Una demanda contra el Ministerio de Cultura sugiere que el Ministerio eludió los controles legales al sustituir la figura jurídica de un contrato por un convenio sin justificar el cambio ni acreditar la solvencia en beneficio de la empresa adjudicataria.
En una reciente investigación que ha generado preocupación, se ha puesto al descubierto que el Ministerio de Cultura estaría supuestamente transformando contratos en convenios con el fin de eludir los controles administrativos establecidos por la ley.
Según los denunciantes, el Ministerio habría firmado un convenio con una empresa que no habría podido ser contratada legalmente si se hubiera seguido el procedimiento habitual de contratación pública.
Alegan que este convenio incluye prestaciones materiales que, a su juicio, son propias de un contrato como —la entrega gratuita de ejemplares al ministerio a cambio de facilitar documentación histórica para su comercialización nacional e internacional —, lo que podría suponer una forma de eludir los controles que exige la ley, como la obligación de que la empresa no tenga deudas pendientes ni haya sido condenada en costas judiciales.
Esta práctica, afirman, podría ser irregular y contravenir el principio de legalidad en la gestión de fondos públicos.
Para mayor abundamiento, se ha revelado que la empresa andorrana, contratante de los servicios del Ministerio, es una empresa deudora en costas judiciales de sentencias firmes en España. Este hecho plantea serias dudas sobre la compatibilidad de su contratación con la Administración, pues la ley prohíbe que empresas en esta situación de insolvencia puedan acceder a contratos públicos.
Además, el apoderado de la sociedad que firma el convenio, Josep Estañol Cornella, es un ex notario de Andorra, cesado por el gobierno andorrano en 2020, según afirma la prensa local del país. Este ex notario aparece involucrado en diversos procesos judiciales también en España, lo que añade un nuevo nivel de preocupación sobre la idoneidad de los intervinientes en este acuerdo.
Ante estas irregularidades, los demandantes han presentado un contencioso administrativo, exigiendo que se depuren responsabilidades por estas presuntas maniobras que afectan la transparencia y la legalidad en el uso de recursos públicos.
Este tipo de prácticas podrían contravenir los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir los principios de buen gobierno en la administración pública española.
