debate y más contraste de propuestas antes de lanzar el borrador de la ley ‘antidescargadas’, como dijo ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega que se hará a partir de ahora para tratar de aplacar los caldeados ánimos de los colectivos de blogueros e internautas. Pero por mucho intercambio de pareceres e intentos de consenso que se hagan, siempre habrá una cuestión que es imprescindible aceptar: no se puede consentir el gratis total, que es lo que buena parte de los que en las últimas horas vociferan contra el anuncio de la ministra González Sinde temen, envolviéndolo cínicamente en una defensa contra todo intento de mordaza. Mantener la línea presente, sólo conduce a la ruina económica y cultural.


Las legislaciones en otros países de nuestro entorno demuestran que hay que poner coto a la copia y que los internautas deben atenerse a unas  obligaciones muy específicas. Del mismo modo, también debe evaluarse con mucho más rigor el precio de las descargas y de los soportes, el procedimiento para cobrar y las responsabilidades y poderes concretos de la entidad que gestiona ese mercado. En definitiva, se ha de encontrar un camino sensato e intermedio entre el gratis total y los precios astronómicos por la música y el cine.


La tecnología ha promovido una democratización desconocida en el intercambio de ideas y productos y ha impuesto a todas las partes nuevos escenarios de convivencia. Cuanto antes asumamos esa realidad y las autoridades impongan por ley las nuevas reglas del juego, antes se convertirá ese ágora virtual en una fuente de prosperidad real. Y antes también se hará justicia con el respeto elemental a un derecho que es cimiento de nuestro sistema de libertades: la propiedad.

Lo siento. Pudimos parar la catástrofe... pero no lo hicimos". Esa petición de perdón, acompañada por los rostros envejecidos de Barack Obama, Nicolas Sarkozy o José Luis Rodríguez Zapatero en un hipotético 2020, conforman el contenido de la impactante campaña publicitaria puesta en marcha por Greenpeace a una semana de la Cumbre de Copenhague. Con ella, el colectivo ecologista traslada al lenguaje publicitario la audacia que siempre suele acompañar a sus acciones de protesta. Echar en cara así a los líderes mundiales su indiferencia ante el cambio climático produce impresión, como poco. Y más allá de lo exagerada que pueda ser la alarma, sí sirve para hacer una llamada de atención no sólo a los políticos, sino también a la ciudadanía mundial. El rechazo de las grandes potencias a reducir sus emisiones contaminantes, lo que condena a la cumbre medioambiental de Copenhague al más absoluto fracaso, demuestra que la protección del entorno no está asumida aún como una prioridad por los gobiernos. Aunque maleado por los excesos de la retórica progresista, el objetivo del desarrollo sostenible, como creación de riqueza compatible con la protección de los recursos naturales,  será de imprescindible aplicación más pronto que tarde, con todos los sacrificios y renuncias que ello llevará aparejado. Tomemos los anuncios de Greenpeace, pues, sólo como un tétrico aviso.

El caso de Aminatu Haidar pone de manifiesto todos los males de la política española hacia el Sáhara: cinismo, cobardía, olvido, comodidad, injusticia y, eso sí, ventajismo. Porque en este país no se ha hecho nada decente por la ex colonia española en 30 años, pero su ha utilizado el drama de ese pueblo para autohomenajes progresistas que a la hora de la verdad no han cambiado nada.

Con honrosas excepciones como el actor Guillermo Toledo, que ha dado una lección de coherencia con sus principios al criticar duramente al Gobierno tanto por este asunto cuanto por el de la presencia militar en Afganistán: frente a otros que sólo ven guerras e injusticias cuando hacerlo perjudica al rival político, queda gente a la que le indignan sin más unos hechos más allá de las siglas que los protagonicen.

Como tiene que ser. Haidar encarna todo ello a la vez: en lugar de ser una oportunidad para que la diplomacia española recupere en este ámbito la dignidad perdida por razones de geoestrategia, que es como se llama en términos internacionales a la simple y llana condescendencia con el tirano, se ha convertido en una molestia. Y todo por algo tan lógico por querer volver a su tierra sin parecer una extranjera, como supondría hacerlo con un pasaporte español en la maleta. La cancillería española prefiere arreglarlo con la estrategia del “que parezca un accidente", pero a una activista con tanto sufrimiento a sus espaldas le importa tanto el medio como el fin. Toda una lección de que, sin duda, Moratinos y compañía no tomarán nota.

Se esperaba tanto de la nueva Ley de Economía Sostenible, anunciada nada menos como la panacea para cambiar el modelo productivo de España, que resulta casi sonrojante llamar así al catálogo de medidas  presentadas ayer por el Gobierno.

Casi todas ellas son razonables, algunas rozan el sobresaliente y la mayoría suponen un ejercicio de sentido común, pero es frívolo pretender o vender que con ello se va a transformar la esencia económica de todo un país  sumido en la mayor recesión en dos décadas.La magnitud de los desperfectos -un paro brutal, un déficit agudo, unas arcas públicas debilitadas, una deuda mayúscula- obligaba a presentar una reforma a fondo, decidida y valiente, pero lo conocido hasta ahora supera con poco la categoría de parche.

Está muy bien obligar a la Administración a pagar a las pymes y autónomos en menos de 30 días, pues ello paliará el cierre en tromba de miles de empresas que iban bien pero carecían de liquidez por la combinación de la morosidad de sus clientes con la tacañería de los bancos. Y es positivo, sin duda, mejorar la fiscalidad de la I+D; agilizar y abaratar la creación de sociedades o apostar por las energías renovables; ¿pero alguien puede sostener, sin ruborizarse, que con esto se va a convertir a España en un país puntero y distinto? Para emitir un juicio definitivo hay que esperar la difusión completa de la Ley, que hará el presidente en persona el 2 de diciembre, pero mucho tiene que cambiar y añadir para mejorar la frustrante sensación inicial, agravada por medidas de cara a la galería como la fiscalización de los sueldos de los directivos: si de verdad se quiere dar ejemplo, ¿por qué no se regula el injustificado dispendio en la propia Administración Central, Autonómica o Local? ¿Y por qué no se añade, de paso, un criterio único y global para el conjunto de las relaciones laborales que se traban en ministerios, comunidades, ayuntamientos, universidades y toda laya de organismos públicos?

Todo lo que no sea poner letra precisa a una música razonable pero hueca, cual es la sustitución del ladrillo por sectores más estables, sólo valdrá para cubrir el expediente y ganar algo de tiempo. Lo único que puede medir la disposición real del presidente a afrontar la crisis es la profundidad y valentía de sus propuestas, y no la rimbombancia de los nombres que les ponga.  Hacen falta operaciones quirúrgicas para frenar una gangrena, y no simples intervenciones estéticas que maquillan temporalmente una realidad preocupante que no va a desaparecer con eslóganes y leyes de andar por casa.

Es difícil despojar un debate tan anímico y pasional como el que precede al Estatuto de Cataluña, pero la única manera de calibrar su gravedad sin ofender a los afectados es intentarlo. Así, un hipotético ejercicio técnico, sin nombres ni siglas, concluiría lo siguiente: en una comunidad determinada se ha aprobado una norma, rubricada luego en el Parlamento, que consagra un régimen económico incompatible con el criterio de igualdad entre ciudadanos: no es una opinión, sino un hecho derivado de la evidencia de que la bilateralidad consagrada en la norma hace imposible una redistribución de la riqueza entre quienes tiene más y quienes disponen de menos.

Esta secuencia incontestable es compatible con su legalidad, e incluso con su legitimidad, y eso es lo que provoca un inmenso entuerto. Ahora sí, hay que citar a Cataluña: porque de no ser una de las tres comunidades históricas dotadas de fueros propios y de no disponer de un peso decisivo en la estabilidad de cualquier Gobierno Central, esta tensión no existiría.

Ni siquiera se hubiese llegado al Constitucional: simplemente, nadie hubiera respaldado un ataque directo a la cohesión social e individual de un país en el que todos han de disponer de las mismas oportunidades. Luego es la identidad lo que se esgrime, y no lo que se ataca, para lograr lo que para unos pocos es un derecho pero para el resto constituiría un abuso. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí?

Si son ciertos los datos, y nadie los ha negado, resultan escalofriantes: el 10% de los docentes de la escuela pública falta a diario a clase; y en la sanidad cada empleado se ausenta de su puesto de trabajo una media de 21 días al año.

Sin entrar a valorar la legitimidad de las causas, o la falta de ella, sí se pueden valorar los efectos. Terribles en términos de servicio y letales desde la perspectiva económica: sólo en la Comunidad de Madrid se pierden unos 200 millones de euros al año por esta epidemia, que tiene un halo sospechoso: no es normal que las bajas temporales sean mucho mayores en el ámbito público que en el privado, lo que sugiere la existencia de un fraude legalizado.

Porque tan cierto es que estos miles de empleados públicos faltan demasiado a sus obligaciones como que lo hacen con el respaldo médico imprescindible. Esta lacra resta recursos a la Administración, devalúa el servicio a los ciudadanos y obliga a una reflexión colectiva, sin maximalismos ni estigmas pero también con valentía y decisión: o en estos ámbitos hay un problema de salud que no existe en ningún otro; o estamos ante un abuso intolerable que nos daña a todos.

También a la imagen y el buen nombre de los miles de funcionarios que cada día acuden con diligencia a su trabajo y soportan los excesos de algún compañero y el oprobio de la opinión pública. Por eso es precisa una cruzada conjunta para que nadie, en ningún lado del mostrador, sienta que está haciendo el tonto.

Hoy es el día para reunir en un sólo grito el rechazo a los malos tratos contra las mujeres porque hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. En todas las ciudades y pueblos de nuestro país habrá testimonios de recuerdo y de repulsa hacia el maltrato. Y los líderes políticos y sociales renovarán sus mensajes de compromiso y de unidad frente a esta modalidad de terror. Nada nuevo, en definitiva. Y no hay novedad porque el azote de esta lacra  apenas se ha rebajado. Hasta octubre 49 mujeres habían perdido la vida en España a manos de sus compañeros y el teléfono ‘antiviolencia’ 016 había atendido casi 34.000 llamadas de auxilio. En Alcalá, por suerte, no hemos tenido que lamentar ninguna víctima mortal a diferencia del negro 2008, pero en lo que llevamos de año 308 alcalaínas han presentado denuncias por agresión o acoso.

Ante este panorama, sólo queda preguntarse no sólo qué más puede hacerse, sino por qué sigue sucediendo esto. El techo en las labores de concienciación ya está alcanzado; escaso margen le queda a los poderes públicos y a los movimientos cívicos por extender el rechazo a todo tipo de violencia y por reclamar la solidaridad de todos para las que lo sufren. Esos mensajes también llegan a los maltratadores, que, como muestra la realidad, existen en todas las escalas sociales, culturales y económicas. Esto quiere decir que la mayoría se convierte en monstruos con plena conciencia y siguiendo otros impulsos distintos al desconocimiento o a las carencias educativas. En tales circunstancias, con una sociedad al tope de la concienciación y con unos salvajes a los que es imposible poner freno más allá de la cárcel, no queda otra que seguir apostando fuerte por la protección de las mujeres. Y eso significa ofrecer todos los recursos necesarios para que la agredida, la amenazada y la perseguida cambie su existencia y haga tabla rasa con el pasado y con su verdugo. Eso representaría una actuación mucho más coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Administración Judicial y de los Servicios Sociales para dotar de una nueva identidad, de ayuda psicológica, de cambio de domicilio, de un sustento básico y de trabajo a la víctima de maltratos.

Es el único modo efectivo de que la mujer maltratada tenga la protección absoluta frente a su maltratador, así como cierta garantía de futuro. Pero es también la expresión del fracaso vergonzoso de nuestra sociedad, incapaz de encontrar un remedio para neutralizar la violencia en cualquiera de sus formas. Y en una jornada como la de hoy, también habría que tener presente ese baldón.

La riqueza siempre es la consecuencia de una cadena que componen los emprendedores que inician y sostienen proyectos; los trabajadores que atienden, mejoran y perfeccionan su desarrollo y, finalmente, los ciudadanos que consumen el resultado de esa simbiosis. Por eso, cuando hay crisis, sufren todos, sin excepción. Y por eso, también, quienes dicen representar a cualquiera de los protagonistas de este drama han de extremar las precauciones y actuar con sentido común. Especialmente cuando la representatividad real y formal de patronales y sindicatos, por ejemplo, apenas alcanza al 10% del total de cada sector. En ese sentido, es lamentable que las centrales hayan elegido por lema para la manifestación del 12 de diciembre una frase dirigida a todo el empresariado: “Que no se aprovechen de la crisis”. Hay casos –también en los sindicatos– en los que efectivamente se intenta de todo al calor de una crisis terrible –Electrolux sin ir más lejos–, pero son muchos más los que lo están pasando fatal por la combinación de menos ventas y menos crédito bancario. Estigmatizarlos a todos es injusto, inexacto y además contraproducente: fue Obama quien dijo, hace apenas dos meses, que la solución a esta crisis también pasaba por cuidar y estimular a los emprendedores, que son los que crean empleo al fin y al cabo. Convertirles en culpables no parece el mejor camino para insuflar la cacareada confianza que todos necesitan.

El Estado de Bienestar se sustenta en unos pocos puntales legales y económicos que, ante todo, consagran la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos del país bajo el ideal del lema francés de “liberté, égalité, fraternité”.

Uno de esos pilares es netamente financiero, y atiende a la preponderancia de la persona sobre el territorio y al reparto razonable de la renta: si todos somos iguales, cuando dejamos de serlo se redistribuye un poco la riqueza al objeto de garantizar un suelo de derechos idéntico.

A esa máxima ha de aspirar un sistema de financiación autonómica decente, que anteponga la consideración individual de cada español sobre las aspiraciones políticas de un territorio sustentadas, a menudo, en argumentarios fantásticos solemnizados.

Y no parece que cumpla los requisitos mínimos de cualidad conceptual el nuevo sistema aprobado por los pelos en el Parlamento: ya las formas lo dicen todo, pero si acaso cabía alguna duda queda despegada con el fondo.

Porque lejos de ser una herramienta de igualdad redistributiva, el nuevo sistema es una mera palanca de estabilidad política del Gobierno: no busca lo mejor para el mayor número posible de españoles; sino lo máximo para quienes ofrecen garantías coyunturales, a costa de consagrar una injusticia manifiesta de muy difícil arreglo en el futuro.

Antes de juzgar el nombramiento de Alberto Oliart como nuevo presidente de RTVE hay que analizar, y muy críticamente, la salida de su predecesor, Luis Fernández. No se puede destacar su gran labor, saldada con un costoso saneamiento del ente público y el adecentamiento del producto general y, a la vez, salar con rutina su marcha. Si lo hacía bien, si cuadraban las cuentas, si cumplía como servicio público y si además mantenía una razonable imparcialidad, ¿por qué se ha visto obligado a dimitir dos años antes de que termine su mandato?

La sensación de que le han cambiado las reglas del juego a mitad de partido, en lo económico y en lo político, es lo suficientemente verosímil como para que alguien dé explicaciones y alguien se las pida. Pero es justo lo contrario de lo que  han hecho PSOE y PP, extrañamente unánimes en su silencio y en su elección de Oliart. Que es, simplemente, infumable. Desde luego por su edad, al menos en RTVE: puede ser que un octogenario valga para cargos tan exigentes como éste; pero es impresentable en el caso de una empresa pública que ha prejubilado con dinero público a miles de profesional de poco más de 50 años. Y lo es también por la escasa preparación para el cargo: el propio Oliart ha confesado que desconoce por completo el mundo de la televisión. Es imposible, en fin, no sospechar que detrás de esto hay un plan oculto poco edificante.

El 9 de noviembre es una fecha grabada a fuego en la memoria histórica de los alemanes. Tal día como hoy, en 1918, Alemania dejaba de ser un imperio y se convertía en república con democracia parlamentaria. Otro 9 de noviembre, pero de 1938, se decretó el progrom, la caza de los judíos por parte del gobierno nazi, que concluyó con el terrorífico holocausto. Y hace 20 años caía el muro que desde 1961 separó a la Alemania de la economía planificada y del control militar soviético; de la Alemania occidental y capitalista. Tres acontecimientos que han marcado la trayectoria de ese país y también su condición de locomotora política y económica de Europa. Alemania es hoy una potencia mundial y los acontecimientos que celebra el 9-N no sólo son motivo de conmemoración por parte de sus ciudadanos; también apelan a la reflexión de todos los europeos y de la humanidad al completo. La historia ha querido que en ese país se haya concentrado lo mejor y lo peor de lo que es capaz la sociedad humana; artistas de la talla de Beethoven, científicos como Einstein, pensadores como Kant o políticos como Willy Brandt; pero también personajes crepusculares como Bismarck o Honecker o canallescos como Hitler.  La grandeza y la ruindad, en fin, han convivido en Alemania como en ningún otro rincón del mundo. Hoy es un día para recordarlo y para quedarnos con su majestuosa capacidad de superación.

Si alguien ha salido derrotado del espectáculo propiciado por el pulso dentro Partido Popular durante la última semana ha sido el propio PP: el presidente Mariano Rajoy debería estar más preocupado por esto que por su maltrecho liderazgo, aunque la situación del mismo también sea preocupante. Resulta inevitable que en un partido político existan rivalidades y cada militante, ciudadano o medio de comunicación o grupo de intereses puede tener su favorito o favorita. Pero cercando a los gustos y las preferencias están las normas: la presidenta Aguirre fue insultada en público por Manuel Cobo, eso es un hecho. Y ante este hecho incontrovertible e innegable no sólo no se ha actuado disciplinariamente contra Cobo sino que se la ha vilipendiado acusándola de forzar recogidas de firmas y de hablar donde no debe, toda una ironía al ocurrir el mismo día en que se analizaba internamente el vómito que Cobo soltó a los cuatro vientos en El País.

Aunque haya debate, cualquier partido necesita guardar las formas. Cobo no lo hizo, y corresponde sólo al PP, no a nadie desde fuera del partido, decidir cómo se actúa. Pero es un desatino y una inequidad que el mismo que debe tratar de mantener un tono civilizado reproche a más de cien alcaldes que no aplaudan con simiesco compás todo lo que pasa en su partido. ¿Cómo puede ser que se juzguen como igual de graves los insultos a Aguirre que una espontánea iniciativa colectiva para defenderla? Se puede y se debe imponer orden, pero antes hay que ser justo.

Lo peor es que aunque se logre una sucesión de Miguel Blesa en Cajamadrid –ya era hora– el pulso dentro del PP madrileño y nacional está lejos de terminar. Al menos debería evitarse que esa crisis de legitimidad instalada en Génova no contaminase a las entidades financieras, que aunque piloten  su sucesión de acuerdo con la ley seguramente necesitan –en frío– una reforma en cuanto a la elección de sus cargos. Poner de relieve ahora la utilización que hacen los partidos políticos de las cajas de ahorro, empezando por el nombramiento de sus máximos directivos, no es hacer ningún descubrimiento. El PSC puso en Cataluña en 2005 a Narcís Serra, casualmente vicepresidente del Gobierno con Felipe González años atrás. Y Juan Pedro Hernández Moltó accedió al cargo de presidente de la malograda Caja Castilla La Mancha (CCM) poco después de fallar en 1999 en su intento de conquistar Toledo para los socialistas. Los ejemplos, región a región, son incontables y no excluyen a casi ningún partido político: PP, PSOE y nacionalistas. Visto lo mal que han acabado algunas como CCM y cómo otras  caminan junto al abismo parece que tanta pugna debería ser por una mejor causa.

Presumir de la grandeza de un actor con un físico y un nombre tan corriente como los de José Luis López Vázquez siempre ha parecido cosa de broma. Pero al echar la vista atrás ayer, día de su muerte, se comprueba   cuan larga y variada ha sido su carrera de intérprete de cine y teatro y cuan brillante su labor y su compromiso actoral. Trabajó al lado de los grandes de nuestro cine en el último medio siglo y bordó toda las suertes interpretativas.

Aunque se hizo popular por sus desternillantes papeles cómicos, en los que fue un verdadero maestro, no rechazó encargos dramáticos; ni desafíos como Mi querida señorita, una película en la que encarnó a una mujer en plena recta final del Franquismo, lo que revela una valentía sólo al alcance de los elegidos. No obstante, sólo hasta avanzada su madurez no se quitó de encima el sambenito de intérprete ligero y frívolo con el que se hizo famoso en el cine más comercial de la época más gris del Régimen.

El tiempo, sin embargo, correrá a favor de López Vázquez, como ocurre con muchos grandes artistas españoles. Su obra será una fuente de inspiración permanente para otros actores, un motivo de placer y diversión para el público y un bastión de orgullo para el cine y la cultura española, que bien puede alardear de lo que se perdió Hollywood.

Parece que no será la legislatura en la que se atiendan las necesidades de los municipios desde el punto de vista financiero. Pero tal vez sí en el normativo. El PP presentó este miércoles en el Congreso una propuesta detallada para favorecer que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. En concreto aboga por primar con el 51% de la Corporación a la lista que, sin haber llegado a la mayoría absoluta en las urnas, hubiese obtenido más del 40% de los votos válidos en el municipio y hubiese sacado una ventaja de cinco puntos a la siguiente candidatura.

Todo depende ahora de la trabajosa reforma de la Ley Electoral (LOREG) y ha sido acogida con interés por el PSOE y los nacionalistas de CiU y del PNV, lo cual da serias esperanzas de que salga adelante. Izquierda Unida y el BNG, que no suelen tocar poder si no hay alguien que les invite como bisagras necesarias,  ya adelantaron su rechazo frontal a la idea.

Es básico para que el ciudadano se sienta representado que el más respaldado tenga facilidades para llegar al Gobierno, sobre todo si los que se unen han concurrido por separado y con programas divergentes, cosa que suele ocurrir con PSOE e IU. Para rematar la jugada, en las negociaciones para repartirse el poder el socio pequeño suele quedarse con más de lo que le corresponde. Será legal, pero para la mayoría del electorado es desalentador y eso se traduce en desapego por la política y abstención en el largo plazo. Si la candidatura que obtenga la mayoría simple y haya superado el 40% de los votos válidos y supere al menos, en cinco puntos porcentuales a la siguiente candidatura, obtiene automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento los partidos se verán impulsados a pugnar por el centro.  

Con ese cambio se facilita la gobernabilidad evitando pactos poselectorales no deseados pero al mismo tiempo  se contribuye a la estabilidad institucional y se refuerza la legitimidad del alcalde. La experiencia demuestra que hay que reducir su vulnerabilidad ante eventuales mociones de censura surgidas del transfuguismo. Pero tal vez la clave que hace esta reforma tan necesaria esté en que se evita que un solo concejal pueda convertirse en bisagra asumiendo un papel determinante que no le es propio por los votos obtenidos. Eso sí, es lamentable es que el precio que haya que pagar por el acuerdo sea olvidarse de otras vías como la elección directa de alcalde, que separaría así la urna para elegir a los concejales o la doble vuelta, que existe en otros países como Francia. Ése sería el verdadero revulsivo local.

El Real Madrid ha hecho un ridículo histórico, quizá el mayor de su larga trayectoria, al caer goleado contra un modesto equipo madrileño, el Alcorcón, alojado desde ayer en el corazón de tantos y tantos ciudadanos de toda España acostumbrados a doblar la rodilla ante el poderoso. Ésta es la principal metáfora de la estrepitosa derrota del club blanco, aquejado de ese tipo de arrogancia en que suelen incurrir quienes tiene de todo pero se olvidan de lo más importante: los valores del mérito, el esfuerzo, la capacidad, el sacrificio y el compromiso. Todo esto estuvo presente en el lado de Alcorcón, que emuló a David en el valle de Elah y derribó con su onda al gigante Goliath con sus futbolistas millonarios, en presencia de ese epítome de la abundancia que encarna Florentino Pérez.

No se castigó el éxito, una virtud plausible si se logra con trabajo y se revierte con una actitud educativa; sino la indolente prepotencia de una organización que, siendo deportiva, es también social: en el espejo del Real Madrid se miran millones de personas, y las sombras que proyecta exceden del ámbito futbolístico para adentrarse en el terreno estructural de una sociedad.

Los cuatro goles del Alcorcón son cuatro razones para creer en la condición humana por encima del estatus y para demostrar que, cuando se logra uno elevado, hay que cuidarlo y merecerlo: nadie tiene que pedir disculpas cuando progresa con su esfuerzo y talento; pero no queda más remedio que hacerlo cuando se transforman esos valores en una excusa para holgazanear.

La imagen de deterioro que proyecta el PP de Rajoy es apabullante e inaudita en un momento en el que su principal adversario, el PSOE, podría pasar no pocos aprietos por la galopante crisis económica y sus devastadores efectos.

Pero es la oposición quien padece una crisis de liderazgo insólita, con un presidente a la deriva e incapaz de tapar los agujeros que cada día sufre en su línea de flotación.

Todo se reduce en la sensación de que Rajoy no actúa nunca, o cuando lo hace es tarde y mal: su torpe gestión del caso Gürtel es un ejemplo de libro, pero no el único. El conflicto por Cajamadrid, la  rebelión del número dos de Gallardón, la fractura en el PP catalán o   las tensiones en el vasco perfilan un escenario que equipara a Rajoy con ese Nerón que tocaba la lira mientras Roma ardía.

Sólo hay algo peor que equivocarse, y es no hacer nada, y a esa máxima se aferra Rajoy con un único objetivo aparente: llegar como sea a las próximas Elecciones, cruzando los dedos para que el deterioro de su rival socialista sea más agudo que el suyo propio.

Es una estrategia suicida, pero además indigna de quien aspira a gobernar un país, pues confía al infortunio ajeno lo que debía entregar al trabajo propio: cuando en política se conforma uno con esperar a que pase el cadáver del contrincante, se suele acabar protagonizando el funeral.

Un problema añadido a todo es que, sea cual sea la reacción de Rajoy, habrá llegado tarde y será difícil de creer: a estas alturas, todo sonará a maniobra de supervivencia más que a solidez política y personal.

Se puede discutir el acierto de nombrar al por lo demás capacitado vicepresidente del Gobierno autonómico como nuevo presidente de Cajamadrid, pero lo que es hipócrita es presentarlo como una especie de imposición ilegal o como una excepción. El sector está lleno de ex políticos, con dos ejemplos de libro: el de Narcís Serra, ex vicepresidente de Felipe González; y el del ex diputado Juan Pablo Hernández Moltó, que a más inri ha llevado a la Caja castellanomanchega a la bancarrota. Y los que no tienen una filiación tan clara, la ejercen sin duda para el partido que gobierna en cada región: ocurre en Andalucía, en Cataluña, en Euskadi y, en fin, en todas. Y sucede porque, como en el caso de la Comunidad de Madrid, hay una ley que ampara y faculta a los Gobiernos de turno a disponer de la mayoría en los órganos de decisión de cada entidad.

El propio Miguel Blesa es un ejemplo de esto: llegó a Cajamadrid sin experiencia alguna, ungido en exclusiva por Aznar. La moraleja es bien sencilla: si este procedimiento no es bueno, si de verdad se quiere despolitizar el sector bancario más próximo a la esfera pública; cámbiese la ley donde toca, que es en el Parlamento.

Porque si no se está dispuesto a ello y si se utiliza esa misma ley cuando respalda el criterio propio, lo menos indigno en el caso de la Caja es que la aplique, como estime, quien tiene derecho a ello. Rajoy, Zapatero o Gallardón no buscan lo mejor para Cajamadrid, sino lo que más les conviene a ellos: en ese escenario, resulta más oportuno que lo hagan las fuerzas políticas y sociales madrileñas, aunque sólo sea porque gozan del amparo de la ley. ¿Y al resto quién o qué les faculta?

El lunes 16 de noviembre se pondrá en marcha la vacunación masiva contra la gripe A. Los enfermos crónicos, las embarazadas, el personal médico, los cuerpos de seguridad e, incorporados a última hora, los funcionarios de prisiones, serán los grupos que recibirán la vacuna, según decidió ayer el Ministerio de Sanidad de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

También se determinó que el próximo día 1 vuelvan a dispensarse en farmacias los antivirales, cuya venta se suspendió la pasada primavera para evitar el desabastecimiento por el pánico entre la población. Desde entonces hasta el momento presente, el grado de alarma social ante la pandemia en España, que se ha cobrado 42 vidas y ha afectado a un cuarto de millón de personas, ha registrado picos y valles, al compás en gran medida de las dudas e imprecisiones trasladadas por el proceder de las propias autoridades sanitarias. Muchas de esas incógnitas aún persisten pero ya no parece haber marcha atrás ante la inminencia de la fase más cruda en la incidencia del virus.

Lo fundamental, y lo que debe tranquilizar ante todo, es que tanto los recursos humanos y materiales como los protocolos de actuación del sistema sanitario están listos para responder a la enfermedad. Del mismo modo, no cabe poner ningún reparo a la campaña de prevención para esquivar el virus o para evitar su propagación: hay información de sobra y sólo es cuestión de seguir los consejos y orientaciones, dictados en su mayoría por un elemental sentido de la higiene y de la educación.

No se puede decir lo mismo, en cambio, de las soluciones integrales y del control del virus en grandes colectivos. La efectividad de la vacuna, e incluso la existencia de contraindicaciones, sigue siendo una enigma, entre un cruce de informaciones contradictorias que las autoridades sanitarias deberían esforzarse por desmentir y aclarar. Y también resulta de lo más inquietante cómo se va a actuar en ámbitos como el escolar, donde la facilidad del contagio es más que notable y puede dar lugar a importantes trastornos tanta para el día a día en los centros educativos como en la siempre difícil conciliación de la vida familiar y laboral.

Ojalá no haya que improvisar demasiado en las próximas semanas y, sea cual sea el desarrollo de la pandemia,  se actúe con la máxima rapidez y eficacia, sin olvidar tampoco la transparencia. De haber existido más de ésta en los últimos meses, se habían evitado en buena parte muchos de los malentendidos y preocupaciones que aún persisten entre la ciudadanía.

Podrá gustar o no una ley, pero mientras está vigente ha de respetarse y acatarse. Esto vale para cualquier ámbito, y también para el de las cajas de ahorro como Cajamadrid: es la Comunidad autónoma, como ocurre en Cataluña, Andalucía o Galicia, quien impone unos criterios de gestión y dirección. Y lo hace como institución, y no en nombre de un partido político de un coloro u otro. En ese sentido, es sencillamente intolerable que Zapatero y Rajoy, en ese orden o en el inverso, se arroguen una potestad que no les corresponde y es más propia de esos regímenes bananeros que subordinan todo al criterio del líder del partido. Ha hecho muy bien Esperanza Aguirre, y con ella el socialista Tomás Gómez, en recordarles a Ferraz y Génova que en este asunto pueden tener opinión, pero que en ningún caso deciden. No se trata de apoyar o criticar a unos u otros en función de filias o fobias, sino de respetar las reglas del juego o cambiarlas cuando no gustan por las vías administrativas oportunas: se puede estar en desacuerdo con Aguirre y entender que es a ella a quien le corresponde decidir en su calidad de presidenta autonómica; como se puede respaldar a Zapatero y reprobar su injerencia en este asunto. Felizmente no parece que en la Puerta del Sol se achanten ante este desafío.