La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dado a conocer un fallo que puede significar un cambio importante en el mercado hipotecario español. De una forma muy resumida este tribunal considera que devolver al banco un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda contraída, aunque el inmueble haya perdido valor por la crisis. Se trata de una sentencia inédita.

Recordemos cuál es la situación actual. Como consecuencia de la actual crisis económica, un creciente número de ciudadanos no pueden hacer frente al pago de la hipoteca que compraron en su momento. Hay que decir que la morosidad hipotecaria en España ha sido tradicionalmente baja (los españoles mantienen la cultura de que lo último a perder es la  vivienda y ésta únicamente deja de pagarse cuando ya la situación es insostenible).

No obstante, el fenómeno se está acelerando de tal forma que el número de ejecuciones del primer semestre de 2010 estuvo cercano al de todo el año 2008 y representaría en torno al 23 % de las compraventas del primer semestre de 2010.

Pues bien. Cuando a los compradores se les acaban los recursos económicos y se ven obligados a abandonar la vivienda (situación que no se olvide es vivida por la familias como una auténtica tragedia), la ley no sólo obliga a la devolución de la misma en pago a la deuda no cubierta, sino que no conforme con eso, dictamina también que el comprador debe satisfacer el resto del dinero que corresponde al valor al que se tasó la vivienda en su momento, y que por supuesto, es muy superior al actual. Es decir, la ley obliga a las familias a aceptar una realidad que ya no existe.

Es algo realmente insólito. Es como si alguien quisiera vender su vivienda al precio que estaba cuando él la compró y no al que marca el mercado en la actualidad, es decir, mucho más barata.

Las posibilidades que tiene este vendedor son escasas, por no decir nulas. Las familias españolas están acogotadas. Y furiosas. Ven como los bancos, responsables primeros y últimos de la crisis reciben cuantiosas ayudas públicas, es decir, de todos los contribuyentes, para evitar su bancarrota y, sin embargo, esos mismos Gobiernos asisten impertérritos a la ruina de las familias.

Los esfuerzos hechos para que el actual Gobierno –que se dice de izquierdas– ayude a estos ciudadanos en apuros han sido en balde. Se ha negado ni siquiera a contemplar la posibilidad de examinar esta situación.

Ahora un tribunal ha corregido lo que siempre  nos ha parecido escandaloso. Puede que con esta decisión el Parlamento español se avenga a buscar soluciones para los casos que acabamos de comentar.

La crisis la estamos pagando todos. Tal vez, pero desde luego no de la misma manera y si  no que se lo digan a los altos ejecutivos de los bancos. Para ellos la crisis nunca existió. ¿Habrá alguna comprensión para los que se han quedado sin trabajo, sin casa, con las familias destrozadas y los hijos sin futuro? veremos.

El pasado 20 de diciembre la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados rechazaba por 20 votos a 18 la llamada Ley Sinde. La derrota de la ley, introducida como una enmienda dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, se ha producido en el marco de una fuerte polémica que se ha traducido en diversos  enfrentamientos dialécticos entre partidarios y detractores de la ley, ataques a páginas webs oficiales o proclives a las tesis  oficiales, movilizaciones, firmas en contra de la ley etc. En la trifulca han intervenido una asociación de internautas e incluso alguna que otra asociación de consumidores, en ambos casos alineados con los que piensan que la ley debe derogarse.

Pero ¿qué es lo que propone la ley para que haya despertado semejante reacción? Digamos que, resumiendo, la ley prevé el cierre de web que favorezcan las descargas de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música. Dicho así parecería que no hay mucha justificación para el ruido provocado. Hay por supuesto algo más. En primer lugar suscita muchas dudas el hecho de que no sea única y exclusivamente la autoridad judicial los que puedan cerrar las web denunciadas, sino que también lo pueda hacer una autoridad administrativa, es decir el Gobierno de turno. Las acusaciones a la libertad de expresión están, en este contexto, servidas. Y luego están las inevitables servidumbres electorales.

¿Tienen razón las asociaciones de consumidores que se han mostrado contrarias a la ley? ¿Acaso esta ley menoscaba los derechos o los intereses de los consumidores? Respetando la opinión de todos no lo creo. Ni lo cree la asociación de consumidores de la cual soy Director de Comunicación.  Veamos cuales son nuestros argumentos para no sumarnos a una campaña de la que, por desgracia,  no están ausentes ni la demagogia ni los intereses electorales.

¿Podemos como ciudadanos y consumidores responsables  apoyar que un mercado de las características de Internet actúe sin ningún tipo de restricciones ni control? Evidentemente no, como tampoco podemos fomentar una suerte de anarquía digital en la Red. Apoyar esto es socialmente irresponsable y contrario a los intereses de los consumidores. Los mercados deben funcionar libremente, pero eso no significa que puedan actuar sin el control de las instituciones democráticas.

¿Podemos acaso los consumidores  discutir el derecho a la propiedad intelectual de los creadores? La respuesta no sólo es negativa sino que pensamos que ese derecho debe ser protegido y creemos que sólo apoyando esa protección podemos también defender  nuestro derecho a la reclamación  y la denuncia.

Advertimos a los ciudadanos - consumidores contra aquellos que, de una forma interesada, intentar hacernos creer que estamos ante un problema  de libertad de expresión. Por el contrario detrás de esta disputa  parece  esconderse  la defensa de intereses económicos que nada tienen que ver con los derechos civiles.

Aprobamos con toda claridad que la Ley actúe no contra quien descarga contenidos ilegalmente (el consumidor) sino contra los que hacen posible que se pueda materializar la ilegalidad (las webs que albergan fraudulentamente los contenidos). Sin embargo el cierre de páginas fraudulentas debe recaer en los jueces, aunque esto último debe ser compatible con la efectividad, eficacia y operatividad de las decisiones.

Creemos no obstante que es necesario hacer cambios en la Ley de Propiedad Intelectual, pero insistimos en que negar a un autor el derecho que tiene a recibir una retribución sobre su obra, por muy inmaterial que esta sea, es aberrante, además del gravísimo daño que realizamos a la creación cultural y con ello a la sociedad en general.

Por último no creemos que la Ley Sinde ataque nuestros derechos. Nuestra lucha debe ser otra. Debemos exigir unos precios de descarga razonables y al alcance de todos, en un mercado competitivo y que respete  nuestro derecho a reclamar  ante los tribunales cuando no se respeten nuestros derechos, o cuando se produzcan abusos o irregularidades. Curiosamente esto último a nadie parece interesarle.

Cientos de personas que querían ver la actuación de Lady Gaga,  se quedaron con las ganas. Pero esto no es, con mucho, lo peor. Además de que no pudieron ver a esta insólita artista fueron defraudados. Según parece cientos de entradas ilegales se vendieron por distintos canales –páginas de internet, anuncios en prensa, boca a boca, etc– semanas antes del concierto, a un precio que podría estar en torno a los 200 euros (las legales costaron de media unos 100 euros). Hasta aquí la noticia.

Lo relevante no es, sin embargo, lo ocurrido con esta artista, sino que año tras año los casos de fraude se repiten sin solución de continuidad. Unas veces es el supuesto empleado del gas–con traje de faena incluido– el que engaña miserablemente a un grupo de desprevenidos ancianos y les amenaza casi casi con la penas del infierno si no arreglan la supuesta avería que acaba de detectar.

Inmediatamente después les informará que, aunque no entra dentro de sus competencias y al tratarse de un asunto muy urgente, les reparará el temible escape de gas por el módico precio de 100 o 200 euros. En otros casos, y al amparo de las fiestas navideñas, nos encontramos con usuarios que compran entradas por anticipado para asistir a una de las numerosas  fiestas que se organizan  cada fin de año y en lugares no precisamente habituales para este tipo de acontecimientos, como polideportivos, casas de cultura, hangares...

El problema está que este tipo de locales necesitan un permiso especial de las autoridades para que puedan desarrollar su actividad. Muchas de las solicitudes son rechazadas por los Ayuntamientos porque las empresas organizadoras no garantizan adecuadamente aspectos como la seguridad del local, la presencia de guardarropas, aparcamientos etc. Sin embargo las empresas organizadoras se apresuran a vender entradas. El fraude está servido.

¿Qué se puede hacer? Las verdad es que poco. Por supuesto presentar la debida reclamación, aunque las posibilidades de tener éxito no sean muchas, pero lo más importante de todo es tomar las debidas precauciones. Por ejemplo comprobar que la página web donde se venden entradas tiene unas mínimas garantías, no acudir a fuentes desconocidas  por mucho que nos prometan rebajas de precios que luego no se confirman. En definitiva y como decimos, siempre estar informados.

De una forma algo recurrente, aunque algo menos de lo que muchos quisiéramos, retorna en España el tema de los alimentos transgénicos. Ahora, y aprovechando el cambio de Elena Espinosa por Rosa Aguilar en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, diversas organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), han vuelto a pedir una vez más un cambio radical en la política del Gobierno, apostando por la aplicación del principio de precaución y prohibiendo de una vez por todas el cultivo de maíz transgénico en España.

Los motivos por los que se solicita la prohibición son conocidos, pero además en los últimos años se han sumado nuevos datos que refuerzan la posición de los que pensamos que la prohibición es cada vez más necesaria. Conviene, en primer lugar,  recordar que España es el único país de la UE que cultiva transgénicos a gran escala. Mientras países como Austria, Alemania, Italia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Polonia o Francia han optado por prohibir su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus incertidumbres sobre la salud.

En segundo lugar, y esto es lo positivo, la superficie cultivada con maíz modificado genéticamente en España ha descendido en 2010 por segundo año consecutivo. Según asegura el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se habrían cultivado 67.726 hectáreas, lo que supone un descenso del 11% respecto a 2009. Estos datos muestran un creciente rechazo hacia este tipo de agricultura, siendo el descenso especialmente acusado en las regiones donde este cultivo está más extendido, como Aragón o Cataluña.

El descenso en la superficie, y el estancamiento del porcentaje de maíz transgénico respecto al maíz total cultivado en España, coincide con el incremento de la oposición social a la presencia de transgénicos en agricultura y alimentación y a las cada vez más contundentes evidencias sobre sus impactos.

Aun así no deja de ser lamentable que estos datos ofrecidos por el Gobierno, los únicos disponibles por otra parte, sean los que le proporciona la industria, al no existir en España un registro de parcelas que cultivan maíz transgénico como exige la reglamentación europea. Esta situación abre interrogantes sobre la  fiabilidad de unos datos cuyo único origen sea precisamente el de las empresas productoras y vuelve a poner en evidencia  la absoluta falta de transparencia y control sobre este tema por parte del MARM.

La situación llega a límites tan absurdos que en la web del MARM se pueden encontrar dos cifras totalmente distintas de superficie de maíz transgénico en 2010, en función si el cálculo se hace por Comunidades Autónomas o por provincias.

Dicho lo cual parece llegado el momento de que se revise en profundidad nuestra posición en lo referente a los productos  modificados transgénicamente. Volvamos a poner  en primer lugar la salud de los ciudadanos españoles.

El pasado día 21 de mayo publiqué, en este mismo espacio, un comentario dedicado a las llamadas Cláusulas suelo. En aquel artículo, y tras explicar muy sucintamente que se entendía por cláusulas suelo, mostraba yo mi extrañeza por la opinión que le merecía al Banco de España –máxima autoridad en la materia no se olvide– la existencia de este tipo de cláusulas en los contratos de compra-venta de vivienda.

El primer banco español dijo entonces, contestando a una pregunta realizada a tal efecto, que las citadas cláusulas no le parecían abusivas. En su descargo el Banco de España aducía que son los clientes los que aceptan libremente estas cláusulas, que además pueden revisarlas hasta en tres ocasiones antes de la firma definitiva, y por último que si el comprador no estaba conforme o se sentía siente engañado podía acudir a los tribunales.

Eso, denunciarlo ante los tribunales, es justamente lo que hizo una asociación de consumidores, y ahora cinco meses después un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla  ha considerado que la aplicación de esta cláusula a las hipotecas de las tres entidades objeto de la denuncia son abusivas.

La denuncia dice, además, apelando al sentido común, que las ve también desproporcionadas al no existir una contrapartida que impida que se encarezca el crédito si repuntan los tipos de interés. En roman paladino: no puede ser que en los contratos de compra-venta de viviendas haya cláusulas que impidan el descenso de la cuota hipotecaria en los préstamos a tipo variable, aunque el precio del dinero se sitúe por debajo de ciertos límites, y sin embargo no exista un mecanismo parecido en el caso contrario, es decir cuando suben. Está claro quien es el perjudicado en este caso.

De manera que cuando decíamos que no entendíamos muy bien la postura del Banco de España no estábamos locos. En aquel momento dijimos también que, a despecho de lo que afirmaba el órgano regulador, en el sentido de que son los clientes los que aceptan libremente estas cláusulas, eso era una verdad a medias puesto que efectivamente muchos compradores aceptan esa cláusula porque no tienen más remedio, puesto que de no hacerlo así las posibilidades de que la entidad bancaria les conceda el crédito merman considerablemente.

Así lo reconoce también la sentencia cuando dice que “salta a la vista que" (las cláusulas objeto de la denuncia) “tienen carácter de condición general, no son objeto de libre negociación ni fruto exclusivo de la misma, sino que vienen predispuestas e impuestas en la normalidad de los casos, resultando la excepcionalidad su variación y negociación particular".

Más claro, el agua. El Banco de España debería regular el mercado financiero con algo más de asepsia, porque a veces uno tiene la impresión de que su actividad se escora demasiado hacia una de las partes, que no es precisamente aquella que afecta a los consumidores.

Hace unos días un ciudadano acudió a nuestras oficinas de Madrid. Llevaba unos días, nos dijo, con molestias en el ojo derecho y había acudido a su médico preocupado. Éste le tramitó una consulta con el especialista y, un día después, recibió una llamada desde el centro hospitalario donde le comunicaban que su cita con el oftalmólogo había quedado fijada para el día 15 de junio.

Al principio nuestro hombre, que no es precisamente un asiduo de los médicos, creyó que se trataba de una broma, pero al otro lado del teléfono una voz, neutral y aparentemente normal, ya le estaba dando la hora y el nombre de la doctora que le había correspondido. Seguramente la voz anónima, neutral y aparentemente normal, tenía prisa. Seguramente tenía mucho trabajo que hacer y seguramente sería muy eficiente y muy eficaz.

Nuestro hombre trató de decirle que en los ocho meses que debían transcurrir hasta que le atendiera el oftalmólogo tal vez ya no necesitara que lo viera nadie. Si en ese tiempo, razonó, se le habían quitado las molestias lo más probable es que anulara la consulta. Si por el contrario éstas seguían, podría suceder que fuera demasiado tarde. 
Conclusión. Las posibilidades de que nada hubiera ocurrido en todo ese tiempo y de que, por consiguiente, la visita al médico en junio de 2011 sirviera para algo eran prácticamente imposibles. La voz anónima, neutral, aparentemente normal y seguramente muy eficaz y muy eficiente le contestó que lo comprendía pero que eso es lo que había y punto.

Desde CECUMadrid le aconsejamos, sin mostrar demasiado nuestra propia impotencia, que presentara una carta ante el Defensor del Paciente, el hospital en cuestión y la Consejería de Sanidad, explicándoles la situación y advirtiéndoles de que, si a lo largo de esos ocho meses de espera las molestias del ojo se convirtieran en algo más que molestias, y además ya fuera muy tarde para intentar algún arreglo factible, les hacía responsables de las consecuencias que se pudieran producir. 

Nuestro hombre se marchó, no contento desde luego, pero al fin y a la postre, ¿qué otra cosa podía hacer? La presentación de la carta, aunque no garantizaba nada, no resultaba tan inútil como presentar un contencioso administrativo contra la Administración que, con mucha suerte, podría resolverse en tres o cuatro años.

Pero esto no es en realidad de lo que yo quería hablarles hoy, o no exactamente de esto. Estas cosas ocurren cada día, son algo normal y cotidiano en Madrid. Lo que yo quería comentarles es la entrada en vigor del Área Única y la libre elección de médico que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid.

¿Se solucionarán con esto los problemas del hombre de nuestra historia? ¿La centralización de la gestión sanitaria va a aumentar la calidad del sistema? ¿Responde esta iniciativa a lo que de verdad demandan los ciudadanos? Yo quería hablarles de esto, pero lo cierto es que sólo me ha quedado espacio para hacer algunas preguntas. El próximo día hablaremos del Área Única.

Ha habido, de verdad, huelga general o no? ¿Creará o no trabajo,  la reforma laboral del Gobierno aprobada por el Congreso de los Diputados?  ¿Todos los que secundaron la huelga lo hicieron en realidad coaccionados por piquetes? ¿Qué significa eso de “desigual y moderada"? ¿Quién ha sido el que ha relacionado la huelga con la batalla campal de unos vándalos llamados anti-sistema desarrollada en Barcelona? ¿Ha sido la huelga general un éxito sin paliativos, un clamor?

¿Son los sindicatos una panda de vagos que sólo se preocupan de su propio pecunio? ¿Qué pensarán los cinco millones de parados, y los  cientos de miles de familias que apenas si llegan a fin de mes, y los trabajadores de la limpieza en Madrid que ven peligrar sus nóminas, y los mineros que llevan meses sin cobrar? ¿Y el déficit tarifario y las ganancias millonarias de las eléctricas y la subida de la luz?

Esta huelga ha dejado una resaca de interrogantes, de preguntas sin respuestas, de inquietudes y panoramas sombríos. Las calles, sí,  vuelven a estar limpias de panfletos, consignas, abucheos, aplausos, tergiversaciones, quiero y no puedo, ni contigo ni sin ti, de esfuerzos y sudores, de nervios y disparos, sin  querer, al aíre, de frases rotundas, de intolerancias y de crueldades, pero cabe preguntarse si después de esta batalla (pacífica y civilizada si) sacaremos alguna lección, si nos servirá de algo, si alguien se sentirá aludido y en definitiva si, como confió, nos pondremos a trabajar todos en lo que nos interesa a todos.

Sinceramente sería bastante entupido interpretar la jornada de huelga en clave de vencedores y vencidos, pero por si acaso recuérdese el poema  del dramaturgo alemán Bertol Brech, autor de actualidad estos días en España: “después de la guerra, en el lado de los vencidos el pueblo llano pasaba hambre. En el lado de los vencedores el pueblo llano  la pasó también".

En definitiva sería bueno que esta huelga sirviera para algo más que para dejar constancia de  legítimas diferencias. Pasado el griterío de unos y otros debería abrirse paso la lucidez y la razón. Hay que seguir mirando hacia delante porque no queda más remedio.

Apartir del próximo mes de octubre los  cerca de 22 millones de hogares  que tienen contratado un suministro eléctrico a una potencia inferior a 10 KW tendrán que pagar por el mismo servicio un 4,8 %  más. 

La gran mayoría –en torno a un 80%– de esos 22 millones permanecen acogidos a la llamada Tarifa de último Recurso  (TUR), que es un artefacto surgido tras la liberalización de la electricidad y que en realidad ha servido de refugio a todos aquellos –la gran mayoría– que no han encontrado razones, ni económicas ni de otro tipo, para cambiarse al sistema liberalizado. Porque la TUR es, efectivamente, una tarifa intervenida por el Gobierno, que sufre alteraciones cada tres meses (la verdad es que en realidad lo más objetivo sería decir que sube cada tres meses) pero que de momento ofrece mas fiabilidad que las del mercado  que en realidad no ofrece nada.

Pues bien, el Ministerio de Industria anuncia un incremento en las tarifas domésticas del 4,8%. La justificación viene motivada por “la evolución del coste de la energía, que se ha encarecido por el alza de los combustibles utilizados para generar electricidad y por el efecto estacional de los meses de invierno". Con independencia de lo creíble de esta explicación, nada justifica un encarecimiento del recibo en casi un 5%.

Además, desde el Ministerio se asegura que el incremento es única y exclusivamente fruto de la subasta energética que fija el coste de la energía y que constituye la mitad del recibo de la luz. La otra mitad, los llamados peajes que aún están intervenidos por el Gobierno, se congelan.  Encima deberíamos estar contentos.

En realidad este descomunal aumento es sólo una parte del problema. Si a lo de ahora sumamos lo de anteayer (subida de un 2,64 % en enero) y lo de ayer (subida del IVA del 16 al 18% en julio) en octubre la subida de la luz estará cercana al 10%, y si además aceptamos una subida de la inflación que el propio Gobierno ha estimado que no sobrepasará el 2%, estamos hablando de una pérdida de 6 puntos en la capacidad de compra de los ciudadanos.

El consumidor lo va a notar y como poco puede influir de forma negativa sobre el incipiente repunte del consumo que se ha producido en los últimos meses. Malo para la economía.

Pero hay más. Si hacemos cuentas y teniendo en  cuenta que los salarios se han incrementado una media del 0,4 %,  la subida de la luz multiplica por 25 la de los sueldos medios y por más de 6 el del IPC en ese mismo periodo. Y que se sepa, la economía española se las ve y se las desea para salir de la recesión y el paro. En esta situación ya no hay bolsillos de donde rascar.

Esto ya no es ni siquiera insostenible. Es sencillamente imposible. ¿Qué hacer? El Gobierno no dice nada, y mucho menos ahora que la oposición ha echado por tierra el penúltimo intento de pacto, en este caso para diseñar conjuntamente   el futuro energético de España, que parecía ser de su agrado y que, a nuestro juicio, era la última “gran esperanza blanca” para sacarnos de este atolladero. Pues nada, el último que salga que apague la luz, si es que aún queda algo que apagar.

Permítame un consejo ahora que estamos en plena temporada estival. Si usted va a salir de vacaciones al extranjero en estas vacaciones y quiere hacer uso de su teléfono móvil, actúe con mucha prudencia (prefiero no utilizar la palabra miedo por las resonancias un poco dramáticas que tiene).

Según un estudio realizada por la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECUMadrid) y dado a conocer en estos días, hablar por teléfono móvil desde el extranjero o lo que es lo mismo el roaming, término inglés que traducido literalmente significa vagabundear, pero que habitualmente se utiliza para definir a un usuario de telefonía móvil que estando en un país extranjero realiza o efectúa llamadas, es una aventura –en todo el sentido de la palabra– de consecuencias imprevisibles.

En primer lugar el estudio pone de manifiesto una vez más algo que ya sabíamos pero que no por ello deja de ser irritante, y es que si uno quiere obtener alguna información sobre el famoso roaming en los servicios de atención al cliente de las operadoras puede esperar sentado. La verdad uno  sospecha que las compañías mantienen este servicio por exigencia legal pero nada más, y si alguien piensa que soy injusto estaría encantado de que cualquier amable y paciente lector, mandara a esta sección algún ejemplo de lo contrario, que con mucho gusto le daré cauce.

Pero bien, vamos a lo que nos ocupa. Dado que, como queda dicho, en los servicios de atención al cliente es inútil buscar alguna información sobre el roaming, CECUMadrid ha optado por analizar la información existente en la actualidad, y que por otra parte es más o menos accesible, esto es la páginas web de las operadoras (en este caso el estudio se ha hecho sobre cinco grandes compañías  telefónicas de referencia).

Las conclusiones de este estudio no son muy optimistas. En primer lugar, y como observación general, el estudio concluye que en estos momentos para poder hacer un uso más o menos racional de nuestro teléfono móvil desde un país extranjero, la información es, no ya necesaria sino imprescindible.

Y esto es así porque estamos en un sector muy competitivo, dividido en diferentes áreas geográficas, con distintas modalidades tarifarias, ofertas, tipos de banda y de conexión diferentes (satélite, SMS, convencional etc) y todo esto junto a la existencia de operadores distintos si la conexión es por vía aérea o marítima. Frente a este panorama lanzarse a la aventura del roaming sin una información previa es una suerte de suicidio económico.

Otra de las conclusiones es que la información sobre roaming que suministran las operadoras a través de sus páginas web, no tiene ni la calidad ni la claridad necesaria que permita a los usuarios hacer un uso racional, sostenible y adecuado de su teléfono móvil en ruta por el extranjero.

Hay algunas lagunas, como por ejemplo las enormes diferencias tarifarias que existen entre las conexiones terrestres y las marítimas o aéreas, o la confusión que tienen muchos usuarios acerca de la tarifa plana, cuando piensan que ésta se puede utilizar también el extranjero cuando no es así, que resulta decepcionante.

En fin, lo dicho. Que tengan ustedes todos unas felices vacaciones, pero si van a usar el teléfono móvil en el extranjero, mucho cuidado.

Las últimas estadísticas publicadas por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) sobre el mercado de la electricidad no dejan lugar a dudas. Desde que entró en funcionamiento la liberalización eléctrica sólo un 7 % de los consumidores ha cambiado de compañía, es decir dicho en roman paladino, que un 93 % de los usuarios han ignorado las ofertas que le hayan podido hacer desde el mercado y sigue apostando por la tarifa de último recurso que es una tarifa intervenida.

Además el mismo Consejo de Consumidores y Usuarios informa también de que sólo uno de cada tres consumidores sabe que puede cambiar de compañía.

Y esto, ¿por qué? Básicamente porque el mercado eléctrico se ha liberalizado sí, pero sólo en teoría, porque una de las características de la liberalización, la competencia, no existe. No ha habido ofertas lo suficientemente atractivas como para que los consumidores cambien de la tarifa de último a otra presente en el mercado. A lo máximo a lo que han llegado algunas compañías es a ofrecer alguna noche de hotel gratis u otras bagatelas más o menos ridículas.

Pero además de esto, y a juzgar por la información de CCU, las compañías tampoco parecen estar muy interesadas en que los usuarios conozcan las posibles ventajas del mercado liberalizado. Sólo así se explica que de tres usuarios, dos de ellos no sepan que pueden cambiarse de compañía.

Y todo esto en un contexto de gran preocupación cuando el Gobierno central acaba de congelar la subida de la luz y nada se sabe de las discusiones que llevan a cabo el Partido Popular y el Gobierno con el objetivo de alcanzar lo que ambas partes han calificado de pacto energético. Se supone que las negociaciones buscarán alguna solución al déficit tarifarlo, la política que se va a aplicar con las centrales nucleares o cual va a ser el papel de las energías renovables en los próximos años.

Pero sobre todo lo que más inquieta es saber cual va a ser la repercusión que estos acuerdos van a tener sobre los consumidores. Me temo que al final los usuarios acabaremos pagando más, y que seguiremos sin competencia en el mercado.
¿Seguirán primando los intereses electorales a la hora de regular el mercado eléctrico o se tendrán en cuenta a los ciudadanos? Continuará.

En primera instancia y como consumidor lo que se espera de mí –o de nosotros– con respecto a la actual  huelga del metro madrileño (mejor dicho no tanto contra la huelga en si, sino con respecto a los dos días en los que no ha funcionado el suburbano) es, primero, que me queje. Cosa que hago con mucho gusto ya que el fin y al cabo quejarse no origina, normalmente, gasto alguno.

En segundo lugar se trata de buscar culpables, o si se quiere buscar algo a alguien a quién pueda trasladar mi cabreo y claro está hacerle culpable de la situación. Por último, y ya con algo más de tranquilidad, ejerceremos nuestro derecho a reclamar por una situación que consideramos lesiva e injusta.

Cualquiera de estas tres reacciones son respetables, sin duda legítimas, e incluso si me apuran, normales. Eso no significa que haya que compartirlas todas necesariamente o incluso alguna de ellas. Pero bien, éste sería el papel del consumidor. Reclamar cuando consideran que una situación les ha afectado, y desde luego esta les ha afectado y mucho.

Ahora bien, también como ciudadanos podemos ir más allá y preguntarnos como hemos llegado a esta situación. Como es posible que un colectivo relativamente pequeño de trabajadores haya doblegado la vida cotidiana de más de dos millones de personas, hasta el punto de que hayan tenido que cambiar de itinerarios, gastado dinero y aguantado estoicamente empujones, prisas y retrasos más o menos desagradables.

Digamos que tamaño descalabro sólo se justifica por la existencia de un caldo de  cultivo previo. Por lo que respecta al Gobierno regional, tanto su Presidenta como sus portavoces mas autorizados, no se cansan de repetir que lo mejor sería que los sindicatos desaparecieran, que suponen una rémora y otras lindezas parecidas.

Además y aprovechando el plan de recortes del Gobierno deciden rebajar no sólo el sueldo de los funcionarios, sino el de las empresas públicas que no están necesariamente afectadas por esos recortes. El Gobierno Regional no consulta con nadie, y aunque esto no es una obligación trae consecuencias.

A su vez los sindicatos no han dejado de hostigar a la presidenta a la que tienen declarado la guerra porque consideran que su política sólo favorece intereses privados, mientras margina a los trabajadores y los sectores más desfavorecidos. Además denuncian que los servicios mínimos se han convertido en máximos y de esta manera se echan al monte.

Puede que la huelga del metro haya sido el escenario elegido por ambos sectores para dilucidar su ajuste de cuentas particular. Sólo así se entiende que en vez de situar la huelga en el marco de una reivindicación laboral –algo más complicada tal vez por la crisis, pero reivindicación laboral al fin y al cabo– el metro se haya convertido en otra cosa. Así ni la Comunidad parece dispuesta a negociar, lo que es una grave irresponsabilidad,  ni los sindicatos parecen querer volver a una cierta normalidad, lo cual es otro  error.

Nadie pues parece querer resolver este conflicto, y una vez más nos utilizan como cabeza de turco de esta especie de batalla incongruente. En este caso además de exigir reparación y perdón deberíamos tomar nota de tanto descabello y dislate.  Bastantes problemas tenemos ya.

Cuando ya todos esperábamos lo peor (una subida insoportable del recibo de la luz a principios de julio)  sucede lo inesperado. Para empezar no habrá subida, mejor dicho la subida se retrasa, o dicho en boca del ministro Sebastián se “congela". Bueno no todo, porque la subida del IVA se aplicará sí o sí. En todo caso los consumidores lo aplaudimos, aunque sin pasarse.

A continuación aparecen en escena ¡y juntos! el Ministro del ramo, Miguel Sebastián, y el portavoz del economía del PP, Cristóbal Montoro. Ambos vienen a decir que en realidad la congelación es sólo una pausa, que ambos partidos han decidido afrontar juntos los problemas que aquejan al sector energético español y que la decisión de paralizar la subida de las tarifas es tan sólo el paso previo y  necesario para llegar a un a un pacto energético global.

Lo cierto es que tanto sentido común, expresado en tan escaso espacio de  tiempo y ejecutado al unísono por el Gobierno y el principal partido de la oposición, estuvo a punto de provocar un verdadero ataque de irracionalidad en muchos ciudadanos y desde luego, no lo niego, en nuestra asociación. Tanto es así que cuando las agencias de prensa llamaron, como suelen hacer cuando se trata de cuestiones como esta,  para  recabar nuestra opinión, hubo un primer movimiento de pánico seguido de incredulidad.

Pero no, era cierto, tanto el Partido Popular como el Gobierno quieren llegar a un pacto que siente las bases del mercado eléctrico en España. Pues bien, si quieren ustedes que les diga la verdad, a este que les habla y a la asociación que representa, la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid, más que la decisión de congelar  las tarifas (que por supuesto nos parece positivo) lo que realmente nos ha alegrado el día ha sido esta voluntad de pacto en un sector ten sensible, tan problemático y que tanto afecta a nuestro país y a sus ciudadanos, como es la energía.

Eso quiere decir, supongo, que ambos partidos empezarán por reconocer que por lo que respecta al actual problema de las tarifas, y entre ellos el recurrente “déficit" tarifario, nadie puede tirar la primera piedra, porque si bien es cierto que fue un gobierno del Partido Popular, con el entonces Ministro Rato a la cabeza, el que en el año 2000 se inventó el déficit (las tarifas no cubren el coste de la electricidad y se genera un déficit que se les reconoce a la empresas como ingreso) con el doble objetivo de contener el IPC y evitar impopulares subidas, no es menos cierto que los siguiente Gobiernos del PSOE no hicieron nada por corregir la situación.

Mas bien al contrario, el invento les debió parecer muy acertado, porque mantuvieron y reforzaron la situación hasta que ahora, cuando el famoso desfase ha creado una deuda de cerca de 20.000 millones de euros, ya no caben más paños calientes.

Suponemos también que ese pacto, entrará de lleno en la problemática de las energías renovables, tan importantes sin duda, pero necesitadas de unas reglas del juego claras, o de la decisión a tomar con las centrales nucleares, y los cementerios y los impuestos y así un largo etc.

Si se hace, si se toman decisiones de carácter estructural, convincentes y pensando en el interés general, es posible que al menos en este tema veamos la luz al final del túnel. Y eso no quiere decir que fuéramos a estar de acuerdo con lo que se decida. Es más, es posible que incluso lo rechacemos. Pero al menos tendremos un plan, sabremos a que atenernos y dejaremos las elecciones para cuando llegue el momento.  Que haya más luz pero también más taquígrafos.

Ayer, 21 de junio, comenzaron en Madrid las rebajas de verano. Tal vez sea uno de esos escasos momentos en los que podemos decir que estamos en un  buen momento para comprar. ¿Y por qué animamos con tanto entusiasmo? Básicamente porque en las rebajas confluyen tres elementos que las hacen muy atractivas.

El primero de ellos es que las mercancías que se rebajan no han perdido calidad, es decir, estamos hablando de un producto que ha estado en los escaparates unos meses antes. En segundo lugar, por el precio. Ese mismo producto, de la misma calidad, lo podremos encontrar en las rebajas un 30 % un 40 % o incluso a la mitad de lo que costaba unos  meses antes.

El tercer elemento de esta trinidad es que todo eso se puede hacer sin perder por ello ningún derecho. En la práctica es como si estuviéramos comprando en cualquier momento pero a la mitad de precio. Se mantiene el derecho de a reclamar si consideramos que no nos han prestado un buen servicio, podemos devolver el productos si este está deteriorado o incluso podemos pagar con tarjeta si el establecimiento en el cual vamos a realizar nuestra compras, admite esta forma de pago habitualmente.

Pero alguien podría preguntarse si todas estas ventajas teóricas se cumplen en la práctica. Pues lo cierto es que aunque no existe la seguridad al cien por cien las rebajas son, en un alto porcentaje, lo que dicen. Existen también varias razones para sostener esta afirmación.

La primera es que las rebajas están amparadas por una ley, que entre otras cosas dice que los productos rebajados deberán tener una doble indicación de precios. En el mismo producto  deben figurar el precio al que se vendía con anterioridad y el nuevo.  Esto permite comprobar la veracidad de la rebaja. En segundo lugar la ley prohíbe que se puedan fabricar productos destinados exclusivamente a las rebajas, que de esta manera podrían perder calidad. No son pues ni saldos, ni oportunidades, ni descuentos normales.

Otro aspecto que distingue a las rebajas es que tienen un tiempo limitado. La temporada de rebajas tiene unas duración de tres meses, pero los comercios no están obligados a permanecer durantes esos tres meses en rebajas, aunque para poder entrar han de tener al menos la mitad de sus productos rebajados, por un tiempo mínimo  de una semana.  Hay también unas fechas marcadas (no se puede empezar antes ni acabar después) pero el comercio, dentro de los tres meses que marca la ley,  puede empezar la temporada cuando quiera.

En fin, como vemos todo son ventajas. Definitivamente es un buen momento para adquirir aquellas cosas necesarias. A esto se añaden un par de razones, coyunturales, aunque de peso: la subida del IVA y la crisis económica. Así pues hagamos un esfuerzo. Comprar en rebajas supone una pequeña inversión muy productiva.

El Ministerio de Industria, competente en la materia, anuncia una subida del precio de la luz para los hogares del 10%. Para se más exactos lo que ha hecho el Departamento de Miguel Sebastián es proponer al órgano regulador, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), una propuesta de revisión al alza de las tarifas de acceso (también conocidas como peajes) de un 10%.

Para quien no esté muy habituado a la jerga eléctrica, los peajes representan casi la mitad del recibo. Incluyen costes regulados como la retribución del transporte, la distribución y las primas a las energías renovables. Es decir, que es muy probable que al final la repercusión que tendrán que soportar los hogares ronde el 4%.

El recibo de la luz ya se incremento un 2'5 % en Enero de este año y es muy probable que esta no se la última revisión que veamos en este año. Eso quiere decir que en un año la luz puede haber subido en torno a un 10% real.

¿Cuál va a ser el impacto real entre los  consumidores? Pongamos un ejemplo. Un consumidor medio que tiene una potencia contratada de entre 3,3  kw y 3,5 kw y una facturación de entre 50 y 70 euros al mes la subida le va a suponer dos euros mensuales en el primer caso y 2,70 euros mensuales en el segundo.

Ahora bien, si a eso le descontamos los 75 céntimos del alquiler de los contadores analógicos que el Ministerio quiere eliminar de la factura, tenemos que el cargo que van a soportar los consumidores del primer caso es de 1,25 euros y en el segundo de 1,95 euros.

La cosa no termina aquí porque en julio, justo cuando se empezará a aplicar la nueva tarifa, entrará en vigor la anunciada subida del IVA, dos puntos más, del 16% al 18%. En definitiva, que a principios de julio los hogares pagarán 2,25 euros y 2,95 euros respectivamente más de lo que pagan ahora. 

De todas estas cábalas se libran los cinco millones de usuarios que tienen el bono social, que lo forman familias numerosas, jubilados con pensiones mínimas y familias con todos sus miembros en paro. A estos últimos sólo les afectará la subida del IVA.

Aparentemente el incremento no parece excesivo, pero en realidad no es así. El 4% de subida que se propone va a superar en tres puntos la inflación prevista para este año que va a rondar el 1%. Las sucesivas subidas que se vienen realizando están situando los incremento anuales del precio de la luz en torno al 10%, y todo en un contexto de dificultades económicas crecientes.

Difícil por consiguiente aceptar esta subida que va a volver a restar capacidad de compra a los usuarios, y con las cifras de consumo por los suelos, la subida va a tener efectos muy negativos. Lo dicho la subida no es aceptable.

En los últimos días se han producido un par de noticias, una buena y otra mala, en relación con el mercado del aquiler. La primera de ellas ha sido la firma de un convenio de colaboración entre la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la Confederación Pública de Cajas de Ahorro (CECA), por la cual, esta última ofrece a la primera 137.000 viviendas que poseen en sus carteras inmobiliarias.

Son viviendas procedentes de la burbuja inmobiliaria y destinadas a la venta, pero que el mercado ha rechazado porque la demanda ha sufrido una caída muy notable.

Ahora la CECA, además de inten tar buscarles una salida a través del mercado del alquiler, ahorra dinero, porque la provisión que han de hacer es mucho menor si la destinan al alquiler que si la mantienen en venta.  Para el mercado la noticia también es muy buena por varias razones.

En primer lugar, porque puede abaratar el precio de los alquileres ya que estas nuevas 137.000 viviendas van a inyectar sin duda competencia y aunque no hay nada seguro, hay muchas más posibilidades de que una cosa baje de precio cuando hay competencia, que al contrario.

La otra razón, aunque más estructural, es también muy importante. Pintan bastos en la situación económica y los próximos años no parece que vayan a ser sencillos. En esta situación, el alquiler es la opción más razonable. Además, en España necesitamos reequilibrar el mercado de la vivienda, excesivamente volcado hacia la compra.

Algunas de las rigideces del mercado laboral tienen que ver también con esta situación. En un mercado laboral que necesariamente tendrá que flexibilizarse más, la vivienda en propiedad tiende a crear anclajes, a fidelizar a las personas a un territorio determinado, aquel en el que tiene su casa, imposibilitando de esta manera esa movilidad laboral que se dice ahora indispensable. Eso por no hablar de los equívocos e inexactitudes que se han ido propagando en estos años acerca de las ventajas, calidad de vida, ahorro, etc., que supuestamente tienen los propietarios de una vivienda, frente a los que han elegido la opción del alquiler.

Pero se trata sin duda de una bu ena noticia para el mercado inmobiliario. La otra es la denuncia realizada la semana pasada por la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid que afecta a algunas empresas, por suerte minoritarias, presentes en el mercado del  alquiler.

Según estas denuncias, para poder acceder al alquiler de una vivienda algunos arendatarios están pagando cantidades astronómicas, que pueden llegar a los 4.800 euros. Las empresas que gestionan estos alquileres parecen actuar sin complejos y aplican una denominada garantía adicional que, como ya hemos mencionado, obliga a un desembolso inicial desorbitado e injustificado, por mucho que sea legal.

Con estas prácticas, el mercado del alquiler pierde. Los bancos deberían dedicarse a lo que es su negocio principal, prestar dinero, y dejar el mercado del alquiler a otros, o también podrán seguir el ejemplo de la CECA, y poner sus viviendas en manos de los que tienen más experiencia en este campo. El alquiler de una vivienda no puede estar sujeto a las rentabilidades de la bolsa.

Leo que el Banco de España ha contestado al Senado que la aplicación de las llamadas cláusulas suelo a las hipotecas "no son, en general, susceptibles de ser catalogadas como abusivas". ¿por que dice esto una institución como el Banco de España? Antes de contestar a esa pregunta, recordemos que se esconde detrás de esta palabreja.

Para empezar retrocedamos un poco y hablemos brevemente del factor que más determina la existencia de las cláusulas suelo. Me estoy refiriendo, por supuesto, al euribor. Podríamos decir que el euribor (Europe Interbanking Offered Rate) es el promedio del precio al que las entidades financieras europeas más importantes se prestan el dinero en el mercado monetario. En concreto, es la media mensual del tipo de interés diario a un año.

Esto no afecta al Banco Central Europeo que es el que fija el precio oficial del dinero en Europa (en este momento los tipos están en el 1%) eso quiere decir que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos con un interés del 1%, y estos a su vez, como ya hemos comentado, utilizan como referencia el euribor para prestarse dinero unos a otros (en estos momentos el euribor está, aproximadamente, en el 1,25 %).

Pues bien las hipotecas, en su gran mayoría, están también referenciadas al euribor más otro tanto por ciento que fijan los bancos (cada banco tiene el suyo propio pero en general suelen oscilar entre el 0,50 % y el 1%).

Ahora bien estos precios son relativos, porque en el 90 % de los casos el comprador suele contratar la llamada hipoteca a interés variable a un año, lo que quiere decir que anualmente ese precio se revisa, y sube o baja en función de cómo haya evolucionado el euribor durante ese año. Hasta aquí todo funciona más o menos correctamente.

El problema empieza cuando los tipos de interés están muy bajos –como ocurre en la actualidad– y los bancos consideran que el negocio se resiente. Entonces  incorporan en los contratos de las hipotecas una cláusula suelo que funciona como un paracaídas, es decir ponen un límite a partir del cual la hipoteca no puede bajar más. Que sepamos no existen hipotecas techo. Pues bien esta cláusula es la que el regulador español, el Banco de España, no considera  abusiva.

Realmente hay poco que decir y con toda seguridad a cualquier hipotecado que le preguntemos la respuesta del Banco de España le habrá resultado decepcionante. Además de eso, y como justificación, el banco habla de que son los clientes los que aceptan libremente estas cláusulas. Que además pueden revisarlas hasta en tres ocasiones antes de la firma definitiva, y por último que si el comprador no está  conforme o se siente engañado puede, elemental querido Watson, acudir a los tribunales.

Sólo le ha faltado decir al banco una cosa, que no ha dicho, y es que por lo general todas estas cláusulas son de adhesión, es decir, no se puede elegir. El comprador no puede decir no, porque si lo hace, no hay crédito ni hipoteca alguna. Es en esas condiciones en las que cláusula suelo, sí, nos parece abusiva.

Estos días pienso en mi hija y me viene a la cabeza esa canción de Joan Manuel Serrat del mismo título. Al contrario de lo que parece dar a entender la canción, mi temor no tiene nada que ver con el alejamiento, por otra parte inevitable, del hogar familiar de los hijos. Esto último en todo caso me produciría una cierta nostalgia pero no temor. No, esto es algo peor y más inquietante. Veamos.

Oigo por doquier que la etapa de prosperidad, crecimiento y bienestar que hemos vivido en estos últimos treinta años se acaba. Y que no volverá. Y que si acaso vuelve habrán de pasar muchos años. Tantos que nuestros hijos de ahora serán ya padres maduros e, incluso, abuelos. Es decir, que todo indica, o al menos así parecen sugerirlo estos comentarios, que con nosotros se van los últimos atisbos de ese mundo pacifico, dialogante, prospero y racional que acaso soñaron nuestros padres recién acabada la II Guerra Mundial.

En definitiva que nuestros vástagos, se viene a decir como corolario de todo lo anterior, nunca conocerán esa etapa dorada que habríamos vivido nosotros. No sólo no va a mejorar sino que, por el contrario, lo que viene (en realidad ya estaríamos en ello) es una época difícil, de sufrimiento y dificultades.

Y mientras oigo todos esos comentarios y opiniones, seguramente juiciosos y razonables, siento como si los estuviéramos echando de casa –a nuestros hijos–, como si los abandonáramos en medio del páramo, a merced del frío y las calamidades, víctimas de un destino imprevisible y azaroso contra el cual nada pueden hacer. Entonces sí, que van a hacer lejos de casa.

Al mismo tiempo que oigo esto, leo también como un reputado comentarista afirma que el gran problema de España, o al menos uno de los más relevantes, es el de la educación, y casi sin darme cuenta veo en la televisión que alguien ¿o es el mismo? también afamado y juicioso doctor afirma en un debate que el pacto por la educación es un dislate, para más tarde reafirmarse en la necesidad ineludible del mismo, no obstante advertir que él nunca lo firmaría.

Casi sin recuperarme afronto, no sin tristeza, el espectáculo de un presidente, el mío, de mi país, que abatido nos informa que esto se acaba porque nunca supieron cómo había empezado. Y acto seguido escucho el jefe de la oposición, el mío, de mi país, aquel que está destinado a ocupar un día el trono vacío de la nave a la deriva, decir que todo está muy mal, que todo va a seguir estando muy mal y que él prefiere que todo siga igual para que nos demos cuenta de que todo está muy mal —porque no lo sabemos– y para que así nos demos cuenta que toda la solución está en él, aunque sinceramente no sepa muy bien cómo solucionarlo.

Entonces vuelvo a pensar en Serrat, y en la canción, y en los hijos y en mí. Y me da por pensar que  como es posible que lo estemos tirando todo por la borda de una forma tan inconsciente y tan burda,  y si podremos reaccionar todavía, o si ya estamos en realidad tan alejados de nuestro país, de ese territorio de lucidez y humildad que era el nuestro, que no nos hemos dado cuenta de que ya hemos iniciado la temida travesía de desierto.

Y discúlpenme. Un día malo lo tiene cualquiera.

Al parecer, y según comentan algunos medios de comunicación, la autoridad competente –léase Ayuntamiento de Madrid– estaría a punto de dar su aprobación para que se instalen cámaras de televisión en los taxis de Madrid. El objetivo no es otro que garantizar que las condiciones en las que desarrollan su trabajo sean las más seguras posibles.

Nada que decir a esto último. Sin embargo a lo primero, la instalación de cámaras, me van a permitir que disienta. Empezaré reconociendo que el tema es controvertido, que genera polémica y que por todo ello lo que yo pueda hoy decir hoy aquí no tiene por que ser compartido. Lo acepto. No obstante creo que es bueno que hablemos de ello.

Porque lo cierto es que no veo nada claro este asunto de las cámaras. El principal, y casi definitivo, argumento, es que la instalación de una cámara que grave al supuesto infractor, o al violento que atraque al taxista, no evita el delito ni las consecuencias que esto pueda tener para su víctima. Podrá tal vez, a posteriori, identificar al autor y facilitar su captura.

Y digo tal vez porque conocido que en un determinado vehículo hay instalada una cámara (este requisito es obligado ya que el cliente tiene derecho a recibir una información que puede ser determinante a la hora de aceptar o no este servicio), el delincuente puede optar por abordar a otro  taxi que no lleve este artilugio, o simplemente inventará algún truco para no ser reconocido por las cámaras. Ni siquiera el factor que se está difundiendo como más virtuoso, la prevención, es seguro que se cumpla con la instalación de estas cámaras. Insisto, no hay nada que pueda impedir que un descerebrado ataque a un taxista en su trabajo.

Así que atendiendo al derecho, fundamental eso sí, a la seguridad que todos debemos tener, se pone en peligro otro derecho, tan fundamental como el primero, que es el de la intimidad e integridad personal. Y todo esto sin que se pueda garantizar que a cambio de renunciar a parte de nuestra integridad, los taxistas vayan a estar seguros en su trabajo. 

Mucho más seguros. Primero porque a nadie se le puede garantizar seguridad total en su trabajo (ya se sabe: el riesgo cero no existe) y segundo porque el colectivo de taxistas es, desde el punto de vista estadístico uno de los más seguros. Y ya se que el modus operandis y la carga dramática que conllevan los accidente laborales en el taxi no son comparables, aunque sólo sea por la alarma social que crean, con otros sectores,  pero al mismo tiempo no es menos cierto que hace años, y el marco de uno de estos sangrientos y repudiables “accidentes",  los mismos taxistas que ahora reclaman estas cámaras pusieron el grito en el cielo y consiguieron que la autoridad competente –el mismo Ayuntamiento de antes– les pagará en parte (con dinero de todos no se olvide) unas mamparas de seguridad.

Ahora díganme ¿Cuántos taxis creen ustedes que circulan en estos momentos por las calles de Madrid con estas mamparas? ¿tal vez un 2 %? Puede que incluso menos.

Pero sigo. ¿No creen ustedes que la progresiva implantación del pago con tarjeta en los vehículos no sería una medida mucho mas disuasoria que las cámaras que ahora se quieren implantar, o de las fallidas mamparas de hace años? Si no existe pecunio en el taxi que llevarse, se acabó el motivo fundamental del atracador.

Pero en fin, y por terminar, ¿no puede ocurrir que un día aparezcan en Internet o en otro formato parecido las imágenes de inocentes ciudadanos/as sorprendidos en un taxi? Seguro que el 99% de los taxistas son personas integras y honradas, ¿pero no es posible que un garbanzo negro –en todas las profesiones los hay– no apriete la tecla de grabar a quien no debe?. Insisto no es fácil, pero pensemos.

No volvamos a sacrificar una vez más la libertad, en aras de una mas que dudosa seguridad.

Creo que este tema ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión en estas  mismas páginas. Si lo traigo de nuevo a colación es porque aunque los que nos dedicamos a la defensa del consumidor creemos que los ciudadanos saben de sobra el cómo, cuándo y de qué manera se debe hacer una reclamación, esto en la práctica no siempre  es así.

Es más diría que sigue habiendo un porcentaje relativamente alto de consumidores que no conocen bien cual es la mecánica para presentar una reclamación de consumo, y este desconocimiento, precisamente,  puede tener una cierta importancia a la hora de decidir si presentar una reclamación o inhibirse.

Antes de pasar a desarrollar un ejemplo sencillo de cómo reclamar, debo decir que cuando hablo de reclamaciones de consumo me refiero sustancialmente a aquellas controversias que se dirimen a través del arbitraje, o dicho de otro modo, que  son resueltas por el Sistema Arbitral de Consumo, que como ustedes saben es un instancia estrictamente legal, que discurre, por decirlo así,  en paralelo  al sistema judicial ordinario pero que no forma parte de éste.

En resumen hablamos de esas reclamaciones que constituyen el 95 %  de las que se presentan en una asociación de consumidores, que no traspasan la barrera de los 900 euros€ de importe y que por supuesto no derivan en implicaciones penales.

Veamos pues cómo funciona el sistema. Supongamos que hemos llevado un traje a la tintorería y cuando vamos a recogerlo creemos que no ha quedado todo lo bien que esperábamos. El dueño del establecimiento no opina igual que usted (cosa perfectamente normal)  y aduce que algunas manchas no se pueden quitar y que ya se lo dijo. Usted decide entonces reclamar.

Lo primero que tienen que hacer es pedir la hoja de reclamaciones (todos los establecimientos están obligados a tenerla, y si no es así también es motivo de reclamación). Usted tiene que rellenar un ejemplar que se compone de tres hojas autocopiativas. Una de ellas se queda en poder del establecimiento, otra es para ud. y la otra la debe enviar a la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) de su Ayuntamiento o a su Asociación de Consumidores.

Si pone en manos de la OMIC el asunto, trasladarán la reclamación a la empresa para ver si se aviene a alguna solución. Ahora bien las OMIC no tramitan denuncias,  únicamente gestionan  con la empresa una solución negociada.

Sin embargo, desde una Asociación de Consumidores su reclamación se pondrá en conocimiento de la empresa, atenderán su caso concreto con todas sus particularidades y, en su caso, formalizarán la correspondiente demanda ante el Juzgado solicitando una indemnización económica. (A pesar de los reclamos que aparecen con frecuencia  en los medios de comunicación, no existen abogados con más experiencia en temas de consumo que los que trabajan en una asociación de consumidores, que llevan cientos o miles de casos a sus espaldas).

Así mismo, también pueden denunciar la actuación de la empresa reclamada a los Servicios de Inspección por si su actuación pudiera ser objeto de sanción económica, pueden presentar una solicitud de arbitraje, pueden presentar una denuncia ante el Banco de España o ante la Dirección General de Seguros (que es el órgano competente en el sector de los seguros)….

Por lo demás delegar en una asociación de consumidores para que le tramite la denuncia no requiere de gestión alguna, salvo hacerse socio de la asociación a la que usted acuda que en términos prácticos supone pagar una cuota de unos 50 euros anuales,  por poner el ejemplo  de los socios de CECUMadrid.

A partir de ese momento usted sólo tiene que estar en contacto con su abogado para estar informado de la evolución de su expediente y de su denuncia. Si el asunto terminase ante la Junta Arbitral, en un plazo máximo de seis meses, el colegio arbitral compuesto por un representante de la empresa, otro del consumidor y presidido por un funcionario público, emitirá un fallo, que es de obligado cumplimiento y que no puede ser recurrido. Así de fácil. 

Tal vez usted consiga que esa tintorería, tan remisa al principio, acceda ahora a dejarle la prenda bien limpia.

Hay algo en lo que si estoy de acuerdo con la ministra Corredor. Efectivamente es muy probable que este año sea uno de los mejores para comprar una vivienda. Esto no quiere decir que yo, como miembro y representante de una asociación de consumidores, considere que la compra sea la única, ni siquiera la mejor opción, para procurarse un techo.

Creo que en ocasiones anteriores ya he dicho que a la hora de tomar una decisión en el tema de la  vivienda hay que tener en cuenta muchos factores. Por lo general siempre he considerado que para aquellos que acceden por primera vez a una vivienda lo mejor es el alquiler, al menos durante una temporada.

Las razones son claras. Para economías primerizas, y los que deciden emanciparse y formar un hogar lo son, es mucho más aconsejable el alquiler ya que permite mucha mayor flexibilidad y capacidad de reacción si la situación económica sufre altibajos (y tal y como está la situación laboral en España, con contratos cada vez más precarios, mucho mas).

Sólo cuando haya signos claros de estabilización, no sólo económica sino  también emocional,  es decir cuando se tienen garantizados unos ingresos mínimos al año y un cierto futuro por delante   se debe empezar a pensar en la compra como mejor opción frente al alquiler. En definitiva lo que trato de decir es que lo primero es ser y que el tener viene más tarde o en todo caso esto último esta subrogado –si se me permite esta expresión– a lo primero.

buen año para comprar. Dicho esto, y dicho sea sin intención de crear cátedra ni poner en solfa las decisiones que cada cual quiera adoptar, sigo creyendo con la ministra Corredor que este año es uno de los mejores para comprar una vivienda. Diré porque. En primer lugar financiar hoy la compra de una vivienda está más barato que nunca.

El euribor a un año –el tipo de referencia mas habitual en los préstamos hipotecarios–  está en el entorno de 1'20 % y  lleva bajando sin interrupción desde hace mas un año.
Eso quiere decir que si a eso agregamos un 0,50 % o un 0,60 % más -depende de los bancos- el precio al que una entidad bancaria nos presta hoy el dinero para comprar una vivienda no llega al 2 %. Nunca el precio del dinero había estado tan bajo para un ciudadano que quiera comprar una vivienda por primera vez.

En segundo lugar comprar ahora supone acceder a las deducciones por compra de vivienda que aún se conceden y que suponen un importante  incentivo.

Negociación

El año que viene estas ayudas se acabarán salvo para las rentas más bajas. En tercer lugar los precios no dejan de bajar. Desde que la burbuja estalló el precio de la vivienda nueva ha bajado en torno al 20 % en los grandes núcleos urbanos y más del 30 % en las zonas costeras. En las de segunda mano el descenso es aún mayor.

Por último las posibilidades de negociación  hoy en día, con una oferta que acumula un importante stock de pisos sin vender, son muy amplias.  El único peligro es estar atento por si nos cuelan las llamadas hipotecas suelo. Por lo demás comprar hoy en día es una opción muy interesante.

Cada vez un mayor número de ciudadan@s lo consumen. Y eso a pesar de que su precio es sensiblemente mayor. Hablamos de los denominados complementos alimenticios. O de los alimentos funcionales. Se trata de alimentos que son elaborados no sólo por sus características nutricionales sino también para cumplir una función específica, como por ejemplo, mejorar la salud o reducir el riesgo de contraer enfermedades.

Para ello se les agregan componentes biológicamen- te activos, como minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra alimenticia o antioxidantes. Por lo demás, este tipo de productos van acompañados de campañas de televisión muy agresivas. Seguro que a muchos les suena este mensaje: “reduce el colesterol", o “ayuda a reducir la grasa corporal" o “ayuda a combatir la tensión arterial".

El mundo de los alimentos funcionales o complementos alimenticios está formado por un conjunto de productos que van desde los dietéticos, pasando por las plantas y los laxantes, los adelgazantes, etc. Muchos de ellos han sido calificados, y no sin razón, de “productos milagro".

Su éxito está basado en la  creciente preocupación de muchos ciudadanos por la salud, y la identificación –o la confusión– que a veces se suele establecer con los paradigmas estéticos que impone el mercado o la industria (delgadez extrema, hábitos alimenticios pretendidamente sanos, etc.)

Pero al margen de los gustos o tendencias de cada cual, ¿cumplen estos productos con lo que dice la publicidad? ¿Se pierde realmente peso si se consumen o, como dicen la gran mayoría de los expertos, detrás de todas estas promesas no hay nada?

Pondremos, dentro de los límites de espacio que nos permite este artículo, un ejemplo tan sólo a modo de análisis.  Se trata de una de las muchas fórmulas de leches fermentadas que se comercializan en el mercado a través de distintas marcas.

Por lo general, el producto suele prometer una larga lista de alegaciones nutricionales entre las que se encuentran la regulación del tracto intestinal en caso de diarrea, mejor digestión y menos intolerancia, además de resaltar las propiedades nutritivas de la leche fermentada, rica en proteínas, vitaminas y minerales.

Pues bien, el análisis que la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos ha hecho de estos productos, concluye que efectiva- mente éste “participa en el fortalecimiento de las defensas naturales del organismo", pero no ayuda a reforzar la barrera intestinal, ni ayuda en la regulación del sistema inmune, ni contribuye a que el cuerpo sea más resistente, y así hasta nueve negaciones más.

¿Es acaso el producto malo para la salud? No, pero tampoco cumple ninguna de las funciones que promete la publicidad. Tan sólo “participa" en el fortalecimiento de las defensas naturales del organismo.

Y si además deja de consumirse, los efectos ya señalados terminan en ese mismo instante, pues las bacterias que producen el beneficio ya mencionado no colonizan el intestino. Es decir, estamos hablando de un alimento que tiene prácticamente los ingredientes de un yogur normal. Lo que no es normal es el precio, sensiblemente mayor.

Hay una opinión muy extendida –por suerte cada vez menos– que afirma que los ciudadanos españoles consideran el acto de reclamar,  a diferencia de otros países de nuestro entorno, más una expresión de enfado, irritación e impotencia que lo que realmente es: un derecho, y como tal carente de sentimientos más o menos visibles.

Para justificar esta supuesta vocación emocional a la hora de reclamar, los que sostienen la teoría (que insisto, creo es ya muy minoritaria) suelen poner como ejemplo el enfado y la irritación con la que responden–o respondían– muchos ciudadanos cuando se enfrentaban a alguna controversia o reclamación. Enfado e irritación que, insisten, no estaban exentos en muchas ocasiones de enfrentamientos verbales e incluso físicos.

Se trataba pues de un desahogo, una forma algo vehemente y también momentánea y coyuntural de expresar con cierta brusquedad la  frustración que se siente cuando no aparecen las soluciones que se requieren. En definitiva, una protesta más o menos irracional, que nada tiene que ver pues con la reclamación en sí,  y que acaba cuando su protagonista considera que le ha dado una lección a quien él considera el responsable de su problema o queja, independientemente de si ésta es la persona más adecuada, o si podría, en último extremo, arreglar la controversia de que se trate.

Repito, creo que este tipo de comportamiento es ya más una rémora que otra cosa, un tópico que asienta sus bases  en la tradicional indiferencia, cuando no  desprecio, que las administraciones e incluso el propio mercado han tenido  respecto a las legítimas quejas de los ciudadanos y donde el conocido vuelva usted mañana de Larra sería tan sólo la punta de un  iceberg de proporciones gigantescas.

En la actualidad, si alguno de esos comportamientos aún sobrevive no será, estoy seguro, por el carácter hostil o montaraz de los ciudadanos, sino por la falta de información. Esto último es sin duda una obligación del consumidor, pero tampoco la administración esta libre de culpa.

Porque efectivamente, hoy en día la reclamación es un derecho reconocido en nuestras leyes, como lo es también el derecho a recibir una compensación  cuando los intereses de los ciudadanos sean menoscabados o violados.

Y dirimir esto no es, efectivamente, una cuestión en la que haya que poner en cuestión sentimiento alguno. Sólo las pruebas, la razón, la justicia y en todo caso algo de sentido común  dan o quitan la razón al consumidor cunado presenta una reclamación.

En España además existe un sistema para dirimir las reclamaciones de consumo, el llamado Sistema Arbitral de Consumo, que es a nuestro juicio modélico. Un sistema que no tiene coste alguno para el consumidor; rápido (la ley da un plazo máximo de tres mese para que se emita un fallo) y eficaz (las decisiones del tribunal de arbitraje han de cumplirse inexorablemente y no son recurribles).

El consumidor puede presentar su reclamación en una de las Juntas Arbítrales de Consumo repartidas por la Comunidad de Madrid. Y puede hacerlo de forma individual, a través de una asociación de consumidores (lo más recomendable) o contratando un abogado.

Se acabó pues el problema. Hoy reclamar es un derecho y yo diría incluso que un deber cívico.

Hoy lunes, 15 de marzo, se celebra en todo el mundo,  y también en España, el Día Mundial del Consumidor. Como se sabe la biografía de esta fecha es muy corta. Toma como referencia un discurso pronunciado en 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos John Kennedy en el que aludía al hecho de que siendo el  colectivo de los consumidores el más numeroso (todos somos consumidores, vino a decir), era sin embargo el menos escuchado de todos. Desde entonces se decidió conmemorar el 15 de marzo como Día Mundial de los Consumidores.

En España, tanto el concepto de consumidor, como la idea de que estos necesitaban una protección legal, más allá de los enfados y las protestas baldías, llegó, como otras muchas cosas, con retraso y acuciada por urgencias.

Aunque es verdad que ya nuestra Constitución recoge en su artículo 51 una referencia a los derechos del consumidor cuando dice que: “Los poderos públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiéndolos mediante medidas eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos", lo cierto es que la plasmación de este espíritu constitucional no se produce hasta el año 1984 (seis años después) con la aprobación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pero no es casual que en esos momentos el país viviera bajo los efectos traumáticos del llamado síndrome del aceite de colza adulterado, descubierto tres años antes -en 1981-  y que tuvo consecuencias dramáticas: más de 60.000 afectados, de ellos 700 muertos y otros muchos con secuelas irreversibles.

Por esas fechas surgen también las primeras asociaciones de consumidores.  La asociación a la  cual representa el firmante de este artículo, la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid CECUMadrid cumple este año el 25 aniversario de su nacimiento, es decir justo en el momento en el que las consecuencias del envenenamiento masivo del aceite se materializan en decenas de miles de reclamaciones, que desbordan a la administración y ponen en evidencia la indefensión en la que se encuentran los consumidores en nuestro país.

Al igual que CECUMadrid el resto de las organizaciones más importantes que siguen en funcionamiento en la actualidad, nacen en aquellos años. Es decir que el nacimiento de la conciencia como consumidores en España es producto de la tragedia. Nada especial por otra parte y no hablo sólo de nuestro país. Los seres humanos, en general, “sólo nos acordamos de Santa Barbara cuando truena".

Pero bien la pregunta es ¿ha valido la pena? Y la respuesta no puede ser otra que positiva. Claro está que han cambiado tantas cosas que si ahora miráramos hacia atrás apenas si nos reconoceríamos.

Pero bueno esa es otra historia que tal vez valga la pena hablar de ella otro día. De momento celebremos este Día Mundial con una certeza: hemos llegado hasta aquí, sí, pero  aún queda mucho por hacer.

En estos últimos días la actualidad empieza y termina en el IVA. Se que casi todo el mundo sabe lo que se esconde detrás de estas siglas, pero por si acaso lo aclaro: Impuesto sobre el valor añadido, aunque en realidad si lo dejáramos sólo en impuesto sería suficiente. Porque esa es la madre del cordero de todas las batallas de las últimas semanas: el IVA, o sea los impuestos.  La subida de de este impuesto (y por definición de “los" impuestos) a partir de julio,  ha canalizado los debates celebrados en el Congreso,  generado cientos de opiniones a favor o en contra y despertado agrias, y a veces, aburridas polémicas, entre los contertulios de turno.

Tirios y troyanos se lanzan unos a otros acusaciones más o menos retóricas y soflamas con mucha pirotecnia y poca pedagogía. Efectivamente en la discusión actual sobre el IVA  algo más de racionalidad sería de desear. Y algo menos de crispación también.  Y que conste que no soy de esos que creen que la política no sirve para nada y que todos los políticos son iguales (corruptos, oportunistas, privilegiados etc).  Todo lo contrario, el papel de la política me parece esencial y el nivel de nuestros políticos aceptable, aunque en los últimos tiempos se hayan producido situaciones muy reprobables. No, el fondo, y si quieren ustedes que les diga la verdad yo en realidad lo que trato es de buscar es un poco de luz.

Ya mi gustaría a mi iluminarles a este respecto pero sinceramente, sólo tengo perplejidades. Por ejemplo no acabo de entender, como a veces se traslada a la opinión pública por parte de unos y de otros, que más allá de la puesta en práctica o no de la subida del IVA no haya mas vida para la economía española.  ¿Acaso es una cuestión de vida o muerte la subida o bajada de impuestos? ¿supondrá, de verdad, un golpe mortal para la incipiente recuperación de la economía española la subida del IVA? Por el contrario ¿bajar los impuestos será, de verdad,  el bálsamo que todo lo cura?

Por otra parte ¿hay alguien que pueda asegurar algo con respecto a las consecuencias que esta medida puede tener sobre los consumidores y por ende, sobre la economía? Cabe suponer que subir un impuesto como el IVA, y más aún cuando los ciudadanos atraviesan momentos difíciles, tiende a retraer el consumo, ¿pero hasta  el punto de que cortará de raíz la recuperación? Pero en el lado contrario ¿bajar los impuestos y poner más dinero en manos de los consumidores, asegura la recuperación? ¿acaso todo ese dinero que vuelve a manos del consumidor se dedicará al consumo? ¿no cabe pensar que una parte de ese dinero, y más en estos tiempos de consignas a favor del consumo responsable, se dedicará al ahorro?

Me da la impresión de que hay otros elementos a considerar, más allá de la subida del IVA, en el análisis sobre la evolución de la economía española en los próximos meses. A los consumidores nos  gustaría que, tanto en este  caso como en general, se pensara más en los ciudadanos y menos en las elecciones.  Más en el aumento de aquellas familias  que no llegan a fin de mes y menos en artificios  retóricos.  Por una vez y sin que sirva de precedente.

Y dicho esto a mí tampoco me gusta que me suban los impuestos.  

Dudas y preguntas a través de la página web: www.diariodealcala.es

La Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha vuelto a ratificar estos días la voluntad de su gobierno de transformar la actual empresa pública Canal de Isabel II en una sociedad anónima.

El fin último de esta decisión no es otro que permitir que el capital privado pueda acceder al 49 % de las acciones de la nueva compañía.  Es lo que la presidenta regional llama de forma eufemística, “devolver las gestión del agua a los madrileños". 

Desde nuestro punto de vista, en realidad lo que se quiere hacer es todo lo contrario, o sea, poner en manos de unos cuantos –privatizar–  lo que ahora es de todos.

Naturalmente, la presidenta regional está legitimada para ello, pero la misma o parecida legitimidad tenemos aquellos que dudamos que esta iniciativa sea la mejor para los madrileños, y nos preguntamos por qué y para qué. Veamos.

La empresa que gestiona en estos momentos el agua en Madrid, es una institución señera, que  nació hace 150 años y que ha tenido hasta la fecha un comportamiento más que razonable. Como es sabido el agua de Madrid es una de las mejores, si no la mejor, de España y una de las mejores de Europa al menos en lo que se refiere al abastecimiento a grandes urbes y a un precio excepcionalmente competitivo como saben todos los madrileños.

Esto no ha impedido que sea una de las empresas públicas más rentables de la Comunidad de Madrid, con unos beneficios de unos 80 millones de euros en 2008, lo que unido a su capacidad de endeudamiento le ha permitido afrontar históricamente sus inversiones en infraestructuras, sin que los ciudadanos hayamos tenido que desembolsar cantidades significativas a ese respecto (*).  

Oportuno es decir también que en los últimos cuatro años la política de ahorro llevada a cabo por el Canal ha permitido disminuir el consumo del agua en un 13 %.

Notorio es también el trabajo realizado en mejorar y modernizar su extensa red de distribución de casi 14.000 km, 12 plantas potabilizadoras y 147 estaciones depuradoras, entre otras infraestructuras hidráulicas. Y todo ello de propiedad exclusivamente pública (de todos los madrileños), como lo es también el importante patrimonio inmobiliario del Canal.

Por último, y dejando al margen temas de competencia, el suministro de agua a nuestra región esta garantizado sin problemas durante los próximo cinco años, tal y como ya ha manifestado la Confederación Hidrográfica del Tajo, institución dependiente de la Administración Central del Estado, que es la que  concede y autoriza al Canal de Isabel II la captación y distribución del agua en nuestra comunidad, y cuyas inversiones en esta materia son conocidas.

Entonces, ¿por qué poner en manos privadas una empresa pública que funciona perfectamente, no origina gastos a los madrileños, tiene unas tarifas perfectamente asumibles, y tiene asegurado su futuro? ¿Por qué pasar al mercado un patrimonio de todos, labrado en 150 años de eficaz gestión? ¿Por qué quitarle a los madrileños esta seña de identidad?

Tal vez la respuesta esté en un suculento negocio formado por más de seis millones de clientes cautivos. Tal vez. Sea como sea los ciudadanos tenemos derecho a que se nos explique.

(*) El 74 % de los algo más de 200 millones de euros invertidos  en el periodo 2004-2007 procedieron de recursos propios y de emisión de deuda a largo plazo, mientras sólo el 5,2 %  fueron subvenciones.

La Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid acaba de hacer públicos sus datos anuales correspondientes a 2009. Las estadísticas, que con un total de 85.048 consultas y reclamaciones, muestran un moderado crecimiento del 2,95 con respecto a 2008,  ofrecen, no obstante, algunas  cifras de cierto interés.

Por ejemplo no deja de ser significativo que el capítulo de reclamaciones haya aumentado un 32 %  con respecto a 2008. Es decir que en el año 2009 ha habido un 32 % más de reclamaciones que el año anterior. Se trata de un porcentaje inusualmente alto y que, aunque en parte corresponda al cambio que se ha producido en los sectores objeto de análisis, no explica en su totalidad este súbito incremento.

Las respuestas aparecen algo mas claras cuando leemos que cuatro sectores claves concentran el 58,2 % -una amplia mayoría por tanto- de esas 58. o48 consultas y reclamaciones recibidas durante 2009, y el 62 % de las 18.157 reclamaciones.

Los cuatro sectores, de un total de 18,  que monopolizan las quejas de los madrileños son: Suministro de Energía Eléctrica y Gas, Transportes,  Servicios Financieros y Comunicación e Información. De esos cuatro sectores al menos tres han tenido un año 2009 rico en problemas e incidentes de todo tipo.

Recordemos sin ir más lejos el que hace referencia al suministro de energía eléctrica y gas. Además de la discutida liberalización llevada a cabo en julio, cerca de medio millón de madrileños vieron como de la noche a la mañana desaparecía la tarifa nocturna que tenían contratada y con ello una subida del 40 % en su recibo.

Y esto último, el recibo, fue objeto de miles de protestas cuando, con motivo de la modificación del periodo de facturación, se detectaron subidas no justificadas en el recibo. Total las reclamaciones en 2009 se dispararon un 71'37 %.

Sin embargo, si hablamos de los transportes, que es  tanto como hablar de los problemas que ha tenido el transporte aéreo en 2009 (retrasos, cancelaciones, anulaciones, pérdida de maletas tc) o del servicio de taxis o de la venta y reparación de automóviles, el incremento de las reclamaciones respecto a 2008, un 158,2 %, ha sido realmente espectacular.

En cuanto a la Comunicación e Información no se queda atrás. Al ya crónico problema que padecen las operadoras de telefonía para gestionar adecuadamente los servicios de atención al cliente o las dificultades que tienen los usuarios para acceder  a Internet,  se suman los problemas de la televisión –véase TDT– o los servicios postales o de correos.  Todo ello generó un 40,21 % más de reclamaciones.

Por último están los Servicios Financieros. En su caso no hay excepcionalidad, no es que hayan tenido un mal año, como ha podido ocurrir con los transportes o la electricidad, es simplemente lo de todos los años. Baste con decir que son el sector mas reclamado de la Comunidad de Madrid durante 2009.  Además registró una subida del 74,4 % en las reclamaciones.

Como verán el año 2009 ha sido uno de los que mas protestas ha generado en nuestra Comunidad. Y eso que no hemos hablado nada de la crisis.

No,  no es un diálogo perdido y hallado  en el camarote de los hermanos Marx. Tampoco es un reclamo  publicitario más o menos estrambótico con el que algún desesperado, o quién sabe si enajenado, comerciante, pretende acelerar las temporada invernal de rebajas.

En realidad detrás de este juego de palabras se esconde el encontronazo de dos noticias dispares y distintas, aunque aparecidas el mismo día  y sin embargo malas, que diría el otro.

La primera de ellas dice que la compañía Iberia  va a  implantar próximamente un recargo adicional de 60 euros a los viajeros de clase turista por la segunda maleta. La noticia de la segunda maleta surgió el mismo día en la que el Gobierno anunciaba que ya nos podemos ir abrochando los cinturones porque iba a proponer que la edad de jubilación se retrasara dos años, de los 65 actuales a los 67 del futuro.

Como soy de los que creen que la coincidencias no existen, interpreto esta señal  como un aviso de que  se acercan tiempo peores, (porque malos, lo que se dice malos, ya los estamos pasando), que traducido al castellano popular viene a coincidir con el titular. Dicho esto, tampoco es que a un servidor le pille de sorpresa.

En lo tocante a la segunda maleta llueve sobre mojado. Hace ya algún tiempo  que las compañías aéreas, sobre todo las llamadas baratas, han tocado a rebato. Empezaron eliminando del menú aquellos pequeños desayunos frugales de los primeros vuelos de la mañana, no contentos con esto trasladaron a la carta (léase por un módico precio), los minúsculos tentempiés que te regalaban si volabas por la tarde, y últimamente, –más vale tarde que nunca dirán ellos– amenazan un día si y otro también  con vender al mejor postor los asientos cercanos a las puertas de seguridad, o los de ventanilla (adiós a tu perfume embriagador mientras contemplas la llegada a la ciudad desde los cielos, que diría un amigo mío algo cursi).

Por fin la gota que ha colmado el vaso ha sido el cruel, y a mi juicio –y el de nosotros de la CECUMadrid– ilegal, aviso, de que a los obesos y gordos en general les van a empezar a aplicar una tarifa distinta en función de su volumen. Cual sea esta tarifa es algo que aún está por decidir pero se habla de que tendrían que abonar dos asientos.

Insisto, nos parece una tropelía discriminatoria y animamos a todo aquel o aquella que se puede ver afectado a que presente una denuncia, y no sólo por lo que hace referencia a los derechos del consumidor, sino incluso porque podría afectar a derechos constitucionales.

Así pues y visto lo visto lo de la segunda maleta se queda casi casi en una anécdota, si no fuera porque no entendemos lo de Iberia, salvo si se trata de una invitación al suicidio.

En los últimos años el AVE le ha recortado la mitad de los pasajeros del puente aéreo y no deja de retroceder en otras rutas  por la competencia de las líneas de bajo coste, el problema de los pilotos sigue ahí, enquistado, sin que se pueda descartar un renacimiento de antiguos conflictos y la cuenta de resultados no mejora.

Pues bien deben haberse convencido de que, además de por tener los precios más caros, el mejor camino para acabar con las únicas señas de identidad que aún les van quedando (ya saben algo así como el “si no está contento con su compra le devolvemos el dinero”) es seguir el ejemplo de otras compañías y que sea el usuario, otra vez, el que pague los platos rotos, aunque cada vez haya menos usuarios y hasta la derrota final.  Y todos contentos.

E s sabido que desde el pasado 1 de julio el sistema eléctrico en España está liberalizado. Por supuesto, el anuncio de la liberalización produjo una importante cantidad de fuegos artificiales, frases más o menos rotundas y alguna que otra promesa.

Entre las rotundidades más divulgadas esos días destaca un lugar común: la introducción de competencia en el sector producirá sin duda una bajada de precios  al tiempo que una mejora en la calidad del servicio (facturaciones transparentes y comprensibles, un servicio de urgencia 24 horas eficaz, una oficina de atención al cliente competente, etc).
Es decir, se dio por hecho que por el simple hecho de liberalizar el sector la competencia sería un hecho. Lo cierto es que la experiencia española es controvertida a ese respecto. Existen sectores que llevan años liberalizados y en donde  la competencia brilla por su ausencia, y si quieren comprobarlo basta con que se den una vuelta por alguna de las ciento de gasolineras que existen en la Comunidad de Madrid.

Las diferencias de precios entre estos establecimientos es tan nimia –cuando existe– que a ningún consumidor le compensa el desplazamiento en busca del mejor precio. El otro ejemplo que podríamos poner es el de la telefonía. Paradigmático y paradójico al mismo tiempo porque en este caso podríamos aplicar aquello de que “el bosque no permite ver el árbol", o sea hay tal inflación de ofertas y  son estas tan especificas y  compartimentadas, que al final uno no acaba de comprender nada y no consigue identificar entre la maraña de opciones la que más le interesa. Y esto, claro está, también dificulta la competencia aunque de otra manera.

Es verdad que poco a poco, y en la medida en que se localizan los problemas, los gobiernos van afinando sus legislaciones, regulando allí donde hace falta y  penalizando comportamientos irregulares. Aún así hay aspectos –se me ocurre, por ejemplo, la ineficacia, cuando no la indignación, con la que se prestan los servicios de atención al cliente de las operadoras de telefonía– que no sólo no han mejorado con la liberalización sino que me atrevería a decir que han empeorado.
 
En el caso que nos ocupa, la electricidad, ni siquiera podemos juzgar como está caminando porque,  seis meses después  de la liberalización, el porcentaje de consumidores domésticos que se han pasado al mercado libre es tan escaso que carece de relevancia alguna. Claro que no es menos cierto que las famosas “ofertas" que las operadoras eléctricas iban a hacer al consumidor, y que sin duda  provocarían su abandono de la tarifa intervenida, han brillado por su ausencia.

Nada se ha movido en el mercado de la electricidad desde entonces. Se ha liberalizado en el papel, pero no hay competencia y en la práctica todo sigue igual. No es extraño que el consumidor haya optado por lo malo conocido frente a lo bueno por conocer.  Seguiremos esperando.

La pasada semana se presentó públicamente en Madrid el análisis anual (en este caso correspondiente al año 2008) de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. 

El estudio, que cada año lleva a cabo el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, cuya presidencia ostenta María Rodríguez, Presidenta de honor a su vez de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)  es, ante todo, un análisis –ciertamente riguroso y serio– sobre la calidad de la información que suministran las principales empresas españolas que cotizan en el IBEX 35.

Y esto es así, entre otras cosas, porque los mimbres –es decir, la información– con la cual se elaboran los análisis los proporcionan las empresas mismas. Esta circunstancia, que sean las propias empresas las que deciden que información se da y cuanta, no juzga la calidad del documento presentado.

En otras palabras, el rigor del análisis no está tanto en la cantidad o calidad de lo que se suministra, cuanto en la solvencia, independencia y capacidad profesional  del equipo que elabora el estudio que, ya lo he manifestado más arriba, me parece de altura. Así, y como ya he aclarado,  el estudio no entra en valoraciones, ni juzga el comportamiento de las empresas sometida a examen sino la calidad de la información que hacen pública (cuestión, a mi juicio, de una relevancia indudable).

Dicho esto, el análisis que cada año presenta el Observatorio de la RSC, es un instrumento muy importante para conocer cual es el grado de información que transmiten las principales empresas españolas en temas como medio ambiente, derechos laborales, corrupción, derechos humanos o consumo.

Aunque para conocer con una cierta fiabilidad cual es el comportamiento global de las empresas españolas lo mejor  es  conocer la información que se suministra de todos los sectores, me detendré hoy, por  razones obvias, en el apartado de consumo dejando para otra posterior colaboración el resto de los sectores sometidos a análisis.

Entrando ya en materia, y aunque en  conjunto las empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 están muy lejos de cumplir los  parámetros mínimos que en materia de información exige la RSC, en lo que se refiere al consumo la situación cabría calificarla de deplorable.

Así, sólo una empresa –3 % de las 35  que contestan al estudio– ha aportado información sobre la observancia de leyes y reglamentos relacionados con la protección de los derechos del consumidor en los países en los que estas empresas realizan sus operaciones.

Algo más –2 empresas y un 6 % del total– informaron sobre incumplimientos y violaciones de los derechos del consumidor y sobre las sanciones a estas violaciones. En lo que se refiere a la información sobre la renuncia a la utilización de prácticas contractuales abusivas el panorama es, sencillamente, desolador puesto que ninguna empresa ha informado sobre este asunto.

¿Por qué no lo han hecho? ¿no pueden, no quieren? El resto de las respuestas se mueven en la misma dirección. Por ejemplo tan sólo  un 17 %, –6 empresas de 35– ofrecen datos cualitativos sobre las reclamaciones que han tenido y el resultado de las mismas y un 20 %, que es el máximo porcentaje de respuestas, han aportado información sobre su renuncia a la comercialización basada en informaciones falsas o capciosas.

Este parece ser el triste panorama en el que se mueve las grandes empresas españolas. Sin comentarios.

Si alguna lección, querido consumidor, nos deja el ya funesto año 2009 (al que podemos calificar sin demasiadas contemplaciones como agnus horribilis) es precisamente la de que los excesos consumistas se pagan.

Por decirlo de otra manera creo que las precariedades y dificultades vividas durante el año 2009 (y lo que te contaré morena en 2010)  no deben ser objeto tan sólo de conclusiones negativas –que también– sino que urge hacer de la necesidad virtud.

Se me dirá, y con razón, que “a buenas horas mangas verdes", pero a eso se puede responder con una cierta oportunidad lo de “más vale tarde que nunca". Me explico y después concluyo.

Según las estadísticas más fiables el consumo de los hogares españoles durante 2009 sufrió un drástico descenso. Gastamos mucho menos, lo cual significa que nuestro nivel de consumo fue también mucho menor. Sin duda que una parte de esa disminución se debió a la falta de ingresos que han sufrido muchas familias al perder su puesto de trabajo.

Y sin embargo esto último no explica la depresión consumista del pasado año, puesto que otros países europeos que registran niveles de paro mucho menores han visto como se derrumbaban también sus cifras de consumo.

Si a esto le unimos que el ahorro de las familias ha pasado de apenas un 10 % antes de la crisis al actual 19 % entenderemos por que la moderación consumista ha sido posible, sobre todo, no tanto a la pérdida relativa de ingresos, cuanto a una decisión del consumidor libremente adoptada.  Dicho lo cual podríamos decir: por fin.

Ya puestos sumarnos a los corifeos del “nosotros podemos". O sea, podemos, (yo añado el “debemos"), cambiar nuestros hábitos de consumo, consumir de forma más racional y atendiendo siempre a nuestras necesidades lo cual significa ser más responsable, e incluso si quieren ustedes, a fuer de ecologistas, más sostenibles. Para mí todo esto se traduce en consumir con inteligencia.

En fin que si aceptáramos esta última tesis aceptaríamos también su conclusión: la inteligencia vuelve (cabría decir recobrada) cuando más la necesitamos (en tiempos de crisis), pero se vuelve perezosa, despistada e inconsciente cuando no es la necesidad, sino el abandono, el que guía nuestra conducta. Entonces es lo ajeno (la publicidad, la moda, la coyuntura, en definitiva las necesidades del mercado) las que mueven nuestras conductas, orientan nuestros hábitos e impulsan el  consumo innecesario.

Y no estoy hablando de calidad de vida, sino de abundancia. El tener garantizado el acceso a una serie de bienes y servicios (educación, sanidad, vivienda, trabajo, ocio...) es un derecho que todos deberíamos tener y por el que debemos luchar. La abundancia es, seguramente, un artificio.

Una fascinación que se rige por  las leyes del mercado. Si algo nos ha  enseñado esta crisis es que se vive mejor en la inteligencia que en la abundancia.  Y que podemos, con-sumo cuidado, conseguirlo.

En fin en estos comienzos de año tan propicios a los buenos deseos no es, aunque pudiera parecerlo, un acto de puritanismo lo que propongo (haga por último cada uno/a  lo que quiera) sino un ejercicio de libertad. Recobrar nuestra capacidad de decisión. Que sea el ciudadano consumidor el que cree las necesidades del mercado, y no este el que determine los hábitos del consumidor. El año pasado hemos empezado a hacerlo y no nos ha ido tan mal.

Dicen, y seguramente será verdad, que nos acercamos (a decir verdad habría que decir que ya estamos) a la época de año en la que el consumo se dispara. Lo cierto es que casi nadie es capaz de sustraerse al vértigo navideño. El que no tiene que renovar el árbol de navidad o complementar el belén con algún que otro  nuevo elemento, tiene pensado disfrutar con los amigos-as la entrada del nuevo año en alguna sala de fiestas o aprovechar estos días para escaparse con su pareja a algún lugar tranquilo. Y en fin todos –o casi todos– tendrán algún compromiso con los reyes magos en forma de juguetes, y desde luego pocos habrá que, aunque sea por una vez y sin que sirva de precedente, no se muestren generosos a la hora de pensar en la comida familiar el día de nochebuena o navidad. Y a todo eso habrá que sumar las inevitables comidas con los compañeros de trabajo, el irremediable gasto de lotería –“no vaya a ser que toque",  dicen los más pesimistas tratando de curarse en salud– , y  por supuesto no debemos olvidar el regalo a la madre, la esposa o a esa amiga o amigo que también se portó en los momentos difíciles. Así que parece que en apenas 2o días concentramos todas las ilusiones, afectos, celebraciones y conmemoraciones del año que termina. Y todo eso, al margen de otras consideraciones, es dinero luego consumo. Por consiguiente no podemos sino confirmar que, tal y como dice el refrán popular, en navidad los españoles “tiramos la casa por la ventana". Las estadísticas también lo confirman. España es uno de los países de la Unión Europea que más gasta en las fechas navideñas.

Y bien, ¿es esto muy racional? ¿Este sobreesfuerzo de fin de año es necesario? Si preguntamos a un ciudadano estos días nos podríamos encontrar con una respuesta aparentemente paradójica, porque es probable que muchos reconocieran que racional, lo que se dice racional, no es que lo sea mucho, pero a continuación el entrevistado puede decirnos con la misma tranquilidad que “un día es un día" y que este año incluso va a gastar más que el año pasado. Pero hay más. Si seguimos con la encuesta y nos interesamos por conocer cual es la situación económica del ciudadano en cuestión, muchos (me atrevo a decir que una mayoría) contestarán sin dudar que: “mala". Y si por último queremos cerrar este circulo paradójicamente virtuoso indagando cómo demonios se consigue gestionar una reconocida mala situación económica con una decidida voluntad de gastar más dinero este año que el pasado, nuestro interlocutor responderá, con la misma aparente certidumbre que no lo sabe, para a continuación añadir que: “de algún sitio saldrá", respuesta que además de misterio aporta perplejidad a propios y extraños.  

Seguramente son estas paradojas navideñas las que nos hacer ser únicos en el mundo, y añado que envidiados, e incluso objeto de culto en otras latitudes. Racionales no seremos pero en la diversión no hay quién nos gane.  No importa que estemos endeudados hasta las cejas, que estemos a punto de tener la cifra de parados más alta de nuestra historia reciente o que el Gobierno de la nación nos advierta de que el crecimiento de nuestra economía seguirá débil el próximo año. Es igual. 

Los ayuntamientos siguen adornando profusamente  nuestras ilusiones, los comercios llaman a rebato y nosotros acudimos, cual corderitos navideños, a la llamada del becerro. Al fín y al cabo son  días de fraternidad, amor y solidaridad.  Días para tirar la casa por la ventana. Feliz navidad amigos y amigas.

Antonio L. Sebastianes es el director de comunicación de CECU Madrid: http://www.cecumadrid.org/
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El pasado día 6 de noviembre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la Unión Europea llegaban a un acuerdo para regular el acceso a Internet en territorio comunitario.  Empecemos diciendo que este asunto ha motivado desde hace tiempo importantes controversias en el seno de la Unión. Básicamente, y a grandes rasgos, podríamos decir que el panorama es el siguiente.

Existen tres bloques que representan a su vez intereses y opiniones  distintos. En primer lugar los partidarios de que se regule lo mínimo. Aquí militarían aquellos internautas y ciudadanos –en la actualidad una minoría– que en general consideran que Internet es un territorio libre y que en definitiva no se pueden poner puertas al campo. Desde este punto de vista bajarse canciones o películas no sólo no constituiría delito o ilegalidad alguna sino, al contrario, un derecho que habría que proteger bajo determinadas condiciones.

El segundo  bloque lo constituyen aquellos otros que aún reconociendo que la regulación es necesaria, sostienen  al mismo tiempo, que el acceso a Internet de los ciudadanos debe protegerse, tanto de las decisiones arbitrarias de algunos países, como de la voracidad de las grandes multinacionales de la música o del cine que pretenden restringir los derechos de los ciudadanos, y convertir la red en un gran mercado al servicio de sus intereses económicos. Para este segundo bloque el acceso a la red debe ser puesto en manos de la justicia, que sería la única que podría restringir el acceso en base a un procedimiento judicial con todas las garantías que este conlleva en el territorio de la Unión Europea. Por último, el tercer bloque está representado por aquellos países que entiende que son los Estados –a través de los Parlamentos Nacionales representantes de la voluntad popular– los que deben tener la capacidad para regular el acceso y por ello mismo la competencia para denegar –sin mandamiento judicial– una conexión a la red. Digamos para terminar que entre los países “restrictivos" están Francia o Reino Unido (el último es uno de los impulsores de llamado sistema de los “tres avisos" y Francia impone  fuertes multas a los internautas que descarguen archivos protegidos por la ley).

En cuanto a nuestro país las descargas de archivos son, hasta la fecha, legales, mientras el comportamiento de los jueces es dispar: algunos casos que afectaban a páginas de descarga se han sobreseído y otros, muy similares, se han reabierto.

Volvamos ahora a la norma aprobada por la UE. Cabría pensar que con la decisión tomada se habría puesto fin a este enredo. (Recuérdese a este respecto que las discusiones en torno a la regulación del acceso a Internet estaban bloqueadas desde mayo pasado cuando el Parlamento Europeo introdujo una enmienda que prohibía cualquier corte de conexión a la red sin permiso judicial). Pues bien nada más lejos de la realidad.  La norma parece un intento por contentar a todos. De hecho da vía libre al corte de Internet sin la presencia judicial, pero al tiempo parece compensarlo hablando de que “el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna deberá ser garantizado”, aunque no dice cómo, o apelando a la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Libertades fundamentales cuando habla de que “sólo pueden ser impuestas (las posibles restricciones) sin son apropiadas, proporcionadas o necesarias” aunque tampoco se dice  quién va a ser el que tenga la competencia para interpretar  este galimatías.

Lo que si sabemos es: Francia y Reino Unido tienen libertad para decidir como y cuando restringen el acceso a Internet sin mayores complicaciones. ¿Y el resto de los países? Pues que arreen se nos viene a decir. Y en realidad así será más o menos puesto que los países, aunque  tienen 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones respectivas, tienen también libertad para regular como les parezca mas conveniente. Por tanto no sería nada extraño que dentro de dos años lo que sea delito en Francia sea algo absolutamente normal en Holanda o en España,  salvo que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no lo remedie, cosa bastante dudosa.

Antonio L. Sebastianes es el director de comunicación de CECU Madrid: http://www.cecumadrid.org/
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En los últimos diez años la compra de vivienda nueva destinada al hogar se ha generalizado en España. Aunque son sobradamente conocidas las razones por las cuales una inmensa mayoría de los ciudadanos ha elegido esta opción frente a otras para satisfacer sus necesidades de vivienda, las resumiré brevemente: en primer lugar una cierta laxitud financiera impulsada también por unos precios altos (lo que se llamó la democratización del crédito) que permitió a amplios sectores de la población el acceso a la compra de una vivienda en condiciones no conocidas hasta entonces.

En segundo lugar el apoyo público a la adquisición, materializado en las importantes deducciones que las distintas administraciones han venido aplicando a los compradores y que ha permitido a estos aminorar, en gran medida, los enormes esfuerzos económicos vinculados a la compra de la vivienda.

Y, en tercer lugar, unos intereses excepcionalmente bajos (durante muchos años el interés hipotecario se movió en España entre el 3% y el 4 %). Para completar este panorama añadamos la favorable coyuntura económica por la que atravesaba España en aquellos momentos, con crecimientos de PIB y del empleo que doblaban la media europea. Si quieren ustedes y por completar este círculo, se instaló en nuestro país una especie de filosofía en la que por el mero hecho de tener una “propiedad" o ser “propietario" se adquiría también una suerte de pedigrí social.

Ése es, a grandes rasgos, el escenario sobre el cual creció el boom inmobiliario español –y madrileño– origen de la grave crisis por la que atraviesa ahora el sector. Un escenario que, si me permiten era insostenible, irreal y derrochador. En todo caso desde hace ya algún tiempo parece que la situación evoluciona hacia parámetros más racionales o inteligentes.

El último de estos signos que aventuran, si no un cambio, sí un mayor equilibrio entre la compra y el alquiler en el sector de la vivienda, es la aprobación por parte del Gobierno de nuevas medidas para el fomento del alquiler, y calificadas ya por los medios de comunicación de “desahucio exprés".

Sin entrar ahora en una guerra de calificativos estas medidas vienen a dar más seguridad a los propietarios frente a los morosos. Ya antes se han venido tomando otras medidas que abundan en este sentido, como la eliminación, en el horizonte de 2011, de las ayudas a la compra, o la creación de la Agencia Pública del Alquiler que, según los datos de la propia Agencia ha generado desde su nacimiento más de 11.200 contratos. En todo caso estos datos no pueden ocultar la realidad de que nuestro país está, en lo referente al alquiler, muy por debajo de las cifras europeas, que por poner un ejemplo en algunos países como Alemania están 60 % - 40 % a favor del alquiler.

A nuestro juicio, la vuelta del alquiler es, en alguna medida, el retorno de una cierta racionalidad al mercado inmobiliario, y no porque la compra nos parezca en sí misma absurda, es más, en estos momentos con el precio del dinero en el 1% y con un bajada de los precios en torno al 30 %, la opción de compra es muy aconsejable –con permiso de los bancos– sino porque una inversión tan importante como es la adquisición de una vivienda necesita condiciones y necesidades muy concretas. Para lo demás necesitamos tener un mercado de alquiler del que hemos carecido hasta hora.

Es decir, para que los consumidores descubran las ventajas de un mercado de alquiler competitivo se necesitan  unos precios adecuados y diferenciados con respecto a la compra (tal vez la media de un alquiler de una vivienda tipo no debería superar los 500 €), viviendas de calidad y la introducción, entre otras, de medidas sociales (viviendas de alquiler VPO, por ejemplo). En definitiva necesitamos recobrar el equilibrio, y con ello la racionalidad y la sostenibilidad en el mercado de la vivienda.